LA REFLEXIÓN POST-ELECTORAL

           Tras la jornada electoral, concluida la larga campaña propagandística de las opciones en liza y vistos los desiguales resultados que arrojan las urnas, cabría hacer un análisis sereno y concienzudo de estos resultados que reflejan una dispersión del tradicional voto en diversas fuerzas políticas –algunas de ellas de nueva creación- y dan lugar a un Congreso fragmentado sin claras mayorías, que obligará a dialogar para hacer las necesarias componendas que se traduzcan en políticas concretas de gobierno, como se corresponde al sistema parlamentario que rige nuestro régimen constitucional.

            Ante esta realidad, no parece muy elegante confundir a la ciudadanía reclamando la formación de gobierno para el grupo más votado (que es la minoría mayoritaria, dado que ninguno ha logrado mayoría absoluta), y en razón a las reglas del juego democrático del sistema parlamentario (que elige diputados –no gobierno-) habrán de ser los diputados los que traten de generar una mayoría estable de gobierno en el seno de la cámara legislativa para la generación del ejecutivo. Y tal proceder –guste más o menos- es el que responde al sistema constitucional que se pactó en la transición, del que ya se sabía que conlleva épocas de mayor estabilidad e incluso mayorías absolutas y épocas de inestabilidad por la ausencia de tales mayorías, que han de generarse con el ejercicio paciente de diálogo y subsiguiente negociación para lograr acuerdos. En los primeros casos, se le critica por los “rodillos” de gobierno en los que una mayoría en el gobierno da la espalda a la oposición, hasta su casi total anulación (que apenas puede operativizar su labor constitucional de control de gobierno, dada la frágil división de poderes del Estado con la que se construyó y desarrolló el sistema constitucional español de la transición); y por el contrario, tenemos el polo opuesto, ausencia de mayorías y fragmentación parlamentaria con débil gobernabilidad. Cuestión distinta es que se planteara una revisión constitucional y un subsiguiente cambio hacia un sistema presidencialista.

            En tal marco constitucional, con una ley electoral que prima a los dos partidos más votados (junto a la concentración del voto –en un claro favorecimiento de nuestros ingenuos constituyentes, de los nacionalismos separatistas, pues ni con eso se han contentado-), nos lleva a una injusta hiper-representación política de los dos partidos más votados (de ahí que el sistema electoral favorezca de raíz el bipartidismo) y a los partidos nacionalistas (catalanes y vascos en permanente pugna soberana con el Estado Nacional de España) que los posiciona la mayoría de las veces como árbitros dirimentes de la formación del gobierno de España –del que paradójicamente pretenden desvincularse-, lo cual ha sido nocivo para España y en los momentos actuales puede resultar incluso letal.

            Por consiguiente, la formación de gobierno en esta situación tan fragmentada es muy complicada, requerirá mucha negociación, humildad, generosidad de miras, etc., sobre todo si no se quiere “rendir plaza” a los enemigos del Estado, cuyas condiciones para obtener su apoyo son en principio y quizá de forma invariable, contrarias a la esencia misma de la Nación Española. Lo cual, habría de prevenir a los próximos estadistas para un acuerdo de Estado de urgente reforma de la Constitución (sobre su sistema de gobierno, la legislación electoral, el sistema territorial del Estado y la defensa clara del “Estado Social” –que parece estar en el fondo de este complejo resultado electoral-).

            Dicho lo cual, cabría reflexionar sobre el cambio producido en la sociedad española para dar cabida a nuevos actores políticos en el marco de una profunda crisis económica y política. Pues tal hecho revela, que a una parte importante del cuerpo electoral no le han satisfecho las soluciones dadas por los partidos tradicionales de gobierno (PP y PSOE), en el caso de los socialistas por su trágico final –que negando la crisis, dejaron al país al borde del colapso económico y hubieron de plegarse a los “poderes fácticos mercantiles”-; y en el caso de los populares, por una gobernabilidad vicaria (según los dictados de Bruselas y Berlín, que ha primado los intereses de los acreedores de la deuda española a los propios españoles víctimas de la crisis económica), que carente de sensibilidad social hizo recortes sociales (cuando más necesarios eran los servicios públicos) y rescató económicamente a parte de la banca española, condonando fiscalmente, también a grandes defraudadores fiscales, manteniendo un sistema fiscal profundamente injusto y una arrogancia de gobierno que le ha indispuesto con parte de los actores políticos de la oposición y de los territorios periféricos en contestación (Cataluña, País Vasco, etc.), que ahora le cierra puertas para los necesarios acuerdos de gobernabilidad.

            Pero sobre todo, por la comprensiva –y hasta condescendiente- actitud en relación con la corrupción política de ambas formaciones, a una de las cuales se le ha colado hasta el “tuétano” la infección, pese a su indecente disimulo. Todo lo cual, ha estado reportando a la ciudadanía un “mensaje político pre-fabricado”, artificial, de poca convicción y solidez, en definitiva poco creíble. De ahí la pérdida de votos de ambas formaciones y del consecuente protagonismo en la vida política actual, que le obliga a compartir espacio y poder político con nuevas formaciones que han surgido del “tremendo enfado popular” por tal grado de “autismo político”, falto de coherencia y sinceridad.

            Y es que si al PP le envolvían sus casos de corrupción nacional, madrileño, valenciano, etc; al PSOE le ocurría lo mismo con los ERE´S de Andalucía. Pero sobre todo, ha sido su falta de reflejos políticos para reaccionar con rapidez contra estos hechos, junto al distanciamiento de la calle, que ha reflejado hasta insensibilidad en casos tan dramáticos como los desahucios hipotecarios (sin dar alternativas sociales al problema de la vivienda, que se reconoce como mero “adorno constitucional”, y lo que es peor, negándose a un cambio de la ley hipotecaria que reconozca la “dación en pago”).

            Sin embargo, viendo la génesis y trayectoria de las dos nuevas alternativas en liza (CIUDADANOS y PODEMOS) habremos de convenir que son dos soluciones de repuesto por la derecha y por la izquierda, respectivamente, que obligará a PP y PSOE a definir mejor sus posiciones y a hacer apuestas políticas más claras, dado que la ambigüedad habitual en la que han estado moviendo (tanto por la derecha –el PP- como por la izquierda –el PSOE-) no da la respuesta política que esperaba su base electoral, de sintiéndose abandonada ha ido al reclamo de las nuevas formaciones.

            Aunque tanto CIUDADANOS como PODEMOS habrán de ajustar mejor sus posicionamientos, ya que mientras la primera ha jugado a un centro izquierda para “pesca electoral” por el centro en ambos “caladeros” de derecha e izquierda, su naturaleza política liberal le ubica indefectiblemente en un centro derecha, lo que obliga al PP a recomponerse mejor en su ámbito de derechas, o a fagocitar a la formación de Rivera, si sigue mostrando su imprecisión neófita, falta de vertebración y compromiso ideológico (ya que no puede ser un refugio de “fugas ambidiestras”), ni como aún se muestra un “partido de aluvión” –mero cartel electoral-.

