sábado, 27 de febrero de 2016

LA IMPOSIBLE GOBERNANZA ESPAÑOLA


         La crisis económica con la dureza de los recortes y fracturas sociales ha traído una no menor crisis política en el régimen constitucional de la transición, que diseñado para un bipartidismo con mayorías absolutas o minorías apoyadas, tiene que evolucionar a una mayor fragmentación de las fuerzas políticas, que en el momento presente no otorgan la mayoría absoluta a ninguno de los actores en liza, sino que inciden en la necesidad de un pacto entre varias opciones políticas que conformen una mayoría estable de gobierno.
         Sin embargo, ni el sistema ni los líderes políticos estaban preparados para estos nuevos tiempos de obligadas componendas, pues acostumbrados a gobernar con mayorías absolutas de repetición –que neutralizaban anulando la acción de cualquier oposición política, desvirtuando parte de los controles institucionales que han propiciado una generalizada corrupción- ahora se niegan a tener que ceder parte de sus postulados para consensuar un acuerdo de gobierno con sus rivales políticos.
         Y como si se tratara de una liga de futbol se sigue hablando de “ganadores y perdedores” electorales (cuando no sólo no se trata de eso, sino de la necesidad de entenderse democráticamente en función de la representación obtenida). De forma que así resulta sumamente complicado articular una coalición gubernamental e incluso un simple acuerdo de investidura, pues no hay cultura del pacto (que se abandonó cuando concluyó el proceso constitucional de la transición política que hizo posible el nuevo régimen democrático).
         Tal falta de talante democrático se ha puesto de relieve por la mayoría de los principales líderes políticos, desde el que pretende pasar desde la desconsideración del rival (de cuando disfrutaba de sus mayorías absolutas) a que estos le faciliten la investidura sin más, a los que de inicio establecen infranqueables “líneas rojas” (cerrándose imprudentemente ámbitos de negociación posible, salvo que no se deseara acuerdo alguno), a situaciones de encorsetamiento forzado por el propio partido que cuestiona la capacidad negociadora de su hipotético líder. ¡Realmente kafkiano…!.
         Así las cosas, transcurridos más de dos meses desde los comicios, seguimos en una monótona discusión escasamente edificante que nos va a abocar a nuevos comicios (que las encuestas no muestran muy clarificadores en cuanto a un posible desbloqueo de la situación actual).
         A todo esto, seguimos con la fuerte crisis territorial abierta por Cataluña, que ha iniciado el camino hacia un incierto proceso independentista sin que desde el Estado español se hagan más que  asertos de firmeza españolista, tras lo cual, cada cual a lo suyo…
         Y por si todo esto fuera poco, los acreedores de la ingente deuda pública española (indecentemente incrementada por el monumental “pufo bancario” –que aunque se nos aseguró que nunca pagaría el Estado, esto ha sido parte de ese gran engaño político-), reivindican estabilidad amenazando con un posible resurgimiento de la crisis económica española si no se sigue cumpliendo el plan de ruta que asegure sus puntuales cobros de la deuda.
         Consecuentemente, parecería que lo responsable sería la formación de un gobierno de consenso, como solución de Estado ante la doble crisis española (económica y política) para salvar la coyuntura y disponer al país a realizar las reformas necesarias para superar ambas crisis. Lo cual, habría de llevar a los principales líderes políticos a pactar un acuerdo de mínimos para la investidura de un gobierno cuanto antes.
         Si bien hasta el momento, sólo tenemos el exiguo resultado de un pacto PSOE-C´s, que sólo satisface posiciones centristas, pues ni la derecha (PP) ni la izquierda (PODEMOS e IU) se sienten llamados a unirse a ese pacto, cuando de lo que se trata no es de buscar coincidencias programáticas sino un mínimo común denominador programático que avalara un tránsito gubernamental a corto o medio plazo, que pudiera dar una clara respuesta a los dos grandes retos (secesión catalana y crisis económica). No hacerlo ahondaría la doble crisis, dando pie a oportunismos irresponsables y desleales nunca ausentes de las crisis del Estado, amen que sería aplazar la situación varios meses, pues no se atisban cambios electorales sustanciales.
         Tal cosa no exime a los tradicionales pilares del bipartidismo español (PP y PSOE) a que hagan su propia catarsis interna (pues afectados de casos de corrupción, aunque de diverso modo) han propiciado con su complicidades mutuas la apreciación ciudadana de una clamorosa inoperancia que han traído de las urnas nuevos actores (PODEMOS y CIUDADANOS) como novedades alternativas desde la izquierda y derecha, respectivamente, de sus viejos representantes, cuyos modelos políticos, sociales y económicos caen a diestra y siniestra de diverso modo poco conciliables, en circunstancias ordinarias. Si bien en situaciones extraordinarias, el bien común demanda una respuesta de consenso en aquello que lo urge, para seguidamente demandar de la ciudadanía los apoyos a proyectos claros que mantengan su fidelidad al votante, como no se ha hecho habitualmente con anterioridad.

