SE DESMORONA EL ESTADO DEL BIENESTAR Y SE DESMEMBRA EL ESTADO ESPAÑOL

La actualidad española presenta un turbulento y oscuro horizonte de presente y aún de futuro, pues la crisis económica ha desatado de nuevo viejos demonios en la sociedad española, de forma que, aprovechando la profunda crisis política que arrastra consigo la precariedad económica nacional, se han planteado dos de las tres principales cuestiones que llevaron a los españoles a la confrontación civil del pasado siglo.

Efectivamente, cuestiones que parecían resueltas, como la “cuestión social”, o más o menos consensuadas como la “cuestión territorial”, emergen sobre la realidad española tornándola de incertidumbre, conflictividad y crispación.

Así como si se tratara de un maléfico destino, los españoles –que nos congratulábamos hace tres décadas en haber hecho una transición ejemplar desde la Dictadura a la Democracia- resulta que venimos a tropezar en las mismas piedras de antaño, que tanto nos dividieron y tan graves y trágicas consecuencias nos produjeron.

En cuanto a la “cuestión social”, soportada sobre las relaciones político-sociales interclasistas, por la progresiva integración de las clases trabajadoras en una gran clase media, iniciada tras el desarrollismo franquista, y consolidada en plena democracia, especialmente con el desarrollo constitucional de la legislación socio-laboral, y demás coberturas sociales que dieron contenido a la definición constitucional de considerar a España como “Estado Social de Derecho”, así como la institucionalización del sindicalismo en su labor de mediación en los conflictos laborales y sociales, facilitaron que la vieja “cuestión social” que venía a representar la particular lucha de clases entre el capital y el trabajo en la España decimonónica y  del primer tercio del siglo XX, vino a encauzarse con la sensatez del consenso constitucional, y un generoso a la vez que justo desarrollo legislativo en la década de los ochenta del pasado siglo.

Sin embargo, la solución dada por vía de la instauración del “Estado del Bienestar”, atendiendo a criterios de justicia social, ha sido progresivamente revisada por sectores más conservadores y liberales actualmente en boga, que lo venían criticando de artificioso, inoperante y costoso.  Razones, que parecen atender más a criterios ideológico-políticos que a la propia realidad de las mismas, dado el mantenimiento de este tipo de Estado en países nórdicos –que no han tenido el menor problema con la crisis económica-, e incluso el propio Estado Alemán, con importantes resortes públicos de ámbito social que genera un considerable “colchón” social ante las desigualdades y ante las crisis.

Aunque ha bastado que llegue una crisis financiera internacional –generada  en el ámbito bancario e ideológico, casualmente de los detractores del “Estado del Bienestar”- para que este haya entrado en una situación crítica de rápido desmoronamiento y más que  probable desaparición, contra la voluntad del cuerpo electoral –que además ni siquiera ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el mismo, dado que en ningún momento se le ha dicho que se fuera a liquidar, por parte del nuevo Gobierno-.

De tal forma que los recortes públicos –para hacer frente a la crisis- se han orientado a podar masivamente el ámbito social, so pretexto de que no nos podemos permitir sostener el actual “Estado del Bienestar”, sin que se hagan otros intentos de recortes del gasto público significativamente importantes como la duplicidad de las Administraciones Públicas y el cuantioso número de cargos públicos retribuidos en nuestro país. Y además, pese a las protestas públicas de las clases trabajadoras de este país, se ha hecho oídos sordos, enarbolando la reciente mayoría absoluta obtenida en las urnas –aunque no se planteó en ningún momento esta cuestión, ni mucho menos la orientación e intensidad de los recortes del gasto público-.

Item más, se ha elaborado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, con una reducción en la cuantía general de los mismos, que sigue incidiendo en la misma orientación ideológica de recortes sociales; algo que además, junto a la incertidumbre sobre el rescate económico de España, subordinado a los intereses electorales del partido de gobierno en las autonómicas vascas y gallegas, hace que tales presupuestos sean poco más que papel mojado a la hora de considerarlos como auténtica “hoja de ruta” de la política económica y hacendística española para el próximo año, en que probablemente se abran las puertas de par en par a los burócratas europeos de la troika que serán los que ilegítimamente decidirán por nosotros, o mejor dicho, contra nosotros.

Por tanto, con el desmoronamiento del “Estado del Bienestar” se rompe de hecho el consenso constitucional sobre la “cuestión social” que tanto trabajo costó encauzar, y trae sobre la actualidad un incremento exponencial de la conflictividad social y política de imprevisibles consecuencias.

