viernes, 31 de enero de 2014

EL “PP O LA NADA”: LLAMADA DE ARREBATO DE COSPEDAL


                La Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal, ha dicho que en la situación actual sólo cabe el PP o la nada, en alusión a que cualquier solución a la crisis española actual pasa por ellos, de forma invariable y casi apocalíptica, que recuerdo los avisos de los “salvapatrias” cuando afirman que la alternativa es “o ellos, o el caos”.
                Afirmaciones de este tipo traen a la memoria la trágica afirmación sartriana del “ser y la nada”, en lo que supone la aparición de la “angustia sartriana” de porte existencialista, que a otro nivel –y acaso parangonándola- Cospedal trata de transmitir a la sociedad una angustiosa disyuntiva “o el PP o la nada”. Dilema, que pese a su dramática apelación, en absoluto es cierto, y por consiguiente supone la transmisión de tensión a la ciudadanía, para acaparar la atención en unos momentos en que el PP da signos de agotamiento ideológico y de rupturas internas, que están dando lugar a la emergencia de nuevas opciones políticas de derechas en España, como es el proyecto de Ortega Lara (VOX), que les retiraría la exclusiva de la representación política de derechas, a la que no parece hayan atendido convenientemente.
                Por tanto, en ese contexto de ruptura interna y probable pérdida de la mayoría absoluta, se ha de entender el agónico mensaje de la líder popular (“o el PP o la nada”), pues la aparición de VOX, y la probable extensión a todo el Estado del Movimiento Ciudadano con el Partido Ciudadanos de Albert Rivera, hace que gran parte del electorado de centro y derecha –que venía votando al PP- se empiece a diversificar entre esas tres opciones, ante una gestión de gobierno del PP bastante cuestionable, no sólo en los planteamientos electorales olvidados, sino también en una indefinición de la defensa del modelo territorial del Estado más vertebrado con freno contundente al nacionalismo secesionista, una contradictoria política terrorista –respecto de lo que venían diciendo en la oposición-, y unas aventuras privatizadoras de servicios públicos esenciales (educación y sanidad) que la sociedad y los profesionales afectados no llegan a entender y menos compartir como supuesta panacea de los problemas económicos de sostenibilidad de los mismos, en lo que supone un claro cercenamiento del Estado Social.
                En ese panorama, la gran clase media española se ve paulatinamente atacada y depauperada, sin que la economía progrese más que para los grandes capitales y las finanzas especulativas (como siempre, y especialmente en cualquier crisis, pues a “río revuelto….”). Y por consiguiente, parece que esa clase media menguante empieza a tomar conciencia de movilización, y en consecuencia a tomar posiciones más activas –ante su tradicional pasividad- optando por otras opciones políticas que le aseguren la estabilidad que el PP no parece asegurarle en el orden práctico.
                Consecuente con todo ello, ha sido la marcha de importantes y significativos dirigentes del PP como Alejo Vidal Cuadras, o Santi Abascal, o el plante de Mayor Oreja  (en tono más ambiguo), los desplantes públicos de Aznar y la ausencia de estos últimos de la Convención de Valladolid, en lo que recuerda viejos episodios de intrigas internas de la extinta UCD en el poder.
                Y si todo ello, lo unimos a una contumaz crisis económica –que aunque apunte un cambio de tendencia- aún persiste con la gravedad y el drama de un paro próximo al 30%, y a un 25% de economía sumergida, con pérdida de renta de la mayoría de los que conservan su puesto de trabajo; no parece que sea muy adecuado, ni honrado “lanzar las campanas al vuelo” anunciando la superación de la crisis económica, con fines marcadamente electoralistas para “coger oxígeno” y salvar el bache.

                De manera que lamentablemente, concluimos que mientras la “gaviota pelecha”, el PSOE hiberna como los osos en invierno –y todo lo deja pendiente a las primarias de otoño-. ¡Realmente es preocupante….!. 

sábado, 18 de enero de 2014

¿REALMENTE SOMOS IGUALES ANTE LA LEY?