            Por su parte PODEMOS –que también jugó al enmascaramiento ideológico, con su inicial idea de “transversalidad”- tiene la facilidad de llegar a los “desheredados” de la crisis, acaso analiza adecuadamente la situación política y social (pues no le faltan expertos sociales en sus filas), pero su génesis asamblearia puede darle algún que otro problema de liderazgo, además de que para recomponer la izquierda española (que sería la gran empresa que habrían de acometer) habrían de abandonar cierta “mitología de la épica comunista” y girar hacia un “eurosocialismo” propio de los Estados del Norte de Europa que asiente el “Estado del Bienestar” a todo trance y defienda a la clase trabajadora de este país sin ambages y con dignidad.

            De unos y otros depende su futuro próximo en la escena política española y sobre todo el destino de los españoles que ya va siendo hora que merezcamos justicia, dignidad, paz y respeto.

[REPORTAJE] Desmontando a Ciudadanos

Florentino Portero: “Europa ante un nuevo escenario internacional”

09 Visión Geopolítica La inestabilidad en Libia

05 Visión Geopolítica: Terrorismo y Guerra Asimétrica

Conversación de GILLES LIPOVETSKY con universitarios

06 Visión Geopolítica: Las claves estrategicas del Estado Islámico

Juan Carlos Monedero - TTIP

RUIDOSO FICHAJE DE IRENE LOZANO POR PEDRO SÁNCHEZ

               Se ha producido un estimable ruido mediático que se hacía eco de las protestas por el fichaje de Irene Lozano por parte de Pedro Sánchez, el actual líder socialista, que de esta manera incorpora a su proyecto a una de las más fustigadoras críticas de su partido –en la línea de su ex maestra Rosa Díez al abandonar el PSOE y fundar UPyD-, de forma que en la actualidad políticos socialistas y del partido magenta de Rosa Díez coinciden en sus aceradas críticas contra la ex Diputada.

                Respecto de las críticas de despedida, desde UPyD, no parecen muy elegantes las frases que le dedica por ejemplo el diputado Gurriarán en twitter, pues han de asumir que cualquiera pueda cambiar de criterio político, o redireccionarlo hacia organizaciones que se puedan encontrar más afines a las sensibilidades políticas de cada quien en determinados momentos, pues eso es un libre ejercicio de responsabilidad personal de cada quien, que se siente más o menos identificado con un determinado proyecto o con otro, que además con el tiempo los proyectos evolucionan o se oxidan. Además tal situación fue la que llevó a la fundadora de UPyD a abandonar el PSOE y fundar la nueva formación política, que de inicio captó la atención de muchos ciudadanos que no vieron consolidarse un proyecto político que parecía interesante para superar la esclerosis del bipartidismo español.

                Pues en realidad, la hazaña que hizo Rosa Díez de abandonar un proyecto político centenario con solvencia y raíces, por una supuesta cuestión ética de discrepancia acaso más en la acción que en el planteamiento propiamente ideológico, sin embargo se ha ido sofocando con el transcurso del tiempo, acaso por la incapacidad de Rosa Díez de liderar su propia creación, haciéndola más plural, abierta y participativa, pues se ha ido deshaciendo de forma paulatina en sucesivos abandonos de significativos militantes que decían verse constreñidos por el férreo dominio del aparato de Díez y sus afines. En definitiva, vino a reproducir aquello que criticaba y que dio razón esencial a lanzar su nuevo proyecto, lo cual le ha hecho entrar en una espiral autodestructiva, que Irene Lozano trató de salvar con una propuesta alternativa que perdió en un Congreso doméstico de la formación magenta.

                De otra parte, con referencia a las críticas socialistas tienen a mi entender una doble justificación, por una parte, porque Irene Lozano hizo gala de una crítica directa de denuncia de la crisis del “bipartidismo instalado”, que lejos de presentar una alternativa política y un aire nuevo al deterioro político-institucional, parece resignarse a que le llegue el turno ordinario de gobernanza, en el que sigue idéntico patrón de comportamiento, de forma que la ciudadanía no aprecie diferencias sustanciales de propuestas ni comportamientos reales entre el PP y el PSOE una vez llegan al poder. Acaso las descalificaciones que hizo gala Lozano fueran injustas o exageradas, pero representaban el sentir de un estimable sector de opinión pública, que en esencia fue lo que justificó la emergencia política de UPyD.

                Pero más allá de ese matiz, dialécticamente superable por una supuesta evolución del PSOE –que entendiendo la crisis del bipartidismo decidiera salir de la misma con ánimos y planteamientos nuevos y renovados-, parece que Pedro Sánchez ha hecho un buen fichaje político, dado que Irene Lozano ha defendido su escaño con un trabajo digno, y puede que le sirva a Sánchez para demostrar la evolución del PSOE, aunque actualmente algunos viejos socialistas se rasguen las vestiduras por los embates de Lozano desde UPyD, hecho en el que no es la única ya que otros fichajes recientes del socialismo español han abandonado sus antiguos planteamientos políticos desde los que litigaban con el PSOE como es el caso de Diego Garrido o Rosa Aguilar –ambos provenientes de IU-. Más bien, parecen mostrarse quejosos, por las facciones internas enfrentadas aún a Pedro Sánchez  como es el caso de Tomás Gómez, o Fernández Vara siempre atento a apuntarse al “populismo interno” (al que durante décadas se dedicó Alfonso Guerra con sus notables réditos para mantener baronía), pero que en realidad revelan el malestar del militante que aspira a cargo, al que maniobras como estas le revientan sus particulares ambiciones personales.

                Ahora bien, creemos que aún siendo bueno el fichaje de Irene Lozano por el PSOE sería muy deseable que este respondiera (como se dijo de Gabilondo) a un auténtico deseo de renovación, de sacar al partido de la endogamia interna –ahora quejosa- y abrirlo de verdad a la sociedad, que cada vez es más exigente en su participación democrática y en los estilos de hacer política. Si bien, con todo ello asumido, Pedro Sánchez debería de haber guardado esas formas nuevas más participativas que pretende hacernos ver, al menos dejando constancia de la aprobación de la militancia, no tanto en la incorporación a su proyecto político, cuanto al acceso a las listas electorales, especialmente en el lugar destacado que se le ha reservado.

                Y sobre todo, nada de que Irene Lozano es una transfuga, pues no ha cogido el escaño logrado en las listas y con los votos de UPyD y se lo ha llevado al PSOE, sino que dejando su escaño logrado por UPyD, dándose de baja en este partido, ha accedido a la invitación del Secretario General socialista a integrarse a trabajar como independiente en su proyecto político, formando parte destacada de la próxima candidatura. En ello, ¡nada que objetar!.

FIESTA NACIONAL EN PLENA CRISIS NACIONAL

         Este nuevo doce de octubre, día de la fiesta nacional española, llega en pleno conflicto secesionista catalán –como del anunciado vasco-, en el que se celebró un referéndum ilegal, que según el gobierno español nunca se celebraría, y unas elecciones plebiscitarias, que en ambigua lectura se han querido sólo ver como autonómicas, en el que las fuerzas políticas catalanistas ganan en escaños del parlamento catalán, aunque pierden en porcentaje de voto, planteando una auténtica crisis de Estado, aunque el gobierno del Estado desde Madrid no quiera verla.

