SE DESMORONA EL ESTADO DEL BIENESTAR Y SE DESMEMBRA EL ESTADO ESPAÑOL

La actualidad española presenta un turbulento y oscuro horizonte de presente y aún de futuro, pues la crisis económica ha desatado de nuevo viejos demonios en la sociedad española, de forma que, aprovechando la profunda crisis política que arrastra consigo la precariedad económica nacional, se han planteado dos de las tres principales cuestiones que llevaron a los españoles a la confrontación civil del pasado siglo.

Efectivamente, cuestiones que parecían resueltas, como la “cuestión social”, o más o menos consensuadas como la “cuestión territorial”, emergen sobre la realidad española tornándola de incertidumbre, conflictividad y crispación.

Así como si se tratara de un maléfico destino, los españoles –que nos congratulábamos hace tres décadas en haber hecho una transición ejemplar desde la Dictadura a la Democracia- resulta que venimos a tropezar en las mismas piedras de antaño, que tanto nos dividieron y tan graves y trágicas consecuencias nos produjeron.

En cuanto a la “cuestión social”, soportada sobre las relaciones político-sociales interclasistas, por la progresiva integración de las clases trabajadoras en una gran clase media, iniciada tras el desarrollismo franquista, y consolidada en plena democracia, especialmente con el desarrollo constitucional de la legislación socio-laboral, y demás coberturas sociales que dieron contenido a la definición constitucional de considerar a España como “Estado Social de Derecho”, así como la institucionalización del sindicalismo en su labor de mediación en los conflictos laborales y sociales, facilitaron que la vieja “cuestión social” que venía a representar la particular lucha de clases entre el capital y el trabajo en la España decimonónica y  del primer tercio del siglo XX, vino a encauzarse con la sensatez del consenso constitucional, y un generoso a la vez que justo desarrollo legislativo en la década de los ochenta del pasado siglo.

Sin embargo, la solución dada por vía de la instauración del “Estado del Bienestar”, atendiendo a criterios de justicia social, ha sido progresivamente revisada por sectores más conservadores y liberales actualmente en boga, que lo venían criticando de artificioso, inoperante y costoso.  Razones, que parecen atender más a criterios ideológico-políticos que a la propia realidad de las mismas, dado el mantenimiento de este tipo de Estado en países nórdicos –que no han tenido el menor problema con la crisis económica-, e incluso el propio Estado Alemán, con importantes resortes públicos de ámbito social que genera un considerable “colchón” social ante las desigualdades y ante las crisis.

Aunque ha bastado que llegue una crisis financiera internacional –generada  en el ámbito bancario e ideológico, casualmente de los detractores del “Estado del Bienestar”- para que este haya entrado en una situación crítica de rápido desmoronamiento y más que  probable desaparición, contra la voluntad del cuerpo electoral –que además ni siquiera ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el mismo, dado que en ningún momento se le ha dicho que se fuera a liquidar, por parte del nuevo Gobierno-.

De tal forma que los recortes públicos –para hacer frente a la crisis- se han orientado a podar masivamente el ámbito social, so pretexto de que no nos podemos permitir sostener el actual “Estado del Bienestar”, sin que se hagan otros intentos de recortes del gasto público significativamente importantes como la duplicidad de las Administraciones Públicas y el cuantioso número de cargos públicos retribuidos en nuestro país. Y además, pese a las protestas públicas de las clases trabajadoras de este país, se ha hecho oídos sordos, enarbolando la reciente mayoría absoluta obtenida en las urnas –aunque no se planteó en ningún momento esta cuestión, ni mucho menos la orientación e intensidad de los recortes del gasto público-.

Item más, se ha elaborado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, con una reducción en la cuantía general de los mismos, que sigue incidiendo en la misma orientación ideológica de recortes sociales; algo que además, junto a la incertidumbre sobre el rescate económico de España, subordinado a los intereses electorales del partido de gobierno en las autonómicas vascas y gallegas, hace que tales presupuestos sean poco más que papel mojado a la hora de considerarlos como auténtica “hoja de ruta” de la política económica y hacendística española para el próximo año, en que probablemente se abran las puertas de par en par a los burócratas europeos de la troika que serán los que ilegítimamente decidirán por nosotros, o mejor dicho, contra nosotros.

Por tanto, con el desmoronamiento del “Estado del Bienestar” se rompe de hecho el consenso constitucional sobre la “cuestión social” que tanto trabajo costó encauzar, y trae sobre la actualidad un incremento exponencial de la conflictividad social y política de imprevisibles consecuencias.

Pero además, como dice el refrán: “donde no hay harina, todo es mohína..”, de ahí que la “cuestión territorial”, siempre latente, en los territorios con nacionalismos secesionistas, ha aprovechado la oportunidad de la debilidad del Estado en plena crisis económica y aún política, para azuzar el fuego de la disensión agudizando la crisis política del Estado hasta el extremo de plantear explícitamente la autodeterminación de Cataluña, en un abierto pulso al Estado; y de paso, ha tenido eco –por vía de contagio- en el tradicionalmente agitado territorio vasco, pues para no ser menos –en plena campaña electoral- el candidato del PNV, Íñigo Urkullu, ha hecho una apuesta por una Euskadi  que "se mida con el resto de naciones como una más, sin subordinaciones impuestas", con posibilidad de materialización de "cualquier proyecto político", y "sin más ataduras que la libre decisión de la ciudadanía vasca".

Por consiguiente, asistimos al fracaso del consenso constitucional en ámbitos tan extremadamente delicados como los apuntados de la “cuestión social” y la “cuestión territorial”, que plantean el desmoronamiento del Estado del Bienestar y la desmembración del Estado, algo que requiere la urgente intervención de las  fuerzas políticas y sociales para volver a consensuar las soluciones que, o bien restañen el marco constitucional, o bien se generen los acuerdos precisos que cierren rápida y justamente las graves fisuras que amenazan tan importante quiebra.

Por suerte, la tercera cuestión, “la religiosa”, ha sido resuelta producto del creciente proceso de secularización de la vida pública; algo que no es baladí.