Pero además, como dice el refrán: “donde no hay harina, todo es mohína..”, de ahí que la “cuestión territorial”, siempre latente, en los territorios con nacionalismos secesionistas, ha aprovechado la oportunidad de la debilidad del Estado en plena crisis económica y aún política, para azuzar el fuego de la disensión agudizando la crisis política del Estado hasta el extremo de plantear explícitamente la autodeterminación de Cataluña, en un abierto pulso al Estado; y de paso, ha tenido eco –por vía de contagio- en el tradicionalmente agitado territorio vasco, pues para no ser menos –en plena campaña electoral- el candidato del PNV, Íñigo Urkullu, ha hecho una apuesta por una Euskadi  que "se mida con el resto de naciones como una más, sin subordinaciones impuestas", con posibilidad de materialización de "cualquier proyecto político", y "sin más ataduras que la libre decisión de la ciudadanía vasca".

Por consiguiente, asistimos al fracaso del consenso constitucional en ámbitos tan extremadamente delicados como los apuntados de la “cuestión social” y la “cuestión territorial”, que plantean el desmoronamiento del Estado del Bienestar y la desmembración del Estado, algo que requiere la urgente intervención de las  fuerzas políticas y sociales para volver a consensuar las soluciones que, o bien restañen el marco constitucional, o bien se generen los acuerdos precisos que cierren rápida y justamente las graves fisuras que amenazan tan importante quiebra.

Por suerte, la tercera cuestión, “la religiosa”, ha sido resuelta producto del creciente proceso de secularización de la vida pública; algo que no es baladí.

LA MISIVA REAL TRAS LA DIADA INDEPENDENTISTA CATALANA

Tras la numerosa y clamorosa diada secesionista, minusvalorada por el Gobierno de España, el silencio real se rompió tímida y disimuladamente, en la publicación de una carta del Rey con ocasión de la remodelación de la web de la Zarzuela.

La carta real dirigida al orbe, a quien le quiera escuchar, o como se diría en otros ámbitos, a los hombres de buena voluntad, ha venido a señalar y enfatizar la necesidad de volver a encontrar el objetivo común, evitando las perniciosas disensiones y la desunión entre los españoles. Algo, que por lo demás suele ser el discurso obligado al tiempo que habitual del Rey.

La cuestión es si el Rey con ello está ejerciendo la labor de arbitraje y de Institución de unión entre los españoles, o si más bien, está dando un consejo de mínimos, que es lo menos que se podía decir después de la jornada independentista catalana, con sus previos y subsiguientes días, en que las propias instituciones autonómicas están postulándose por el camino independentista. Algo sumamente grave, por cuanto supone un paso cualitativo en el desencuentro político y social entre territorios del Estado, ya que hasta ahora el discurso político centrífugo era propio de los partidos nacionalistas, pero no había llegado a trascender con tal grado de claridad a las propias instituciones públicas autonómicas de Cataluña, en que el Presidente de la Generalidad, Artur Mas, ha cogido las riendas del movimiento independentista, que recuerdan al triste episodio de Maciá proclamando la independencia catalana desde el balcón de la Generalidad en plena Guerra Civil.

Por consiguiente se hacía necesaria una respuesta clara y contundente desde las instituciones del Estado para sofocar la chispa independentista que de nuevo ha vuelto a prender, como entonces aprovechando un momento de crisis del Estado –entonces de guerra civil, actualmente de crisis económica y política-.

Sin embargo, no podemos verificar que la esperada respuesta se haya dado con la contundencia que requieren los acontecimientos, ya que ni el presidente Rajoy –ninguneando el hecho-, ni el propio Rey con su epístola digital han marcado el campo con líneas infranqueables, sino que de forma suave, diplomática digna de mejor empeño, han hecho referencia a la improcedencia de tal pretensión secesionista. Algo que se nos antoja flojo en las formas y escaso en los contenidos.

Aún así, o quizá por eso mismo, los grupos separatistas se han crecido, no se dan por aludidos, en unos casos, y en otros incluso critican que el Rey entre en el ámbito político, que realmente no lo ha hecho, ya que se ha limitado a llamar a la reflexión para la unidad, lo cual entra dentro del papel Constitucional que tiene asignado como garante de la unidad de España y árbitro de la vida política española, especialmente en situaciones en que se hace necesaria la mediación entre grupos políticos enfrentados o especialmente disolventes del actual marco constitucional.

En cualquier caso, esperábamos nuevos movimientos de ficha por la parte nacionalista, y lo ha hecho con su impostura e insistencia en su demanda de pacto fiscal –auténtico ariete contra el Estado- que le ha negado Rajoy, ante lo que Mas ha vuelto a lanzar insinuaciones de perseverancia en la actitud separatista. Lo que pone la situación ante una peligrosa deriva, que a la par resulta contagiosa en otros territorios como el País Vasco, y en menor medida también en Galicia, ambas con elecciones próximas y pronósticos de triunfo de las fuerzas nacionalistas más radicalizadas –especialmente en el País Vasco-.