            El secesionismo catalán ha ido creciendo de forma importante en la última década, sin que desde el gobierno del Estado –necesitado de los votos nacionalistas para la gobernabilidad española- se hiciera una lectura realista de los motivos que han ido llevando progresivamente a numerosos sectores de la sociedad catalana a albergar la idea de la independencia catalana y la consiguiente ruptura española.

            Tal crecimiento del sentimiento nacionalista catalán y vasco se ha simultaneado con un progresivo decrecimiento del sentimiento nacional español, a veces disimulado desde el mismo poder del Estado para no desagradar a los nacionalismos disolventes, sin tomar en consideración la radical incompatibilidad que se iba fraguando entre ambas posiciones, teniendo en cuenta que la única posibilidad de coexistencia nacionalista territorial dentro del mismo Estado es la de un “nacionalismo cooperativo” que exponiendo su diversidad cultural voluntariamente, de tal forma, se incorpora al mosaico total del Estado-Nación que es la España contemporánea. Sin embargo, esa opción –presente sólo al principio del proceso autonómico- no ha sido la definitivamente escogida por las elites políticas catalanas y vascas, ya que han optado por un “nacionalismo competitivo” (más propio de la burguesía autóctona), al punto de acabar en una deriva secesionista (tradicionalmente de posiciones de extrema izquierda antisistema, que sin embargo, a día de hoy han abrazado casi un tercio de los catalanes –teniendo en cuenta el absentismo habido en las últimas elecciones- aliándose contra natura la derecha y la izquierda catalanista en una aventura secesionista).

            Ante esta situación, es obvio que la crisis política española está servida, en la forma de mayor gravedad pues afecta al núcleo del Estado, a su integridad, a su existencia y continuidad como tal, para lo cual un Ente Autonómico del Estado ha sido desleal con el resto del Estado saltándose la legalidad constitucional vigente, arengando a la sociedad catalana a una meta para cuyo logro no parecen reparar en límites legales o condicionamientos de realismo político. ¡Todo emoción…!, ¡todo utopía!.

            En este contexto llegamos a la celebración de la Fiesta Nacional, que en este país por resabios ideológicos, gestados en la dictadura franquista, ha sido confundida por algunos sectores de izquierdas como un remedo de las victoriosas paradas militares franquistas (de vencedores sobre vencidos), al tiempo que el simbolismo patrio fue exaltado inadecuadamente por grupos filofascistas de extrema derecha que sustentaban el régimen de Franco, de ahí la reacción de una izquierda vencida y humillada de rechazar cualquier tipo de simbolismo patriótico que recordara a la dictadura.

            Pero como en otras muchas cuestiones de la vida, en el término medio está la virtud, en presentar un nacionalismo español cooperativo, integrativo en su diversidad cultural, que de fundamento –como lo ha venido dando en los últimos siglos- a la Nación española con su identidad y sus símbolos que le son propios, como reflejo de la patria común de todos los españoles, empresa común que viene desempeñando una histórica labor secular de ingente alcance cultural, que en la actualidad puede jugar un extraordinario papel geoestratégico de puente entre Europa y Centro y Sudamérica, y en el área económica entre la UE y Mercosur.

            Nación que además, ha sabido leer de sus éxitos y fracasos históricos, habiéndose constituido en una democracia moderna, un Estado social y de derecho, sobre unos principios constitucionales que recogen los derechos humanos y sociales reconocidos por las Cartas constitucionales de los países más avanzados social, política y económicamente de nuestro entorno.

            Un Estado en el que todos los territorios de España juntos, vienen a conjugarse para la mejor defensa de sus intereses en la UE y en un mundo cada vez más globalizado, donde las alianzas son necesarias para el progreso de los pueblos, en vez del aislacionismo esencialista de determinados atavismos étnicos. Que además requiere su unión para su participación en alianzas de defensa que garanticen la paz y el progreso de las naciones en un contexto internacional casi siempre convulso por intereses geoestratégicos y económicos dispares.

            Un Estado que hacia el interior ha de velar por el cumplimiento de los principios constitucionales –garantía de convivencia pacífica entre los españoles-, lo que supone la necesidad de un estatus de ciudadanía idéntico en todos los territorios del Estado que garantice la igualdad de los ciudadanos.

            Por todo ello, resulta extremadamente necesario hacer pedagogía política en España sobre nuestro proyecto común, nuestra identidad desde la diversidad de los pueblos y culturas de España, para recuperar el sentimiento común que nos une, nos sostiene como Nación y nos identifica ante el resto del mundo, al tiempo que hace de nuestro país una sociedad libre, justa y avanzada cultural y científicamente, algo que es mucho más que una “marca” mercantil. Y eso hay que celebrarlo, hay que dedicarle espacios públicos para su acercamiento e identificación social que gane el sentimiento de la ciudadanía, que nazca de la sociedad y en ella se desenvuelva, mostrando los símbolos del Estado que dan consistencia y existencia al mismo. Tal demostración es necesaria de ordinario, pero especialmente un día en el que se festeje nuestra consistencia común, nuestra entidad pública nacional ante el mundo.

EL INDEPENDENTISMO CATALÁN FRACTURA LA SOCIEDAD CATALANA Y TENSIONA LA ESPAÑOLA

        Llegó el día anunciado por el gobierno catalán para la celebración de elecciones autonómicas, aunque el secesionismo catalanista lo planteó como plebiscito encubierto, y tras una escalada emocional ha votado más del 70% del censo, con el triunfo por escaños de los partidos secesionistas, en tanto en cómputo de voto individual el secesionismo apenas pasa el 47%, frente a algo más del 52% del voto constitucionalista.

        Una innecesaria tensión social que no logra sus objetivos políticos, en términos de legalidad internacional (dado que como plebiscito no logró la mayoría del voto de los ciudadanos catalanes), por tanto, con ese resultado aún escaso no parece razonable lanzar la operación secesionista pues se aleja de los parámetros convencionales de reconocimiento de una voluntad decidida de independencia, lo que hace improbable cualquier eco de apoyo internacional de la aventura catalana en su actual confección, por lo que no se explica la falta de entereza política y altura de miras de los líderes secesionistas catalanes ocultando su falta de triunfo plebiscitario y apostando por mantener la aventura separatista, lo cual contrasta con la actitud de los líderes secesionistas escoceses ante el referéndum del pasado año sobre la independencia escocesa, que ante unos resultados análogos (55% de voto en contra) reconocieron la negativa del pueblo escocés a seguir el proyecto cesesionista.

        Pero al propio tiempo, como unas elecciones autonómicas –que es lo que formalmente eran-, la conformación de un gobierno con 62 escaños a la coalición Juntos por el Sí (de CDC y ERC) –que por sí sola no logra la mayoría absoluta (68 escaños)- supone un notable retroceso de ambas fuerzas políticas que se ven en la obligación de recurrir al apoyo de la CUP (que ha logrado 10 escaños) que le impone de entrada unas condiciones de gobierno extremas: rechazando a Más como presidente y proponiendo la desobediencia civil catalana ya, lo cual radicaliza la política hasta niveles prácticos de insoportabilidad de los hipotéticos socios de gobierno, pues CDC tradicionalmente es una opción política de derechas catalanista en tanto que ERC lo es de izquierdas y la CUP de posiciones anarco-comunistas, cuyo común denominador sólo parece ser la fuga de España.

