LA CRISIS HISPANO-ARGENTINA

La actuación del Gobierno argentino privatizando gran parte del accionariado de REPSOL en YPF –sin tocar las acciones de otras empresas no españolas-, en las condiciones que se ha dado, ha generado una crisis política entre ambas naciones, que ni a España ni a Argentina le convienen, por las tradicionales e históricas buenas relaciones hispano-argentinas, y por los intereses mutuos en liza.

Ciertamente que la actuación del ejecutivo argentino ha sido inamistosa, inadecuada, y posiblemente ilegal; como también la escalada verbal de miembros del ejecutivo español, quizá tampoco haya sido lo deseable desde el punto de vista diplomático –aunque se puedan entender las razones de defensa de la petrolera española-, pues más allá de esos intereses que son netamente privados, el Gobierno de España ha de proveer por los intereses públicos del interés general, que afecta al común de la ciudadanía española, una parte de la cual tiene lazos personales con el país austral, como también importantes empresas españolas mantienen un alto nivel de negocios e inversión allí.

Aunque lo hecho; hecho está. Y lo dicho; dicho está. Si bien, como de todo, conviene sacar conclusiones, para no volver a repetirlo. Pues está claro que los intereses dividen a las personas, por grande que sea su relación, por lo que habrá que entender las razones de unos y otros, y de resolver en equidad el litigio suscitado, mediante una adecuada indemnización a la empresa expropiada, por la vía del pago del justiprecio de las acciones nacionalizadas.

Pero al propio tiempo, España ha de sacar la conclusión de que en el terreno internacional, los intereses también separan a los socios, pues de la UE parece que el Gobierno español esperaba una respuesta más solidaria y contundente de la que se ha recibido. Y de los EEUU igualmente, ya que al no verse afectados su intereses directos, se han puesto de perfil. ¿Alguien esperaba otra actuación?.

Y de otra parte, se viene percibiendo un progresivo enfriamiento de las relaciones bilaterales con algunos países del área iberoamericana –que siempre ha sido de trato preferente para España-, como es el caso tradicionalmente de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y ahora Argentina. Tal hecho pone de manifiesto un descuido de la diplomacia española, o mejor dicho, un error en la política exterior propia, que  de una parte, se ha volcado excesivamente en una UE –que en la dificultad abandona a sus socios-, y de otra, en unos vaivenes atlantistas que tampoco conforman mucho a EEUU, y se ha ido alejando de potenciar las relaciones iberoamericanas –con el fin de desarrollar aquella idea de emular la Commomwealth británica-, si bien con el respeto a la soberanía e idiosincrasia de países que en otro tiempo fueron también tierra española –aunque evitando cualquier sesgo neocolonialista-, otorgándose un status paritario y de respeto, sea cual sea el régimen o gobierno que haya en cada momento en cada país.

Todo ello ha de ser fruto de una apuesta política de consenso en España, redefiniendo su política exterior en la zona, y de laborar humilde y continuamente de la mano de los gobiernos de la zona; pues los fracasos de las últimas cumbres iberoamericanas han ido revelando la sintomatología de una patología de base, que parte de la reacción de los gobiernos populistas del área ante lo que interpretan o presentan como la “arrogancia de la metrópoli”. Por lo cual, no debería caerse en el error de entrar a la provocación de este incidente, más allá de la manifestación del malestar, y de su reconducción a las instancias internacionales del Derecho Internacional Privado si no hubiera una satisfactoria indemnización. Evitando así en “tirar por la borda” el trabajo diplomático de años, y la tradicional buena relación entre ambos pueblos.

Y sobre todo, retomar con mayor audacia y pragmatismo las relaciones diplomáticas que normalicen y faciliten un mayor acercamiento del que se tiene con estos países hermanos, ya que nos une mucho más que lo que nos separa.