Consecuentemente, el Estado tiene que hacer frente a un viejo problema, cuyo aplazamiento con paliativos procedimientos autonómicos no han surtido efecto, ni para el Estado español, ni para los grupos nacionalistas nuevamente radicalizados por la independencia.  Y este problema ya requiere una drástica solución por parte del Estado, con el monarca al frente en defensa de la propia integridad territorial española, de su gobernabilidad, y de su subsistencia como Nación, que va mucho más allá de meras misivas para el que tenga oídos que oiga.

IZQUIERDA DESUNIDA Y DEMÁS EFECTOS COLATERALES DE LA CRISIS

La profunda crisis económica y la desafección ciudadana de la clase política dirigente está trayendo una importante crisis política, de consecuencias actualmente imprevisibles, pues la ciudadanía ha constatado que las instituciones políticas, formaciones políticas habituales y sindicatos no están a la altura de los problemas planteados, antes al contrario, o no los abordan con acierto y eficacia, o yerran clamorosamente en diagnósticos y tratamientos.

Consecuentemente se está cuestionando algo más que la labor de este o aquel grupo político, más bien se está cuestionando el actual sistema democrático con fórmulas de participación social alternativa que pretende el rescate de la democracia de las instancias políticas profesionalizadas que sólo escuchan al pueblo, supuestamente soberano, cada cuatro años; llegando algunas, incluso a ganar las elecciones con un programa virtual, dado que tan pronto alcanzan el poder se olvidan del programa con el que han obtenido el apoyo popular y gobiernan con objetivos y preferencias distintas y distantes de las que vendieron a la ciudadanía. Algo, que naturalmente, sectores de ciudadanía consideran un engaño político, una burla democrática. Sobre todo, cuando no se somete el actual programa de gobierno a la voluntad popular a la que se le hizo otro tipo de planteamientos y promesas.

Entre tanto, las primeras formaciones que empiezan a “romper costuras” son las insertas en IU, amalgama de grupos políticos de izquierdas que arroparon al PCE –que con la caída de los regímenes comunistas del Este de Europa perdió ámbito electoral-, y que con escasa fuerza ha tenido una representación poco más que testimonial en los últimos años.

Sin embargo, ante el desmoronamiento electoral del PSOE, IU mejoró los resultados electorales de los últimos tiempos, pero parece ser que la propia crisis, las divisiones internas dentro de la coalición, e incluso algunos protagonismos de los “destronados” está haciendo mella en la formación de Cayo Lara; pues el anuncio de creación de un nuevo partido político con el nombre de Izquierda Abierta (IA), afín a IU hasta en la denominación, patrocinada por el anterior Coordinador de IU Gaspar Llamazares, y a la sazón diputado por dicha formación, no ha dejado de sorprendernos, aunque se entienda que toda crisis supone incrementos de tensión, y sobre todo búsqueda de alternativas por pura necesidad de supervivencia. Aunque esperamos, que en el presente caso, no sea sólo por pura estrategia personal del Llamazares y sus secuaces políticos, pues la división tampoco es muy recomendable en los actuales momentos.

Nada se ha comunicado sobre auténticas disensiones en el seno de IU, o diferencias de criterios políticos que justifiquen la escisión. ¿O acaso será una nueva facción dentro de la propia IU?. En consecuencia, no apreciamos las razones para este singular y súbito desmarque, que ha supuesto esta aparición de IA sin que haya dado tiempo a Llamazares a aclararse en relación con el escaño de diputado que alcanzó bajo las siglas y programa de IU. ¿Mero protagonismo?, ¿diferencias personales?. El tiempo lo dirá.

Pero al propio tiempo, y casi de forma simultánea con la nueva deriva de Llamazares, otro camarada suyo y antiguo Coordinador de IU, Julio Anguita, ha presentado un nuevo movimiento, pues da la impresión que se trate más bien de un movimiento social que de un partido político, según sus propias palabras, denominado FRENTE CÍVICO con parecidas pretensiones de reconducir el malestar popular de la calle hacia fórmulas democráticas más participativas que las actuales de los cerrados aparatos de los partidos políticos. Si bien, lo que no está muy claro es cómo va a hacer valer políticamente esa fuerza, si no se articula como partido político, pues las iniciativas legislativas populares ya conocemos el corto recorrido y la nula eficacia que tienen, y la actividad extraparlamentaria actualmente no cuenta en la agenda de Gobierno, salvo que consiga una contestación popular grande en la calle, lo cual es difícil y peligroso, entre otras cosas por sus imprevisibles consecuencias.