        Por otra parte, Arthur Más ha cavado su fosa política, pues con su derrotero secesionista como única propuesta pública en el ejecutivo de la Generalidad ha fracturado la vieja coalición de CIU (CDC y UDC), caído en votos – muchos de los cuales parece que han recalado en las aguas de C´s, como voto útil moderado de centro derecha, que junto con la fuga de votos del PP, parecen explicar el súbito ascenso de la formación de Rivera-.

        Pero también cabe leer de los resultados el descalabro del PP catalán, que con su política de confrontación centro – periferia ha colaborado a tensionar inadecuadamente la convivencia y la política catalana, en vez de buscar acercamientos en forma de diálogo, paciencia y soluciones ingeniosas (como las que se dieron en la época de la transición política española, que determinaron los logros de la misma), sobre todo ante la constatación de que un importante sector de la ciudadanía catalana no se encuentra a gusto en los actuales términos en que se está derivando la relación de gobierno territorial.

        Acaso esa haya de ser la gran lección de las urnas, en el sentido que pese al abultado apoyo de las tesis independentistas, aún no son suficientes, dado que hay una mayoría de catalanes que quieren seguir siendo españoles, y por consiguiente no hay una justificación que legitime democrática y moralmente ninguna aventura secesionista a día de hoy; pero ello no debe plantearse en términos de derrota (que tampoco lo es, dado el alto índice de apoyo secesionista), sino en términos de un replanteamiento de la cuestión, de buscar fórmulas convergentes que refuercen los niveles de autonomía política e identidad cultural y nacional, pero que también generen profundos lazos cooperativos de integración, pues la vertebración cooperativa entre Cataluña y el resto de España favorece a ambas, en una Europa Unida a la que concurrir juntos para tener mayor influencia en las decisiones de la misma.

        En este punto, parece que se hace necesario retomar puentes de contacto, diálogo, con el posible relevo de los interlocutores que se descalificaron e ignoraron mutuamente, para poder avanzar con nuevos actores en el camino de un encuentro, que posiblemente haya de llevar a la reforma del Título VIII de la Constitución, e incluso como apunta el PSOE –que pese a las dificultades se ha mantenido en Cataluña- a través de fórmulas federalistas que faciliten una mejor amortiguación en las fricciones del poder político periférico y el poder político central, propias del lance político ordinario. Todo ello antes que el inmovilismo arrogante y frentista que hace más secesionistas catalanes que el propio discurso de los líderes separatistas, y si alguien tiene alguna duda sólo basta repasar los resultados electorales de la última década. 

EL CONSTANTE PROBLEMA DE LA INVERTEBRACIÓN DE ESPAÑA

          El destino de España como Estado unido con un proyecto y una identidad común, tiene una larga historia que dio comienzo con los Reyes Católicos, que tuvo su máximo esplendor desde el reinado de estos hasta el de Felipe II, que fue una época de crecimiento por sucesivas incorporaciones de territorios coloniales, sin embargo, desde 1580 la historia de España es decadente y dispersiva como testimoniará Quevedo en sus famosos versos:

“Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes ya desmoronados 
de la carrera de la edad cansados 
por quien caduca ya su valentía. (..)”

         Y como lo hará Ortega y Gasset en su “España Invertebrada” en la que describió el proceso histórico de España desde el último tercio del siglo XVI afirmando que el: “proceso de desintegración avanza en riguroso orden desde la periferia al centro, de forma que el desprendimiento de las últimas posesiones ultramarinas parece la señal para el comienzo de la dispersión intrapeninsular”, indicando que a partir del 1900 empieza a sentirse el rumor de los regionalismos, nacionalismos y separatismos…

            Ya entonces Ortega con magistral análisis sociopolítico de la situación territorial española señaló como causantes del fenómeno disgregador no sólo a los regionalismos, nacionalismos y separatismos, sino también a lo que denominó el “particularismo del poder central castellano” que con su suspicacia se vuelve angosto y no se ocupa de otras regiones, abandonándolas a sí mismas, sin enterarse de lo que pasa en ellas. Así nuestro autor señala al “particularismo” como mal dominante en nuestro país, del que dice que es la manifestación de la perversión más profunda del alma de nuestro pueblo (el odio a los mejores, que ha llevado a la carencia de minorías directoras y al imperio de las masas), raíz del desprestigio de la política.

            Así en la actual coyuntura política que vive España (no está de más recordar estos retazos de nuestra historia), con una convocatoria de elecciones autonómicas catalanas (cripto-referendum independentista), que en el colmo de su contradicción va a posibilitar una sutil interpretación del voto –según escaños- para conformar una mayoría autonómica constituyente hacia un Estado Catalán independiente, sin que para ello se llegue a lograr una mayoría cualificada de ciudadanos catalanes, amén de saltarse la vigente y burlada Constitución española de 1978, repitiendo los mismos errores políticos en los que cayó la II República que propició la declaración de independencia unilateral catalana.

            Todo ello, nos debería hacer reflexionar sobre la contumaz actitud de ambas partes (constitucionalistas españoles y separatistas catalanes), para reformular políticamente esta extraña e incómoda convivencia política, pues en lo ordinario la convivencia no es mala. Pero se hace necesario un nuevo pacto político que diseñe un modelo territorial español en que todos puedan sentirse a gusto, atendidas sus peculiaridades, sin que sus particularismos nos fracturen debilitando la convivencia unida y la propia entidad de Estado que nos da el peso político necesario y conveniente entre uno de los mayores Países de la UE, que beneficia tanto a catalanes como a cántabros, vascos, murcianos y andaluces. Pues fórmulas políticas las hay, y aún parece que algunos de los líderes de este catalanismo combativo hasta parecen estar dispuestos a abordarlas, pero desde el Estado habría que dar un paso más allá del cierre de filas jurídico, dado que venimos insistiendo en que no estamos puramente ante una cuestión jurídica sino política, histórica, cultural y de convivencia, a la que políticamente se debería de haber dado respuesta antes de llevar el conflicto al borde del mismo abismo.

            Ahora bien, cabría esperar sensatez y altura de miras por ambas partes, para que tras el “desahogo electoral” en el que se dicen muchas inconveniencias y alguna que otra barbaridad, conformado el nuevo parlamento catalán del signo mayoritario que sea, el nuevo ejecutivo autonómico se abra a la negociación con el gobierno del Estado y viceversa para acometer las reformas políticas que la convivencia demanda, en beneficio de todos, sin rupturas que sólo aportarían perjuicios a ambas partes. Ante lo que habrá que esperar que desde la misma Jefatura del Estado se modere y arbitre un proceso de re-vertebración territorial, con las consiguientes reformas constitucionales que resulten necesarias.

LAS FIESTAS TAURINAS: ¿UN ATAVISMO SOCIAL DESFASADO E INDOLENTE?