       

           El artículo 14 de la Constitución española, de la que tanto han alardeado nuestros “hombres públicos” dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” Sin embargo, la realidad diaria es tozuda en contradecir tan solemne como justa afirmación constitucional, que  la deja en “papel mojado”.
                Y si no que le pregunten a algunos jueces o exjueces –por haber sido defenestrados- tras intentar hacer justicia con algunos de los “grandes de España” –dicho esto, no en términos estrictos, sino analógicos, y extensibles a la oligarquía política, financiera y aún aristocrática del país-. Así les fue a Gómez de Liaño, Garzón, y en la actualidad al juez Silva, amén de otros gestos no menos arteros, que han conllevado el apartamiento de otros jueces de causas e investigaciones significativas en las que se traslucían altos intereses políticos, o económicos.
                De donde se podría inferir que la normalidad democrática y judicial es para los ciudadanos normales, de ordinario, no siendo el caso de aquellos que tienen unas características extraordinarias de poder político o económico.
                Así hemos asistido al bochornoso espectáculo, durante años –y bajo un gobierno socialista, no especialmente cambiado por su relevo-,  de una economía especulativamente dislocada, entregada a la codicia del beneficio “caiga quien caiga”, de unas finanzas desbridadas, sin control de los órganos reguladores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores) ni del Gobierno, que ha conllevado la quiebra técnica de numerosas entidades de crédito (especialmente Cajas de Ahorros y pequeños bancos) parasitados hasta la extenuación por grupos de influencia que los interferían, o incluso se hicieron con su gestión, con un elevadísimo costo de rescate –que computa como deuda pública-, sin que hasta este momento apenas nadie se verifique como responsable de nada. ¡Ni siquiera en el terreno político…!. Por más bazofia que emerge a través de la prensa libre, que en cualquier país realmente democrático y de derecho, conllevaría el ostracismo político de un importante contingente de nuestra clase política dirigente, y el incuestionable encausamiento de los responsables directos (órganos gestores) e indirectos (órganos reguladores) hasta depurar las posibles responsabilidades legales que les pudiera conllevar.
                Sin embargo, la realidad nos muestra que políticamente no hay ninguna medida de inmediato efecto ejemplarizante, en este ámbito, y en el ámbito judicial apenas hay progresos (iniciando una maraña procesal interminable, para que todo se “evapore en la noche de los tiempos”), y en contradicción, al juez que dispuso la prisión provisional para uno de estos presuntos responsables – de forma acertada o desacertada, según interpretación jurídica- se encuentra sujeto a expediente disciplinario con elevadísima posibilidad de expulsión de la carrera judicial.
                En otro orden de cosas, que afectan al análisis de lo comentado, nos encontramos con el caso Noos, y la simple imputación de la Infanta Cristina por el juez Castro, ante lo que el Fiscal (ministerio público, cuya misión fundamental es la persecución del delito, ejercitando la acusación pública y la investigación) resulta que muestra una aparente actitud defensiva hacia la Infanta, que en algún momento llega a superar la de su propia defensa, y además superando a ésta llega a polemizar con el juez instructor de forma burda e inadecuada en pleno proceso. Y ello por el simple hecho de pedirle explicaciones a la Infanta sobre aparentes irregularidades del “negocio familiar” (pues tal aparenta) o de su esposo, en que ella apenas figuraría. Lo cual, además de generar una negra sombra de sospecha de interferencias en la acción de la justicia, ha llevado a hacer enrojecedoras piruetas procesales como la famosa “desimputación” antes de declarar, para volverla a imputar. ¡Y eso, que siempre se ha dicho que preguntar no ofende!. Además de las gratuitas críticas que le están cayendo al juez Castro por parte de sectores de prensa y políticos “cortesanos”, pese al extraordinario trabajo y explicación de más de doscientos folios del juez instructor.
                Y todo ello, so pretexto que la Infanta no entendía, no sabía, creía ciegamente a su esposo (a quien por cierto, de forma indirecta, dejan a “los pies de los caballos”). Pero al mismo tiempo, el discurso forense e incluso de cierta prensa, cambia radicalmente cuando se trata de valorar la actuación de entidades financieras en el caso de las “preferentes” a jubilados, ancianos, y personas indocumentadas y de escasa instrucción financiera y general, a las que atribuyen conocimiento pleno de lo que estaban contratando, pues sabían lo que hacían.