En todo caso, a diferencia de Llamazares más acomodado al stablishment político que Anguita, este último no deja de ser un político de profundas convicciones –que equivocadas o no- defiende con la grandeza del que cree en ellas, y con la legitimidad del que lejos de acomodarse en el cargo político tuvo la grandeza política y la generosidad humana de renunciar a emolumentos públicos que le correspondían por sus cargos políticos desempeñados, una vez abandonados los mismos. Además que con su característica oratoria pedagógica, que une a sus convicciones, conecta directamente con el sector de la sociedad española peor tratado por la crisis y por los poderes públicos (clase media y trabajadora española), lo que nos hace albergar un largo recorrido a su iniciativa.

De ahí, que Cayo Lara y los militantes de IU hayan de empezar a hacer autocrítica de los motivos que han dado lugar a que dos de sus primeros “espadas” hayan optado súbitamente y al tiempo por proyectos alternativos a su propia formación política. ¿Acaso está esclerotizada?. Sería bueno, que dieran su parecer sobre estas novedades políticas de su propio entorno, y sobre todo el futuro al que se encaminan con los nuevos experimentos en su alrededor.

Pero estas iniciativas, aunque casualmente son del entorno de IU, posiblemente no serán las únicas en aparecer –dado que es propio de las crisis, y del colapso de las formaciones institucionalizadas y partidos burocratizados-; así no sería extraño ver alguna iniciativa en el entorno del PSOE (del que ya emergió con cierto éxito UPyD) y especialmente con la profunda caída electoral que tuvo y cuya crisis interna aún no se ha desenvuelto en su profundo calado, por las medidas de contención del aparato del partido, que le funcionaron a Rubalcaba tanto en Ferraz como en algunas federaciones regionales donde algunos sectores de la militancia están mostrando su discrepancia y su hartazgo ante el acomodo y pusilanimidad política de muchos de sus dirigentes.

Sin embargo, en el PP que llegó supervictorioso en Noviembre pasado y cuyo activo electoral de la victoria casi ha dilapidado en poco más de nueve meses de gobernanza errática, de espaldas a su propio electorado e incluso a la ciudadanía con el agravamiento de la crisis económica que han sido incapaces siquiera de controlar, ya ha aparecido un experimento electoral  de la mano de Mario Conde que en competencia con el PP aspira a “pescar en los mismos caladeros” de votos de la derecha y centro derecha española, con abiertas críticas a la gestión gubernamental del PP sobre la crisis y con el apoyo de alguna significativa cadena de televisión, radio y prensa escrita, que se incardina entre la derecha sociológica tradicional española.

Por tanto, o se espabilan los partidos tradicionales, o les “crecerá la hierba a sus piés”, precisamente por pura necesidad que plantea el grave deterioro de la situación económica, social y política, con más que aparente pérdida de soberanía nacional, e incremento de las acciones separatistas de los nacionalismos periféricos catalán y vasco –al que podría unirse el gallego- estos últimos con comicios a la vista que cambiarán el mapa geopolítico en esos territorios de forma no precisamente tranquilizadora para el conjunto de España.

SANTIAGO CARRILLO FIGURA CONTROVERTIDA CON LAUDATORIA DESPEDIDA

La muerte de Santiago Carrillo Solares, ex secretario general del PCE y ex diputado, ha tenido un amplio eco en el foro político y en los titulares de prensa de la actualidad nacional, eclipsando por unas horas las habituales noticias de la crisis económica y la retirada de la Presidenta madrileña de sus cargos públicos.

Santiago Carrillo se ha marchado, casi centenario, con una historia de novela –especialmente la concerniente a su papel en la Guerra Civil, su posterior actividad en el exilio y su reentrada en la vida política española-; pues su biografía posterior es mucho más conocida para el gran público.

Resultando muy controvertida su participación en la Guerra Civil, que en razón de su cargo político comunista se le atribuyó una importante participación en uno de los hechos  execrables de la represión comunista en Madrid, como fue la matanza de Paracuellos del Jarama, que según lo históricamente datado resultó ser el producto de una saca carcelaria en virtud de la cual, presos políticos de derechas, tradicionalistas, falangistas, católicos y afines, eran calificados de antirrevolucionarios, disponiendo su eliminación física. Si bien, la historia recoge idéntico tipo de comportamiento criminal en ambos bandos beligerantes en la contienda civil; aunque ello ni exonera las responsabilidades -enjuiciadas y no- que hubieran podido existir en los dirigentes de ambos bandos, ni le quita gravedad a ese tipo de hecho criminal. Carrillo nunca reconoció ningún tipo de responsabilidad en tales hechos, y no ha llegado a demostrarse esta fehacientemente, por lo que siempre quedará la duda.