           Los festejos taurinos, en sus distintas modalidades, están recibiendo cada vez más el reproche social de extensos sectores de la población española que no ve estos acontecimientos como festejos por la crueldad que se inflige a los animales, en un sufrimiento sádico por diversión –por consiguiente innecesario, y por ello inmoral-, a los que se tortura impunemente hasta la muerte.

            Sin embargo, aún persisten grupos en nuestra sociedad que interpretan estos fenómenos como hechos culturales de nuestro colectivo social, con amplio fundamento tradicional. Aspecto, en el que aunque se pudiera reconocer en teoría tales afirmaciones, no podríamos compartir que por ello mismo se justificara su práctica actual, como tampoco se permite ya el antiguamente denominado “crimen de honor”, entre otras costumbres atávicas que el proceso de civilización ha ido rechazando como compatibles con la nueva sensibilidad social del progreso de los pueblos y la humanización de nuestra sociedad.

            Así resulta grotesco que una población pueda encontrar diversión en el despeño de una cabra desde el campanario de una iglesia, como en el acuchillamiento por múltiples lanzadas del “toro de la Vega”, o el correr con reses en un muelle junto al mar para provocar su caída y subsiguiente ahogamiento, o el antorchar con fuego los cuernos de los astados y correrlos por las calles produciéndoles quemaduras y todo tipo de barbaridades, y ello sin contar con la decapitación de gansos en cucañas veraniegas, y otras tantas salvajadas, que no tienen ningún tipo de justificación ética en pleno siglo XXI.

            Si bien, singular es la cuestión de la fiesta taurina, las típicas y tradicionales “corridas de toros” que tuvieron gran arraigo en la población española en otro tiempo, dado que en la actualidad se aprecia una decadencia en la que llegó a ser denominada “fiesta nacional”, donde el hombre y el toro se juegan la vida en torneo desigual, para diversión de un público que paga sustanciosas cantidades de dinero por asistir a este tipo de espectáculos (que mercantilizado mueve mucho dinero, incluidos los réditos tributarios que ingresan las arcas públicas).

            Sobre el espectáculo taurino se ha construido una particular subcultura (una estética, una jerga, un estilo de vivir la fiesta –recreándola con tertulias, y envolviéndola en las ferias locales-, con su colorido y particular animación, si bien cualquiera de esos valores quedan claramente subordinados al superior valor de la vida humana, e incluso de la vida animal). Tal es así, que en tal festejo se pone en riesgo seriamente la vida de los toreros intervinientes, al punto de haber cosechado muchas víctimas mortales en el curso de su historia, lo que éticamente no se justifica ni como medio de ganarse la vida, ni mucho menos como forma de diversión o festejo.

            Pero además, considerando el caso de la víctima fija del festejo: el toro de lidia, hay que considerar que su vida habría de merecer el respeto humano –como lo merece toda vida animal-, que sólo justificaría su sacrificio por necesidad (o sea, para consumo humano, como ocurre con otros animales que se sacrifican), pero en ese caso (que no es la mera diversión), el sacrificio se hace actualmente en los mataderos autorizados utilizando medios incruentos para evitar el sufrimiento del animal, pues ha resultado demostrado que los animales sufren (se estresan y padecen el dolor que se les inflige con punzadas, golpes, y no digamos nada con la pica a caballo que le hace desangrarse para perder fuerza y ser más manejable para la diversión).

            Además en las corridas de toros no sólo sufre el toro, también lo hacen los caballos de los picadores cuando se les hace evolucionar con los ojos vendados ante el griterío del coso taurino, cargados con unas pesadas y duras telas –que son su salvavidas de las envestidas de los toros, pues en la mayoría de los casos evitan las cornadas de los astados, pero en modo alguno lo hacen con el traumatismo habitual que reciben de las embestidas día tras día en su abdomen-.

            Por consiguiente, creemos que va siendo hora que alguien vaya poniendo sensatez y humanidad en esta serie de cuestiones, y se abandonen estas tradiciones, que por antiguas no son en sí mismas constructivas, sino atávicas y moralmente abyectas.

            

Josep Borrell: "La independencia por las bravas no la va a aceptar nadie"

EN VÍSPERAS DE UNA “DIADA” ESPECIAL

            Iniciado septiembre, próximos al día 11 en que se celebra la “diada” (día de Cataluña, en el que los sentimientos catalanistas afloran en ese territorio), vuelven las expresiones de un sentimiento exacerbado de nacionalismo catalán, que cada vez se presenta con más beligerancia dialéctica frente al resto de España, y que empieza a tornar de lo cultural a lo político envuelto en “soberanismo separatista”.

            Pero en esta ocasión, se presenta una edición peculiarmente “soberanista” en el marco de un proceso electoral, que las fuerzas políticas secesionistas de Cataluña han planteado como “proceso plebiscitario” de lo que son unas meras elecciones al parlamento autónomo catalán, para deducir de dichos resultados la pretendida voluntad soberanista del pueblo catalán. Por eso, no es una “diada” al uso, sino una jornada de especial reivindicación nacionalista, que llega a confrontar a la sociedad catalana en dos bloques de sentimiento y opinión (secesionistas y constitucionalistas, los primeros en favor de la independencia de Cataluña como Estado al margen de España, y los otros posicionados como un territorio políticamente autónomo dentro de España). En resumidas cuentas, una sociedad dividida, que empieza a fracturarse, pues así de torpe se ha encaminado el proceso (desde Madrid y desde Cataluña) que lleva a la confrontación entre catalanes y entre españoles, volviendo a recaer en el viejo problema territorial de la invertebración española ante el ansia centrífuga de pequeñas elites en significados territorios, que siembran discordia, so pretexto de hechos diferenciales, para concretos intereses de tales elites.

            Siendo así, se constata uno de los clamorosos fracasos políticos de la democracia española (fruto del proceso político de la transición), al frustrarse la solución autonómica (generada en principio para satisfacer las ansias nacionalistas catalanas y vascas) que se asumió como fórmula de gobierno territorial para todo el Estado habiéndose evidenciado su fracaso con los grandes problemas que pretendió solucionar, así como con el resto de los territorios en que trajo graves problemas políticos y económicos de gobernabilidad que antes no se tenían.

            Además este germen independentista se ha ido alentando con el tiempo en el pleno proceso autonómico (generando desigualdades difícilmente compatibles con las ampulosas declaraciones constitucionales de igualdad de personas y territorios ante la ley), progresivamente crecida con las concesiones del Estado (activas, en unos casos, por intereses políticos; y pasivas, en otros para tratar de no ver el creciente problema).

            Incluso, a veces puede que la ingenuidad política de algunos de nuestros gobernantes haya contribuido a ello en la creencia que ciertas concesiones autonómicas (casi federales) vendría a satisfacer el ansia de poder territorial del soberanismo catalán, así como a su homólogo vasco, sin que lo hayan logrado, pues ya ni siquiera les vale la timorata propuesta socialista de un “federalismo asimétrico”, que en sí mismo supone tratamiento desigual (dado que la asimetría conlleva en su mismo concepto la desigualdad).