                Consecuentemente, tras estas sencillas reflexiones, comprendan que a uno le cueste creer verdaderamente en que la legalidad constitucional se verifique plenamente en nuestro país. ¿Quién cree que somos todos iguales ante la ley?. ¡Grave síntoma en una sociedad moderna que se considera democrática, libre y homologable internacionalmente!. Como también es preocupante para el mantenimiento de la legitimidad institucional.

miércoles, 15 de enero de 2014

INDICIOS DE DESMEMBRACIÓN DE LA DERECHA ESPAÑOLA

            

            La aparición pública del Partido VOX promovido por significados disidentes del PP, entre los que se encuentran Santiago Abascal, Ortega Lara –de forma explícita- y Vidal Cuadras –de forma implícita-, junto con importantes líderes de las asociaciones de víctimas del terrorismo, y el conocido político liberal de la UCD, Ignacio Camuñas, están ahormando esta formación política con la intención de recoger a un considerable sector de la derecha sociológica española descontentos con el actual gobierno de Rajoy.
            Ciertamente no es frecuente que haya desmembración de un partido cuando ostenta el poder, y mucho menos cuando lo ejerce con mayoría absoluta, como actualmente es el caso del PP, pero errores políticos de bulto en la agenda política del presidente Rajoy están llevando a un general descontento, entre la población –motivado por los recortes sociales ante la crisis económica, y el sesgo ideológico con el que se ha acometido su afrontamiento por el gobierno de Rajoy-, y en especial entre los votantes del PP en temas tan sensibles como el aborto, la política antiterrorista, la cuestión territorial del Estado (unidad de España), e incluso también los casos de corrupción con particular referencia a los casos Gurtel, Bárcenas y Bankia.
            Por ello, no es de extrañar que ante tanta tensión y elasticidad de las costuras acaben en indeseadas rupturas, pues en democracia se trata de aunar voluntades para hacer efectiva una determinada política sobre la base una previa ideología, por lo que la unión hace la fuerza, en lo que se refiere al logro electoral. Si bien, tal unión aunque no pueda pretenderse la identidad, sí al menos ha de hacer planteamientos compatibles con su confesa ideología que es la que le ha llevado a conseguir el apoyo electoral de la ciudadanía, a la que no se puede, ni se debe engañar, y menos aún a la propia militancia –por satisfecha que se encuentre en el reparto del “botín electoral”-, pues cualquier persona para sentirse tal y ejercer su legítima ciudadanía ha de construir su propio discurso vital, y conformar un guion existencial conforme a ello, que no puede abandonar ante las primeras dificultades, como parece haberlo hecho el PP.
            Algo que sabe muy bien Aznar, cuyo principal mérito político, a mi entender, fue el poder unificar y lograr un discurso ideológico coherente con sus consecuentes políticas que sirviera para la derecha y el centro derecha del espectro político nacional, lo que le supuso el logro de la victoria electoral frente a un PSOE instalado en el poder cerca de una quincena de años, con un líder como Felipe González, que pese a su declive político había ejercido un liderazgo casi carismático en la España de los ochenta.
            Por tanto, cualquier desmembración supone restar votos (el camino inverso al que se ha de seguir si se quiere ganar las elecciones en España, que tradicionalmente se han ganado por el centro), y en la situación actual, ni el PP con una mayoría absoluta en fase descendente –según las encuestas-, no parece que le sobre tanta fuerza como parece estar dispuesto a dilapidar la torpeza política de Rajoy y los sucesos de corrupción que ensombrecen el proyecto político que representa.
            Así un partido de derechas en España (y el PP lo es), podría suponer fácilmente que ciertas políticas que abordan sus pilares ideológicos son inabordables, pues como mínimo se iban a malinterpretar. Tal ha sido la asunción de la excarcelación de presos de ETA en lo que aparenta un guion pactado (entre bambalinas) como supuesta política de Estado, que supondría la asunción del supuesto proceso de paz iniciado por el Gobierno socialista de ZP; y por consiguiente, el tener que desdecirse de gran parte de la crítica política con que la oposición del PP entonces espetó al Gobierno de Zapatero, y hacer “malabarismos políticos” para no disgustar a las víctimas del terrorismo y a numerosos sectores de sus votantes naturales, a los que hoy por hoy, no han parecido convencer, dados los abandonos de Maria San Gil, Ortega Lara y Santiago Abascal, entre otros.
            Si todo esto fuera poco, la unidad de España cuestionada, tanto en Cataluña, como en el País Vasco, con escasa y débil respuesta gubernamental; además la cuestión lingüística asumida ambiguamente según la disposición de los barones autóctonos sobre el tema, que hacen incoherente la defensa estatal de la lengua española que se hace desde el PP nacional.
            Por otra parte, la cuestión del aborto es otra de las cuestiones en que el PP pretendía mostrarse como garante del tradicional orden moral, aparentando asumir las proyectivas de la jerarquía eclesiástica, para conformar a su electorado católico más tradicionalista y a los movimientos próvida, que pronto se han visto defraudados cuando tras dos años de legislatura el Ministro de Justicia presenta un proyecto más restrictivo de ley de aborto que la vigente ley socialista, que nuevamente “rompe las costuras” internas tejidas por el PP con su base electoral, y pone de manifiesto las contradicciones internas entre grupos ideológicos distintos que apenas llegan a converger en la política económica neoliberal de desregulación, privatización de servicios públicos, y sumisión al ídolo del mercado.