         Parecería obvio que de no hacerse así las urnas penalizarían tales actitudes, aunque eso sea mucho aventurar en un país en el que tras numerosos casos de corrupción afectando al partido gubernamental, siga obteniendo el mayor apoyo electoral de entre todos los actores. Algo digno de un profundo análisis, que a lo mejor hace bueno el dicho aquel de que “¡España es diferente…!”.

domingo, 7 de febrero de 2016

VALORES DEMOCRÁTICOS ANTE UNA COMPLEJA INVESTIDURA


               
Camino del segundo mes tras las elecciones generales, seguimos sin un claro candidato para presidir el gobierno de España y en este tránsito se empiezan a evidenciar ciertos déficits democráticos de nuestra clase política, poco acostumbrada al diálogo político habitual, al estar acostumbrada al turno de partido de un sistema bipartidista –que sin estar superado, aparenta caduco-.
            En efecto, tras el episodio histórico de la transición política española en que los actores políticos de aquel momento antepusieron el interés común de los españoles al propio de cada formación política, acaso por el ansia de lograr una vuelta a la normalización democrática tras un cruento conflicto civil y cuarenta años de dictadura, apenas se ha practicado el famoso “consenso” con posterioridad, más allá de puntuales entendimientos entre los dos grandes partidos del sistema y el tácito consenso de unas prácticas  toleradas de compatibilidad público privada poco saneadas que han traído no pocos escándalos de corrupción política y confusión entre lo público y lo privado.
            En España hemos estado acostumbrados a gobiernos de mayorías absolutas en los que el partido gobernante ha ido progresivamente neutralizando los frenos y contrapesos de los distintos poderes del Estado hasta hacer prácticamente ineficaz la clásica división de poderes de los modernos Estados, según la formulación de Montesquieu. Y consecuentemente, el poder absoluto se ha ejercido con formas absolutistas, pasando el rodillo mayoritario por las minorías, salvo cuando se ha necesitado de alguna de estas (casualmente procedentes de los nacionalismos catalán y vasco) ante las que se ha claudicado en generosas concesiones  autonómicas –a cambio de su apoyo parlamentario-, que han propiciado el progresivo desmembramiento del Estado y el agravamiento de la cuestión territorial ante la negativa a seguir cesiones inasumibles.
            Así la sociedad española ha estado tradicionalmente dividida en un simbólico eje de derechas e izquierdas, representados  mayoritariamente por el PP y el PSOE, junto los nacionalismos catalán y vasco en los respectivos territorios. Emulándose así el sistema de “turno político” de la caducada restauración canovista, en la que se han mostrado relativamente acomodados PP y PSOE.
            Pero ha bastado la crudeza de la crisis económica de los últimos años, con los ajustes económicos al borde del colapso económico,  que tanto daño han hecho al tejido social, aunque hayan ayudado a cuadrar las cuentas públicas (en las que impúdica e injustamente se han incluido cuantiosas pérdidas económicas de las cajas de ahorros quebradas en manos de políticos del sistema) y la proliferación de casos de corrupción política, para que el cuerpo electoral haya despertado de su idílico letargo, apareciendo dos nuevas fuerzas políticas (a derechas e izquierdas, respectivamente), en la formulación de dos nuevos partidos políticos (CIUDADANOS y PODEMOS) que han esbozado la bandera de la regeneración pública ante la profusión de la corrupción política y el incremento de la brecha social por una crisis económica de la que no se acaba de salir. Por lo cual, la fragmentación del voto ha sido palpable, pasando de dos fuerzas políticas hegemónicas a las actuales cuatro (PP, C´S, PSOE y PODEMOS), siendo las demás meramente testimoniales, aunque por el reparto de votos y logro de escaños todas pueden llegar a contar en la configuración de cualquier opción de mayoría de gobierno.
            Sin embargo ante esta nueva situación, la respuesta de los principales actores políticos no ha estado a la altura de las circunstancias, como tampoco pudiera decirse que lo haya estado a un nivel de mínima responsabilidad política y democrática, pues los descartes de inicio, el señalamiento de “líneas rojas”, vetos y demás postureo político no parece que sea muy responsable ni muy sensato si de lograr acuerdos se trataba. Como tampoco lo ha sido quien ha descrito esta situación de forma alarmante, casi caótica, pues en una democracia caben también estas situaciones de difícil configuración de mayorías, por dispersión legítima del voto. Lo que lleva a la necesidad de entenderse para configurar un gobierno, que no ha de suponer que se imponga ningún programa político concreto, como tampoco empezar a poner condiciones inasumibles para romper arteramente la negociación.
            Tampoco ha ayudado mucho la argucia de los más votados, denominándose ganadores de las elecciones, puesto que aunque numéricamente lo sean, no es así en cuanto al objetivo de gobierno, ya que el sistema parlamentario de gobierno supone el voto para logro de escaños en las Cámaras legislativas, entre ellas el Congreso, del que ha de salir una mayoría de gobierno, que no ostentando la mayoría absoluta se puede conformar por la suma de fuerzas distintas a la más votada, lo cual es legítimo en este sistema de gobierno.  Pues postular pactos o reformas legales para que gobierne la lista más votada sería tanto como pervertir la naturaleza del sistema parlamentario de gobierno. Cuestión diferente es que se apueste por un cambio a un sistema presidencialista (en el que gana la lista más votada –en mayoría simple- , a doble vuelta). Pero esto es un sistema diferente, algo que es el abc de la teoría política, y que no debe de usarse pérfidamente para confundir a la ciudadanía.
            Por tanto, en ausencia de valores democráticos palpables en esta difícil configuración de gobierno, constatamos el déficit democrático en nuestro país, donde se ha gobernado abusando de las mayorías absolutas de espaldas a las minorías contribuyendo al deterioro político y dando lugar a posicionamientos inviables a la vez que poco democráticos y poco sensatos para la estabilidad política y social, aludiendo a la célebre manifestación de “… o yo, o el caos..” para seguidamente solicitar del contrario la generosidad y la responsabilidad de Estado de la que se muestra incapaz.

            Hace falta, pues, más prudencia, respeto por el adversario y por el país, más acercamientos, diálogo y negociación con mentalidad de consenso. En definitiva, valores democráticos, la prepotencia, la verdad absoluta y el trágala, son tics autoritarios y por ello poco democráticos.