            Por el camino, mil y un desencuentro con multitud de temas (inmersión lingüística, financiación autonómica, cesiones de competencias estatales, etc.) utilizados  de forma desleal por el aparato propagandístico al servicio de los intereses políticos centrífugos para incrementar un victimismo desde el que mover al sentimiento reivindicativo frente al gobierno del Estado han ido labrando un profundo surco de discordia, ante el que el gobierno del Estado no ha estado atento para su contención y arreglo, evitando la previsible e indeseable confrontación que acabaría por deflagrar a ese “victimismo irredento” que echaría un complicado “pulso al Estado” de imprevisibles consecuencias.

            Así puede entenderse la forzada medida legislativa del gobierno del PP de dotar de ejecutividad a las decisiones del Tribunal Constitucional, sistemáticamente burlado a la hora de aplicar sus resoluciones, que lo hacen poco operante en orden al mantenimiento de la seguridad jurídica y de la legalidad constitucional. Si bien, no entendemos las tardías ambigüedades de otros actores políticos de responsabilidad, que lejos de apoyar la eficacia del “edificio constitucional” del Estado, postulan fórmulas equívocas o ya fracasadas de un “federalismo asimétrico”, que ha sido largamente superado por los acontecimientos (por lo que actualmente no convence ni a soberanistas catalanes ni a constitucionalistas), como tampoco son fáciles de entender ciertas declaraciones de líderes políticos que aspiran al gobierno del Estado, afirmando en Cataluña que se sienten “catalanistas” en lo que aparenta cierto filibusterismo político, para mejor ocasión.

            Va llegando la hora de la verdad en este conflicto, que no es otra que la de cumplimiento de la legalidad constitucional (sea de esta u otra Constitución, que es la que representa el “contrato de convivencia” entre españoles de todos los territorios del Estado; sea cualquier otra, que por los mecanismos de modificación constitucional se prevén en la carta magna), ante la que no cabrían atajos derivados del concreto cálculo político interesado, que podrían conllevar graves perjuicios al Estado y a todos los españoles. Por consiguiente, es hora de recordarles a quienes tienen responsabilidades políticas de Estado de su deber para con el mismo, en su defensa (como defensa de los intereses generales de todos los españoles), sin ambages, y empezar a mostrar a los líderes secesionistas los límites infranqueables, distinguiendo las meras opiniones políticas de las acciones que pudieran conllevar conductas contra el Estado, ante lo cual este se ha de defender con toda la legalidad vigente, ya que se ha fracasado con todos los intentos previos de concordia –que entrañaban la solución política-, y se ha consentido que el problema desbordara la filosofía y el interés de las elites secesionistas e inflamara al sentimiento de ciertos sectores sociales que se consideran “catalanistas”, hiperdimensionándolo peligrosamente.

CRISIS MIGRATORIA EN EUROPA

       Estamos asistiendo a una grave crisis migratoria de población desde lugares en conflicto bélico (Siria, Irak, Afganistán) que se une a las que tradicionalmente se vienen experimentando desde África y Sudamérica, que tienen el común denominador de la huida de la violencia y de la pobreza.

         Hecho que incrementa el fenómeno crítico de los movimientos migratorios sobre Europa, que por otra parte, más allá de programas de reforzamiento formal de sus fronteras (programa Frontex), apenas está tomando la situación con la diligencia y urgencia que requiere, tanto en organizar los flujos en las fronteras, atender a los refugiados y asilados como corresponde a su dignidad humana, posibilitándoles alojamiento y comida, además de tratar la situación de cada cual.

         Pero los hechos que nos vienen retransmitiendo los medios de comunicación, en forma de sucesos mortales, o de acumulación de personas (incluidas familias con niños) en medio del campo al sol con las altas temperaturas del verano en el sur europeo, incluso repeliéndoles con el empleo de fuerza pública, merece moralmente toda reprobación.

         Hay que tener en cuenta que muchos vienen huyendo de la guerra, que como la que ha desatado el Estado Islámico con gran crueldad genocida, les podría suponer la muerte de permanecer en sus países, por tanto, en no pocos casos habría de operar la figura del asilo político, del refugiado, más que la del emigrante, por estrictas razones de humanidad y justicia. Y tal cosa, debería conllevar una respuesta más urgente y eficaz de la UE y sus socios, que la cautelosa y recelosa filtración y cierre de fronteras.

         Además de memoria histórica y solidaridad, Europa haría bien en recordar los éxodos migratorios que provocaron las dos guerras mundiales en su territorio, con el sufrimiento subsiguiente; por tanto, por encima de cualquier otra consideración sólo cabe la aplicación efectiva de una ética solidaria que de cobijo a estas personas. Y ello, sin olvidar también, que los conflictos de los que huyen tuvieron –en cierta medida- su origen en la decisión de intervención en esas zonas geoestratégicas por parte del primer mundo que acabaron por desestabilizar zonas tan sensibles como Irak, Afganistán y la zona del Kurdistán, dando lugar a un radicalismo islámico belicista que se ha expandido por la zona inflamando la confrontación civil Siria con clara amenaza para la paz mundial.

         Por consiguiente, más allá de las medidas humanitarias de acogida, que son necesarias, deberían las potencias occidentales poner coto a este conflicto para poder pacificar la zona y con ello llevar la paz y el progreso ulterior a las extensas zonas en guerra posibilitando así la estabilidad socio-económica de los habitantes de la zona.

         De igual manera, que para evitar flujos migratorios masivos por las tradicionales razones socio-económicas, que suelen ser la mayoría de los casos de África y Sudamérica, habrían de conllevar una seria intervención de la ONU para propiciar la estabilidad política que de paso a la estabilidad económica y social, en vez de dejar a su suerte a países con regímenes tiránicos y cleptocráticos que esquilman los recursos de sus países y explotan a sus habitantes, cuya única oportunidad vital es percibida por estas poblaciones a través de la emigración.

         Sin embargo, hay que considerar que dicha opción no suele ser la solución cuando se lleva a cabo de forma masiva por lo que supone de mayor empobrecimiento del país de salida, y de conflictividad social en los países de llegada, si los flujos desbordan la capacidad real de la economía del país de llegada.

         Por consiguiente, atendidas las razones de urgencia humanitaria, habría de ir considerando el acometimiento de una acción a escala global (lo cual sólo es posible con la determinación de la Comunidad Internacional y especialmente de las potencias económicas y militares) para revertir este desorden injusto a escala internacional y apaciguar los lugares en conflicto empezando por la desparasitación política de los lugares más contaminados, que llegue a imponer un recto orden de cosas desde la honradez y la justicia, premisas iniciales para el desarrollo de cualquier nivel de convivencia económica y social, abandonando la codicia que a veces ha guiado las relaciones entre países del primer y tercer mundo, en que desde ciertos sectores plutocráticos del primer mundo, se han venido explotando los recursos de países del tercer mundo al modo colonial, entendiéndose con las elites políticas del lugar a cambio de permitirles todo tipo de desmesura y atropello sobre su propia población. Mientras no se abandone esa codiciosa hipocresía, seguiremos padeciendo un mundo injusto en el que parte de la población tiene que abandonar su tierra para que la dejen vivir, pero a cambio suele ser objeto de nueva explotación en los países de destino, junto con los desequilibrios que tal hecho genera cuando se da a gran escala.