En la España de Franco, Carrillo era un personaje siniestro, perseguido. Hecho injusto si se ceñía a sus ideales políticos. De hecho la auténtica oposición al régimen franquista radicaba básicamente en el PCE en el exilio y en dos personajes del mismo (Dolores Ibarruri –“la pasionaria”- y Santiago Carrillo) pese a existir otros personajes importantes como Lister y el Gobierno Republicano en el exilio mejicano –distinto y distante del PCE de Carrillo-.

El exilio de Carrillo en países de la órbita soviética, y su residencia en Rumanía como huésped del odiado Ceacescu, siguió siendo un “exilio dorado” pues era de la elite política comunista y desde luego no parece que viera nunca la miserable vida que reportaba ese “paraíso” al pueblo confinado a vivir forzosamente en un régimen totalitario y liberticida como lo fue el comunismo.

De su estancia en París con la proximidad a Berlingüer, y la revolución de mayo de 1968, no sabemos si por convicción –a raíz de una evolución del pensamiento y de la constatación del fracaso del régimen totalitario comunista del Este de Europa-, o por puro pragmatismo –porque en la biografía de Carrillo hay bastante de pragmatismo adaptativo y posibilista-, editaron un nuevo comunismo de rostro humano, más democrático, participativo y no totalitario con su planteamiento del “eurocomunismo” (aproximación o más bien reedición del socialismo europeo, aprovechado el alineamiento de este en la socialdemocracia), si bien este nuevo planeamiento generó tanto escepticismo como nuevos seguidores. Pero esta fórmula ayudó tanto a Carrillo como al nuevo régimen democrático a llegar a un provechoso, razonable y justo entendimiento, que conllevó la legalización del PCE en España, con unas condiciones previamente pactadas que descafeinaban tanto el formato que llegó a tropezar con parte de sus bases -especialmente las históricas- en el reencuentro tras cuarenta años de dictadura interior y exilio exterior.

¿Fue Carrillo esa figura política imprescindible para el retorno de la democracia, que tanto se glosa en el día de hoy?. No cabe duda que fue decisiva su colaboradora y adaptativa actitud, y por consiguiente, se pudo llegar a un más que pragmático acuerdo de cerrar la tragedia de la Guerra Civil y mirar al futuro con una nueva España democrática libre y con amplitud participativa; y naturalmente contribuyó a reconducir a la izquierda más activista y mejor organizada, evitando conflictos políticos, sociales y de orden público. Por consiguiente, hay que reconocerle el papel que jugó en pro de la normalización democrática de la vida española, e incluso de democratizar una ideología comunista –cuyos referentes totalitarios no la hacían un buen compañero de viaje en la nueva democracia española-.

De su etapa de diputado hay que reconocerle su actividad parlamentaria, sus dotes oratorias singulares, su olfato político, la contribución al movimiento obrero con la inestimable participación de otro histórico comunista, Marcelino Camacho,  que llevaron a su sindicato de la órbita filocomunista, CCOO, a liderar el sindicalismo adelantando al histórico UGT, de ámbito socialista, liderado por Nicolás Redondo, que tuvieron el acierto de llevar a cabo la unidad de acción sindical, en años especialmente duros en las áreas política, económica y social.

Siendo muy significativa su valiente actitud en el nefasto episodio del 23-F, que tan gran reconocimiento le valió, tanto a él como al General Gutiérrez Mellado y al Presidente Suárez.

Sin embargo, pronto el liderazgo del viejo político comunista empezó a cuestionarse en el seno de su propio partido, apareciendo la nueva formulación de IU –en la que se diluyó el PCE- por estrategia del marketing electoral, sobre todo con la caída del bloque comunista del Este de Europa. A partir de lo cual, vinieron las críticas internas –que se hacían externas-, los reproches personales entre camaradas, y el alejamiento de Carrillo de la vida política activa, aunque no dejó de participar en tertulias radiofónicas y en actos afines, haciéndose cada vez más patente el alejamiento de su colectivo, e incluso en cierta medida de algunos postulados ideológicos. Sin embargo, sus antiguos compañeros lo han despedido con la dignidad que les merece un político histórico relevante, aunque alguno no haya disimulado el distanciamiento. Lo que paradójicamente lleva a que hayamos apreciado incluso más calor humano en su obituario de formaciones de derechas que en algunos de sus excompañeros. ¡Así es la vida..!.