            

Los presupuestos de la “discordia”

Los presupuestos generales del Estado se han presentado finalmente, con varios meses de demora respecto de lo habitual, y con una expectación no menor dada la complicada situación económica actual, que trata de atajarse a base de recortes de gastos, más o menos prescindibles.

Realmente la situación de la economía española se encuentra en grave compromiso por el alto nivel de endeudamiento público y privado, y por el enorme índice de desempleo que acompaña a la destrucción del habitual tejido económico. Por consiguiente, una de las medidas razonables que se aconsejan por los técnicos es la reducción del gasto, del endeudamiento público y privado, que evite lastrar la economía, especialmente por las graves dificultades de poder superar los efectos de una crisis que no siendo autóctona, sin embargo sus efectos en España apenas tienen parangón –por las circunstancias estructurales y coyunturales de la economía española.

Por tanto, así las cosas, parece que el remedio es obligado: recorte presupuestario y contención de gasto. Aunque ello, conlleva también sus consecuencias, pues no hay actuación neutra en el mundo económico. Pero realmente, es casi la única solución, o al menos la más viable, si también es prudente y ponderada, pues las otras alternativas son peores.

En consecuencia, descartadas otras alternativas por sus perniciosos efectos, el rumbo parece claro en orden a un drástico recorte de los gastos, en particular de los públicos. Por lo que no se entiende bien la posición de algunas posiciones políticas –naturalmente respetables, pero no compartibles- que cuestionan la necesidad del drástico recorte, pues aparenta más demagogia que responsabilidad y proyecto alterntativo.

Cuestión distinta es la concreción de las partidas del recorte y sus cuantías. Pues realmente el recorte en unas determinadas políticas públicas tiene unos efectos diversos, según se trate de unas u otras políticas. Aquí, según las sensibilidades se apunta en unos casos a mantener los servicios sociales, la educación y la sanidad pública, e incluso se habla “con sordina” de respetar el Estado del Bienestar, pero con escasa convicción casi general. De otra parte están los que consideran que esos gastos son insostenibles en nuestro actual Estado y apuntan por una reducción del mismo.

Aunque esa cuestión es merecedora de un debate público, e incluso de un referéndum para que se decida públicamente sobre la opción social del Estado o no, más allá del nominalismo constitucional.

Pero la otra cuestión –no menor- viene dada por la compleja distribución territorial del poder, derivado del Estado de las Autonomías que ha implantado en la realidad un pseudofederalismo un tanto anárquico  con réplicas de estamentos político-burocráticos de gran coste económico y escasa operatividad dificultando en gran medida la aplicación de políticas de Estado. Por lo cual, la aplicación de los recortes presupuestarios en niveles territoriales va a conllevar una dificultad añadida. Además que las autonomías deberían de ser más solidarias con el objetivo económico de Estado, debiendo de presentar un riguroso proyecto de redimensionamiento de la burocracia autonómica, con la consiguiente reducción de órganos políticos autonómicos cuyo finalidad suele ser claramente prescindible (Consejos  Autonómicos varios, Defensores del Pueblo autonómicos, etc.), y la pretendida supresión de Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares.

Probablemente estos presupuestos, como las medidas de recorte apuntadas y otras de parecida configuración, no gusten a nadie, pues conllevan sacrificio, e incluso un alto nivel de sufrimiento, pero se antojan necesarias para la superación de la crisis, en la decidida acción de revitalizar la economía del país, quitándole la pesada lápida que le comprime y le impide un normal desarrollo, que evidencia un progresivo alejamiento del primer mundo en modo extremadamente preocupante, con el consiguiente crecimiento de la pobreza, el desempleo, y la crónica inestabilidad económica y social. Gran retroceso respecto de los avances que se habían conseguido.

Por todo ello, echamos en falta mayores niveles de concordia entre las fuerzas políticas ante el planteamiento de este tipo de presupuestos de crisis. Algo que ayudaría bastante a que todo el país trabajara concentrado en el objetivo prioritario de superar la crisis.