INQUIETANTE PETICIÓN DE LA CASA REAL

                

           

             La reciente alusión del Jefe de la Casa Real española, Rafael Spottorno, en relación con que se concluya ya el martirio de la instrucción del caso Noos, en alusión a la investigación judicial que se lleva a cabo por un Juez de Palma de Mallorca sobre posibles irregularidades negociales del yerno real y la Infanta Cristina, resuenan con inquietud en el sentido de apreciar un “apremiante aviso real” al benemérito juez instructor.

                En el común sentir de cualquier afectado por una investigación judicial se puede entender el ansia de pasar página sobre tan desagradable evento. Pero en el caso que nos ocupa, que el máximo representante de la Casa Real que representa la Jefatura del Estado haga público ese tipo de deseos, a diferencia del común, representa una inquietante posición frente a lo que supone y ha de suponer la independencia judicial en España, y que realmente la ley sea idéntica para todos los españoles, cualquiera que sea su coloración sanguínea.

                Quizá hubiera sido más acertado, o callar sobre el tema, o si de referirlo se trataba, apelar a una pronto esclarecimiento y depuración de responsabilidades –en el caso que las hubiere-. Sin embargo, al no hacerse con ese detalle de obligada delicadeza respetuosa con la necesaria imparcialidad judicial, refleja cierto nerviosismo por una cuestión que puede estar desgastando la credibilidad de la institución monárquica, a la que contribuiría decisivamente cualquier tipo de cierre en falso, o precipitación de esta investigación judicial. Pues supondría la constatación de la falta de independencia judicial, y la quiebra constitucional del “Estado de Derecho”.

                Por consiguiente, ¿qué pretende Spottorno con este tipo de declaraciones?, y sobre todo, ¿qué quiere la Casa Real: qué pase de ellos este “cáliz”?. ¡Imposible sin una razonable y profunda explicación!. Y si ha de conllevar consecuencias jurídico-penales, entraría dentro de la asunción de las responsabilidades que cualquier ciudadano que conculcara la ley habría de tener que soportar.

                Y si se tiene prisa, uno de los caminos es contar al juez toda la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad, y en esto, no parece que los afectados hayan obrado abiertamente con la verdad por delante, a tenor de lo que se ha ido conociendo en los medios de comunicación.

                Pero estos deseos públicos, si además los unimos a los incomprensibles informes de los peritos de hacienda (sobre los que han mostrado su perplejidad hasta la Asociación Profesional de Técnicos de Hacienda), en el sentido de mantener una insólita interpretación que favorece a Urdangarín, y de la propia posición del mismo Fiscal, que no ve ilícito penal, frente al minucioso trabajo del solitario Juez, hace que la inquietud llegue a cualquier ciudadano cabal, que vuelve a sentirse súbdito.