            Con esos mimbres se han ido generando internas desafecciones, y ello ha motivado la emergencia de nuevas alternativas –sobre sensibilidades no bien atendidas- que pueden generar la fragmentación del voto de la derecha y del centro derecha, que tendrían que alertar a sus dirigentes sobre la pérdida de poder, y sobre todo la potencial pérdida de un extraordinario logro histórico de reunificación política de la derecha sociológica.

lunes, 6 de enero de 2014

LA AFRENTA DE DURANGO


El acto de los exconvictos etarras en Durango, que en número de más de medio centenar, exponían unas reivindicaciones al Estado sobre su pretensión secesionista de Euskadi, es un escarnio público hacia la ciudadanía española, y especialmente hacia las víctimas que en más de un millar han sido asesinados por el mero hecho de estar en los objetivos terroristas del de la banda secesionista vasca.
Además es un acto público que pocas sociedades hubieran consentido, por lo que representa de repulsión moral de que unos asesinos –prematuramente liberados, y dignamente tratados por el Estado que consideran su opresor- vayan a reivindicar ningún objetivo político, ni proponer ningún tipo de alternativa a la vida común española (incluida la vasca) que tanto han contribuido a destruir con el odio, el fanatismo, la intolerancia y la práctica del crimen.
Sin embargo, nuestra sociedad española muestra que tiene un aguante público incomparablemente superior a lo que se podría esperar, y en la trayectoria de ambigüedad y relatividad, que le lleva desnortada a ignorar el bien del mal, a desconocer el bien común y el interés general, se va progresivamente desposeyendo de sus propias defensas como Estado, al tiempo que pierde el discurso y el rumbo como Nación española, cuyo vacío es ocupado por cualquier tipo de grupo que plantea alternativas secesionistas por doquier (catalana, vasca, gallega, etc.) que van llevando una deriva colectiva de desencuentro, confusión, olvido del pasado común y pérdida de horizonte colectivo de futuro.
Así, en esta cuestión, la comparecencia de los etarras exconvictos en Durango días pasados no deja de ser una nueva afrenta al Estado español, alineándose en la senda del secesionismo catalán, pronto se encaminará el secesionismo vasco, que con el fracaso de su lucha armada de décadas de muerte y terror de más de un millar de inocentes, se han percatado que el camino más inmediato  para sus propósitos es hacer causa común con el independentismo catalán que de forma pacífica está poniendo en un serio brete al Estado, por la propia debilidad de este.
En esto, no debemos de olvidar que la aparente tregua etarra está en un contexto de acercamiento y diálogo con el Estado –asumido por los distintos gobiernos españoles-, en cuyo disimulo y ambigüedad ni ETA ha entregado las armas, ni ha renunciado a sus objetivos, únicamente ha dejado de matar (precisamente cuando estaba colapsada por los éxitos policiales), pero parece que el precio de ese supuesto armisticio ha venido de la mano de que el Estado asuma una progresiva excarcelación de presos y una incorporación del mundo abertzale a las Instituciones políticas vascas, trasladando el planteamiento terrorista –militar, al plano político-secesionista.
Y ese desplazamiento de la estrategia etarra, parece que cuenta con cierto grado de aceptación del Estado, contando con la pírrica victoria de evitar nuevos asesinatos (que no es poco), pero precisamente cuando se tenía contra las cuerdas a la banda etarra desde posiciones policiales. Por consiguiente, no estaríamos ante una victoria policial del Estado, sino más bien ante una especie de armisticio con subsiguiente entente político que asume el cambio de estrategia abertzale desde la práctica terrorista a una práctica política secesionista, de confrontación y disolución, que se da la mano con el secesionismo catalán y entre ambos ponen en un difícil dilema la continuidad del propio Estado español, su estabilidad, su proyección de futuro y su fiabilidad como colectivo (político, empresarial, laboral, y miembro de la UE), incapaz de articularse internamente para hacer frente a los problemas internos y externos que tiene planteados en esta primera parte del S. XXI.
Por consiguiente, que nadie se extrañe de la “afrenta de Durango”, forma parte de un largo guión que no ha hecho más que empezar, y donde internamente los políticos españoles se “reparten los papeles” (desde la ambigüedad al calculado reproche) antes que explicar que estas son las consecuencias de un disimulado proceso de paz, que mientras se negaba con una mano, se recibía con la otra.
Y desde luego, esto forma parte de una larga agenda política de confrontación secesionista, cuyo desarrollo comienza ahora, que irá en aumento, especialmente si se alía estratégicamente con el secesionismo catalán. El fin es el mismo, la ruptura de España.