Aunque en términos generales, se ha cumplido lo que habitualmente se dice, que ante un fallecimiento suele haber coincidencia generalizada en el recuerdo benévolo sobre la persona que marcha. Sin embargo, creemos conveniente reconocer que en la extensa e intensa biografía de Santiago Carrillo concurren tanto luces como sombras, que en su día la historia iluminará con más claridad y mejor perspectiva. ¡Descanse en paz…!.

LA DIADA DEL NACIONALISMO DESLEAL A ESPAÑA

Según la Guardia Urbana de Barcelona, cerca de un millón y medio de manifestantes han participado en la “Diada Catalana” de este año, con una sustancial elevación del dintel nacionalista disolvente, o más claramente independentista, que es el giro que ha tomado el nacionalismo catalán burgués, frente al otro nacionalismo catalán abiertamente independentista y republicano de Esquerra Catalana.

Así con el progresivo incremento de la demanda autonómica el catalanismo desleal al Estado español, llega al fin de su trayecto, en el que no le queda más que asumir su status autóctono en la política autonómica y española en general, dentro de este ambiguo “Estado de las Autonomías”, o incluso avanzar formalmente ante una delimitación federal del Estado –que sería lo más lógico, dadas las circunstancias, y que no vendría a representar necesariamente más autonomía para Cataluña de la entregada hasta este momento-, o seguir en la deriva separatista para jugar –ante la debilidad política y económica española actual- a la creación de un Estado Catalán –al modo balcánico- en una UE desorientada y confusa en el rumbo a seguir.

Esta último planteamiento supone una falta de cooperación institucional en España, que llega a la deslealtad, lo que representa una grave deriva en los planteamientos de la burguesía catalana que sustenta CIU, para distanciarse electoralmente del PP catalán –cada vez más próximo en la disputa electoral-, y sobre todo remover los sentimientos catalanistas frente a una supuesta opresión centralista de Madrid –que en la actualidad es inexistente-, y que sólo se saca a relucir de forma torticera e ilegítima para arrastrar la emotividad irracional popular en pro de unos planteamientos insolidarios y de confrontación con el resto de los territorios del Estado.

Para ello, no se ha dudado en hacer un montaje histriónico y populista por parte de los políticos más significativos, de cara a la fiesta catalana del 11 de septiembre, en que so pretexto de esa inventada opresión, se aprovecha y tantea en la debilidad actual del Estado, y se da a entender que los problemas de la crisis económica se resolverían por la vía de la independencia, dado que entre otras cosas, se deja caer la falacia de que Madrid esquilma a Cataluña con sus impuestos de los que no revierte la parte que estos políticos dicen que es justa y se les debe. Algo que no se corresponde con la realidad, pues las inversiones del Estado en Cataluña superan las que aquel realiza en otras autonomías, no menores.

No obstante, montado el espectáculo y soliviantada la calle, el nacionalismo catalán –especialmente CIU- “enseña músculo” al Gobierno central, al tiempo que le recuerda su petición de pacto fiscal al modo foral vasco-navarro (que dicho sea de paso, son una reminiscencia histórica, que en la España constitucional, deberían de haberse derogado por desiguales e injustos con el resto de los territorios del Estado), pero que bien le sirve al Gobierno de Artur Mas hoy por hoy. Y así sucesivamente, hasta la extenuación, seguirán pidiendo y pidiendo, incluso en los peores momentos como los actuales en que el Estado se juega su futuro interno e internacionalmente.

Sin embargo, lo que no se entiende es que CIU tenga con el PP un pacto en Cataluña, y cómo se puede mantener ese apoyo del PP catalán ante unas actitudes políticamente desleales, insolidarias, y no cooperativas con el resto del Estado. ¡Otra asignatura pendiente de las muchas que ya viene arrastrando Rajoy!.

Por último, sólo constatar una vez más, el profundo fracaso político del modelo constitucional de “Estado Autonómico” que debería de revisarse, al hilo de los reajustes constitucionales que ya se van demandando para hacer más moderno, eficiente y justo este País; pues este modelo fruto del consenso constitucional, tras ser desarrollado, las minorías nacionalistas con las que se pactó han sido las primeras en romper el consenso constitucional para apostar por aventuras independentistas, y jugar a un irredentismo nacionalista permanente que suele ser perturbador de la vida política y económica española, y que se ha demostrado económicamente insostenible, políticamente ineficaz, y socialmente injusto.