         

LA UNION EUROPEA NO SUPERA LA CRISIS GRIEGA

          El proyecto de la UE se pone a prueba con la crisis griega, que más allá de una crisis económica, pone de manifiesto una profunda crisis del modelo político de una Europa unida, que no va más allá de las palabras y las buenas intenciones.

            Además se pone de relieve que el proyecto de UE –como federación política de Estados- no tiene un calado real, más allá de los intereses económicos del gran capital europeo y políticos de los grandes Estados de Europa, pues generado en base a tales intereses y estructurado sobre una burocracia central, se ha despreocupado de la realidad de vida de la ciudadanía europea, que ha ido viendo encarecer su coste de la vida, así como el endeudamiento público y privado en una riada crediticia que ha acabado por horadar el bienestar de la ciudadanía europea, so pretexto de ayudas y mejoras que sólo han primado a las altas rentas, con el progresivo deterioro de la clase media europea, todo ello dentro de unas marcadas diferencias económicas y sociales entre los países del norte y del sur europeo, sin que los plutócratas europeos hayan hecho nada real por nivelar esas profundas diferencias que tensionan cada vez más los débiles hilos con que se ha tejido este constructo político y económico continental que no acaba de “levantar el vuelo” y cuyo descrédito cada vez es mayor en la propia opinión pública europea.

            Por otra parte, la UE no parece haber sido capaz de abstraerse o precaverse de la gran ola globalizadora mundial, que el gran capital internacional ha tejido arteramente para el control de la economía mundial y la alocada competencia económica de países distintos y distantes entre los que no puede haber escala comparativa, para así obligar a bajas salariales, pérdidas de derechos sociales consolidados, precarización del trabajo, limitación de la negociación colectiva, de la normativa de salud laboral, etc., so pretexto de lograr una alocada competitividad que está desmoronando los cimientos del orden socio-económico europeo, antes conocido y reconocido como de los “Estados del bienestar” que propiciaron la paz y el progreso europeo tras las guerras mundiales, y que ahora se aboca a una profunda crisis económica, social y política con el caso griego y el nefasto modelo neoliberal sobre el que se ha montado la estructura económica de la UE.

            En consecuencia, parece obvio que el tratamiento de la crisis griega –que deviene de la crisis económica internacional, que venimos padeciendo- debería haber sido tratado con más cautela y solidaridad en el seno de la UE, en vez de mantener a toda costa el orden económico socioliberal que impuesto de tal modo ha buscado prioritariamente satisfacer a los intereses de los bancos y Estados acreedores de Grecia, en vez de promover soluciones solidarias de mutualización de esa deuda, como en el resto de los países deudores de la UE (Italia, Francia, España, Irlanda y Portugal), que en este tiempo, y de esa forma de solución global habrían superado los estragos de la crisis económica, en la que gran parte de los actores económicos y políticos que reclaman el lícito cumplimiento de las obligaciones de pago económicas, han sido actores activos en la gestación de la propia crisis (por acción u omisión, de la primera forma promoviendo un generalizado endeudamiento, asumiendo como válido el sistema de ausencia de políticas de vivienda social en pro de la producción masiva de viviendas y su venta a crédito hipotecario de la banca con los elevadísimos costes de adquisición de vivienda y reducción de renta disponible para el consumo, junto con el exponencial riesgo asumido por gran parte de la banca –como se ha visto- y el consiguiente incremento de la deuda pública; y por omisión, porque deberían de haber puesto coto a tal “orgía económica”, no haberse dejado influir por los actores económicos y haber cortado esa tendencia con la activación de políticas efectivas de vivienda social, y desarrollo de controles económicos y financieros que o no existieron o no funcionaron).

            Sin embargo, frente a esas propuestas imaginativas, solidarias, integradoras, se ha ido a la directa exigencia del cumplimiento legal de las obligaciones contraídas, aún a sabiendas de su escasa viabilidad, o incluso del sufrimiento social que ello suponía, acompañado de anuncios temerosos sobre el futuro caos que se ceñía sobre todos si no se cumplían las recetas económicas de los “gurús financieros”, que por otra parte se han evidenciado escasas en la solución del problema y de altísimo coste político y social, al punto de poner a sociedades enteras  “de rodillas” ante sus acreedores, que como en el caso de Grecia han dicho ¡basta ya…!.

            Claro que ante esta salida de Grecia por vía del impago –a la que se ha visto forzada por mor de los duros requisitos de pago impuestos por la UE- la reacción inmediata es la de cierre del crédito al país heleno con el más que probable colapso económico y social de este, que acabará por abandonar el euro y la propia UE, con la repercusión negativa que ello supondrá en el resto de los Estados de la UE, especialmente los que están luchando por salir a flote (España, Italia, Portugal, Irlanda y Francia), así como por parte de los que han sido acreedores de la deuda griega, entre ellos España (con un agujero estimado en unos 30.000 millones de euros, de nuevo un caso análogo al del agujero de las Cajas de Ahorro, que generarán importantes distorsiones en la precaria economía nacional).

            De ahí, que nos preguntemos si no hubiera sido mejor otra alternativa más solidaria con Grecia –que indirectamente también lo es con la propia UE-, habiendo salido con soluciones de mutualización de deuda pública por parte de la UE, que habría mejor resultado a la salida de este problema evitándose el marasmo subsiguiente en el entorno de la UE.

            Nuevo capítulo, pues que pone de relieve el artificioso constructo de la UE cuyo estado presente y futuro se va a resentir ostensiblemente por desprestigio de bloque real, y por desafección de la propia ciudadanía europea, que aprecia que a la hora de la verdad, de la necesidad ante una grave crisis se muestra un mecanismo ineficaz, pese a lo costoso que resulta en cargos políticos y burocracia que no han estado a la altura de las circunstancias.

HAY QUE CONTRIBUIR A DESTERRAR TODO TIPO DE INTOLERANCIA

            Las actitudes dogmáticas suelen abocar en autoritarismos liberticidas que quebrantan cualquier proyecto moral de convivencia social pacífica, pues es esencial en toda convivencia el respeto mutuo, para evitar que nadie resulte arrollado, dañado o postergado por las imposiciones de otros.

            En definitiva se trata de erigir la base convivencial sobre  el respeto a la libertad de conciencia, pensamiento, expresión y manifestación, etc.,  haciendo posible que cada cual viva –dentro de un marco de respeto cívico, amparado por la legalidad- como crea conveniente, siempre en beneficio del interés común, salvaguardando el respeto a las minorías.

            Por consiguiente, en toda democracia que reconozca constitucionalmente los derechos humanos y civiles, según resulta apropiado a la dignidad humana, se han de respetar los derechos individuales de creencia, ideología, expresión, etc. Si bien, en el ámbito de lo público, bien se ciñe a lo puramente colectivo que resulte del común denominador de la convivencia cívico-política de cada comunidad,  bien se dispone un ámbito cultural según corresponde al parecer mayoritario de la colectividad,  y  en todo caso, respetando el ejercicio de derechos y libertades individuales que garanticen a las minorías el ejercicio de sus respectivos derechos particulares.  Naturalmente, siempre proscribiendo cualquier conducta que perjudique a terceros, que conlleve algún tipo de daño o acción delictiva, entre las que se recoja las faltas de respeto a los demás (incluidas sus ideologías políticas, sus creencias religiosas, etc.). Algo que resulta extremadamente necesario para garantizar la pacífica convivencia social en las modernas sociedades multiculturales.