Ahora bien, ¿España va a contemplar su ruina sin mover un dedo?.

domingo, 5 de enero de 2014

INQUIETANTE PETICIÓN DE LA CASA REAL

                
           
             La reciente alusión del Jefe de la Casa Real española, Rafael Spottorno, en relación con que se concluya ya el martirio de la instrucción del caso Noos, en alusión a la investigación judicial que se lleva a cabo por un Juez de Palma de Mallorca sobre posibles irregularidades negociales del yerno real y la Infanta Cristina, resuenan con inquietud en el sentido de apreciar un “apremiante aviso real” al benemérito juez instructor.
                En el común sentir de cualquier afectado por una investigación judicial se puede entender el ansia de pasar página sobre tan desagradable evento. Pero en el caso que nos ocupa, que el máximo representante de la Casa Real que representa la Jefatura del Estado haga público ese tipo de deseos, a diferencia del común, representa una inquietante posición frente a lo que supone y ha de suponer la independencia judicial en España, y que realmente la ley sea idéntica para todos los españoles, cualquiera que sea su coloración sanguínea.
                Quizá hubiera sido más acertado, o callar sobre el tema, o si de referirlo se trataba, apelar a una pronto esclarecimiento y depuración de responsabilidades –en el caso que las hubiere-. Sin embargo, al no hacerse con ese detalle de obligada delicadeza respetuosa con la necesaria imparcialidad judicial, refleja cierto nerviosismo por una cuestión que puede estar desgastando la credibilidad de la institución monárquica, a la que contribuiría decisivamente cualquier tipo de cierre en falso, o precipitación de esta investigación judicial. Pues supondría la constatación de la falta de independencia judicial, y la quiebra constitucional del “Estado de Derecho”.
                Por consiguiente, ¿qué pretende Spottorno con este tipo de declaraciones?, y sobre todo, ¿qué quiere la Casa Real: qué pase de ellos este “cáliz”?. ¡Imposible sin una razonable y profunda explicación!. Y si ha de conllevar consecuencias jurídico-penales, entraría dentro de la asunción de las responsabilidades que cualquier ciudadano que conculcara la ley habría de tener que soportar.
                Y si se tiene prisa, uno de los caminos es contar al juez toda la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad, y en esto, no parece que los afectados hayan obrado abiertamente con la verdad por delante, a tenor de lo que se ha ido conociendo en los medios de comunicación.

                Pero estos deseos públicos, si además los unimos a los incomprensibles informes de los peritos de hacienda (sobre los que han mostrado su perplejidad hasta la Asociación Profesional de Técnicos de Hacienda), en el sentido de mantener una insólita interpretación que favorece a Urdangarín, y de la propia posición del mismo Fiscal, que no ve ilícito penal, frente al minucioso trabajo del solitario Juez, hace que la inquietud llegue a cualquier ciudadano cabal, que vuelve a sentirse súbdito.