Todo lo cual, requiere una rápida y drástica respuesta del Estado, abriendo un nuevo periodo constituyente que promulgue una nueva Constitución, o reforme la anterior, elaborando un proyecto de Estado viable, permanente y fuerte, incluso en la fórmula federal, pero que suponga un federalismo cooperativo (a modo del de los Estados Unidos o Alemania) en que ningún territorio cuestiona el Estado, ni este se entromete en los definidos cometidos de los territorios, ni se den solapamientos de competencias que entorpecen la vida social y económica, como sucede en el actual formato de “Estado Autonómico”. Pero para ello, no se puede dejar nada a la improvisación, ni a la almoneda política, ya que en tal caso, volverían los comportamientos desleales para sacar partido y mejoras a costa de los demás.

LA COSPEDAL HA PUESTO EL DEDO EN LA LLAGA DEL RECORTE INSTITUCIONAL

Mª Dolores de Cospedal, Presidenta de Castilla la Mancha y Secretaria General del PP, una vez más ha puesto el dedo en la llaga del recorte institucional que requiere España, pero que el Gobierno de Rajoy no se atreve a acometer, pese a las exigencias cada vez más claras de la UE y el BCE para acceder al cuantioso préstamo de rescate que necesitamos.

Y es que Cospedal –que parece adoptar el rol de “poli malo”- se ha pronunciado por la necesidad de reducir los diputados de los parlamentos autonómicos, incluso de que sus servicios sean gratuitos para las arcas públicas. Sin que sepamos, por tanto, si este es el planteamiento autóctono de la Presidenta de Castilla la Mancha, o por el contrario es un “globo sonda” que –como Secretaria General del PP, y posiblemente de acuerdo con Rajoy- lanza para tratar de conocer el grado de aceptación o rechazo que la propuesta tiene en la opinión pública.

De entrada, la reacción de la clase política instalada (PP y PSOE) no ha sido favorable –como era de prever-, pues unos por razones de pérdida de supuesta legitimidad representativa al reducir el número de diputados, y otros por razones de que la gratuidad podría ser selectiva con los que se dedicaran a la política, dado que al no ser retribuida podría quedarse sólo en manos de las clases sociales mejor situadas económicamente.

Sin embargo, ambos argumentos se nos antojan falaces, el primero –de disminución de representatividad por reducir el número de diputados regionales- no tiene el menor fundamento, ya que de hecho la imposición de la conocida “disciplina de voto” en los grupos parlamentarios hacen que el control sobre los diputados, por parte de su propio partido sea ferreo, de forma que lo que el grupo parlamentario determina eso es lo que sus diputados votan, con lo cual bastaría la existencia de un solo diputado cuyo voto tuviera el valor de la representación proporcional que ostente, según el porcentaje de voto obtenido en las elecciones.

Pero como no creemos en la “disciplina de voto” por ser perniciosa en muchos casos para los intereses de los ciudadanos (por ejemplo, recordemos la votación sobre la política hidráulica de trasvases, en que los territorios tenían intereses diferentes, que no se tradujeron adecuadamente en las votaciones de los grupos políticos); por consiguiente, consideramos que si algún argumento de defensa del número de diputados existiera sería el que deviniera de la implantación del “diputado de distrito” que tuviera contacto directo con su población, y representara los auténticos intereses de la misma en la Cámara legislativa. Pero esa figura, de la que se ha hablado mucho, no existe en nuestro país. Por lo que la reducción del número de diputados podría ser asumible sin merma representativa alguna.

En cuanto a la otra razón en contra, la gratuidad del cargo, viene de la mano del rechazo que nuestra sociedad –especialmente en estos momentos de paro y crisis- tiene de la figura del político profesional, y sobre todo del mal ejemplo dado por muchos de ellos que compatibilizan su trabajo habitual con el cargo político, generándose una situación efectiva de pluriempleo que ha tenido un efecto perverso, además de poco sensible al drama del paro creciente, de los sueldos menguantes, de los recortes sociales y del subempleo general del país.

Por consiguiente, parece que la propuesta ha venido a señalar uno de los ámbitos de reajustes que el Gobierno de Rajoy está eludiendo desde que llegó al poder, pues ni la anunciada reforma municipal la ha puesto en marcha. Y estas manifestaciones de la Secretaria General del PP apuntan a ese ámbito de reforma, donde habrán por seguir con la supresión de las Diputaciones Provinciales, evitar las duplicaciones de cargos públicos en los ámbitos nacionales autonómicos y local, y otras tantos ajustes institucionales de porte político-administrativo, así como de Fundaciones y Empresas Públicas, más que prescindibles que han proliferado por miles en nuestro país, siempre antes de tocar las pensiones, y volver a rebajar el sueldo a los empleados públicos, o seguir reduciendo servicios públicos esenciales como la Educación o la Sanidad.

Aunque lo extraño es que lo pida Cospedal, que ha venido compatibilizando retribuciones diversas correspondientes a sus diferentes cargos públicos, eso es lo que hace el planteamiento aún menos creíble de que se vaya a llevar a cabo.

RAJOY EMPIEZA A SER CUESTIONADO POR GRAN PARTE DE SUS VOTANTES

Dicen que una de las peores cosas que le puede pasar a un músico en pleno concierto es que pierda las partituras. Y justo eso, es lo que parece que le está sucediendo al presidente Rajoy, en medio de la tempestad político-económica que tiene todos los visos de degenerar también en conflicto social.

Decimos esto porque muchos de los que votaron hace unos meses al PP, e incluso de su militancia y base social, empieza a no reconocer en Rajoy y en su Gobierno sus dignos representantes, pues no reconocen en su acción de gobierno sus compromisos electorales que les llevó a votarles. Esa alternativa diáfana a la que venía representando el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero –que también se desinfló, al aplicar medidas que no compartía ni su partido, ni su base electoral, por lo que fue reprobado tan ampliamente en las urnas-.

Tras las primeras medidas iniciales tomadas por el Gobierno de Rajoy que prometían  un acotamiento y control de la crisis, al evidenciarse que no se lograban sus propósitos, con la presión de la UE, el acoso de los mercados, y el descontento de la calle, emprendió un errático camino con medidas contrarias a sus promesas electorales (subida de impuestos en el IRPF e IVA –ambos con claro castigo a las clases medias y trabajadoras-, sin que por ello haya tocado la tributación al gran capital), su persistencia contumaz aunque ambigua en los rescates a la banca; con el hundimiento más que simbólico de uno de los reductos financieros controlados por el PP central en el caso Bankia, que hizo que se elevaran los recelos de la UE sobre la situación financiera española.

A partir de lo cual, con las contradicciones sobre el rescate y el no rescate, sólo de la banda, también del país, sí pero no; y vuelta a empezar. No ha hecho más que mostrar ambigüedad, pérdida de sentido en el rumbo adecuado para salir de la crisis. De ahí lo del “banco malo”, que al principio se negaba hasta el hartazgo por parte de los responsables económicos del Gobierno, para actualmente instaurarlo.

Entre tanto, nuevo “palo” a los empleados públicos, a los que tanto Beteta como el mismo Montoro no defendieron a estos adecuadamente, sino que dieron señales equívocas sobre su eficacia y laboriosidad para sembrar en la opinión pública la pertinencia de despidos masivos y reducción de retribuciones en el sector, acrecentando el rechazo público del Gobierno.

Pero en las escasas hipótesis de reducción y ajuste de las Administraciones, en que prometieron para finales de julio un reajuste de la Administración Local en nuestro país, no sólo no tuvo el respaldo de su propio partido, sino que los barones autonómicos y alcaldes populares le vetaron la medida.

Y por si todo esto fuera poco, en el proceso de aplacamiento –que no retirada- de ETA en su nueva estrategia política de toma de las instituciones vascas, se vuelven también sobre sus propios pasos, y continúan la política de Zapatero –que tanto criticaron- de acercamiento de presos etarras al país vasco, hasta el extremo de facilitar la concesión del tercer grado y libertad al cruel carcelero del ex militante del PP ex funcionario de prisiones Ortega Lara, que representa una auténtica “bofetada sin manos” a las víctimas del terrorismo.

Además de ser incapaces de acabar con los privilegios tributarios del País Vasco y Navarra, que ya ha reivindicado para sí Cataluña, y el afrontamiento de una anticipada confrontación electoral vasca  que todo hace pronosticar que ganarán las fuerzas políticas nacionalistas –separatistas (BILDU incluido).

Ante todo este marasmo de problemas económicos, políticos y sociales que comprometen a España como Estado, lo último que se requiere es un Gobierno débil, contra las cuerdas, acongojado, y sobre todo sin proyecto de Estado ni guión de salida de ambas crisis. Pues, por más que lo lamentemos, eso es lo que actualmente transmite el Gobierno de Rajoy, del que ya se habla en un diario nacional, que en breve va a hacer relevos ministeriales, señalando claramente la salida de Montoro del Gabinete. (¿?)

Mal síntoma para acometer el “Otoño caliente” que se presenta con varias Autonomías en “quiebra técnica” y con anunciada respuesta social, y que unido a la sintomatología de debilidad y desorientación, antes comentada, todo parece apuntar a la conveniencia de convocar un “Gobierno de Concentración” que dote de fortaleza la acción política necesaria para acometer las reformas de Estado pendientes que den estabilidad política, social y económica al mismo, con la consiguiente reforma constitucional que cierre el nefasto mapa de gobernanza territorial en permanente disputa y descoordinación con el Gobierno del Estado. De lo contrario, nos espera un “abismo” de incierto pronóstico.