            Naturalmente, a ello ha de contribuir todo colectivo social, como la misma educación cívica social de manera que garantice una actitud social de permanente tolerancia, frente a pasados de intransigencia religiosa y política que tan nefastos resultados produjo, y sigue produciendo en sociedades donde el fanatismo y el odio se ha impuesto, disfrazado de argumentarios étnicos, políticos e incluso religiosos, en lo que resulta una gran paradoja difícil de explicar, que tanto sufrimiento ha reportado a nuestro mundo.

            Pero al propio tiempo, si se deploran dogmatismos y actitudes autoritarias tradicionales, no podemos dejar pasar los nuevos dogmatismos so pretexto de falsa progresía, ni mucho menos el anacronismo de la “tolerancia de la intolerancia”, que viene de la mano de grupos fanáticos que previamente han recabado la tolerancia para sí mismos, exhibiendo un victimismo legendario e irredento, para actuar en la práctica con gestos violentos de intolerancia como la ocupación de lugares sagrados –de uno u otro signo religioso-, la irrupción en actos religiosos alterando el orden de los mismos, o los ataques personales a miembros de entidades religiosas, como fue el caso del ataque que refleja la fotografía que ilustra este artículo, en el que un prelado católico fue atacado por feministas durante una conferencia en Nicaragua, como en su día un colectivo feminista irrumpió en la catedral de la Almudena de Madrid, o la edil de Podemos en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid, etc., etc.

            Ello no supone que se defienda la vuelta a experiencias políticas de confesionalidad, que han mostrado que no son todo lo positivas que se pretendieron, sino que en un ámbito de separación de Iglesia y Estado, en un mundo secularizado se puede y se debe convivir pacífica y respetuosamente con personas adscritas o de pensamiento diverso (confesional de uno u otro credo, aconfesional, agnóstico, ateo, laicista, etc.), sin que se hayan de imponer de forma autoritaria planteamientos laicistas liberticidas, dado que siempre habría de respetarse un ámbito de libertad personal y grupal (en la dimensión privada) que aseguren su práctica, y con ello el desarrollo pleno de la persona según su propio proyecto de vida en libertad.

LA CORONA SE SEPARA DE LOS PROBLEMAS DE FAMILIA

En una inusual decisión, el rey Felipe VI se distancia de los problemas de familia, retirándole el ducado de Palma a su hermana la Infanta Cristina, como consecuencia del desarrollo de los acontecimientos judiciales que llevan a que esta se siente en el banquillo para ser enjuiciada por lo penal junto a su marido.

Posiblemente haya sido una de las decisiones personales más complicadas del joven monarca, y pone de manifiesto cierto grado de antinaturalidad entre la institución monárquica y la institución familiar, en relación a que de esta última en el argot popular siempre se ha dicho “(..) que con razón o sin ella, siempre se había de estar con la familia (..)”, en lo que viene a reflejar un sentimiento natural de apoyo mutuo y solidaridad, en lo que la institución familiar suele ser ejemplo inveterado. No así, la política –incluso la política institucional con mayúsculas-, en donde los intereses institucionales y aún de Estado priman sobre los sentimientos familiares, e incluso sobre lazos de sangre.

Así el grado de exigencia de irreprochabilidad, así como del ejercicio carismático del liderazgo de Estado, es evidente que prima y ha de primar sobre los intereses particulares, y aún sobre los sentimientos personales. Tal es lo que haya de tachar de inhumanidad de dicha posición. Pero al tiempo, es dicha posición inmaculada, ejemplar, la que ha de guiar la ética pública, por lo cual no se puede permitir excepciones que no estén en tal línea de ejemplaridad pública.

Sin embargo, el hecho por necesario y esperado no deja de ser sorprendente por lo extraordinario que resulta. Al tiempo que no parece que se haya gestionado bien con la debida coordinación, dadas las contradictorias noticias del entorno de la Infanta, sobre que esta había renunciado a dicho título nobiliario antes que la desposeyera su egregio hermano, que a su vez, contrastan mal con las noticias dadas por la propia Casa Real y con los mismos hechos en los que el propio Rey ha sido el que finalmente lo ha dispuesto. De forma que si hubiéramos de dar crédito a las noticias de la previa renuncia de la Infanta, acaso se hubiera evitado el acto de fuerza de la revocación real del título nobiliario, y hubiera aparentado todo como más conforme, pactado, y naturalmente de menor dureza y rigor.

Ahora más allá del hecho en sí, de lo insólito y escandaloso del caso, de su afectación o no a la institución monárquica, pese a los “cortafuegos” aplicados; no podemos por menos que recordar hoy el injusto tratamiento que se le ha estado dando en algunos medios de prensa al juez instructor (dejado en plena soledad hasta por el Fiscal del caso, que se suponía debía de acusar), el trabajo que ha tenido que realizar en solitario, en un trasiego realmente delicado para su propia credibilidad profesional, con presiones ambientales múltiples. ¡Ahora qué…!. ¿Rectificarán todos los aquellos que montaron un frente público de opinión?.

A este juez, benemérito servidor público, el Estado le debe un homenaje, una distinción, como mínimo debería de ser galardonado con las máximas distinciones de los servidores de la justicia, como cumplidor ejemplar de sus obligaciones públicas.

LAS PITADAS AL HIMNO NACIONAL: SIGNO PATOLÓGICO POLÍTICO SOCIAL

             Llegada la final de la Copa del Rey de fútbol, nuevamente asistimos a una monumental pitada del himno nacional en presencia del mismo Jefe del Estado. El escenario se repite, casualmente en Barcelona en un encuentro de la final de copa entre el FC Barcelona y el At. de Bilbao.

            La pitada, que alcanzó los 119 decibelios, impidió la audición del himno y representó una gran falta de respeto, como mínimo, y de civismo, en tanto que el himno como la bandera y el escudo nacional son símbolos del Estado que es la base actual de nuestra convivencia cívica en el interior, así como signos de identidad común hacia el exterior.

            Sin embargo hechos como el comentado, representan una grave patología política y social de nuestro país, pues no es normal que la propia ciudadanía de cualquier Estado (que en definitiva es un proyecto común de convivencia) pite, abuchee, denoste y falte al respeto de sus propios símbolos nacionales, que son los que otorgan identidad común a nuestro Estado, que hizo gran historia siendo grande entre los grandes, conformando el antiguo Imperio español en otros tiempos, y que sin embargo, fruto de la propia decadencia interna ha llevado a nuestra comunidad estatal a un progresivo deterioro y pérdida de fortaleza, por nuestros “propios demonios internos” (divisiones regionalistas, rivalidades nacionalistas secesionistas, etc.), que no han tenido un adecuado tratamiento político, sino que por el contrario han sido el caldo de cultivo de las diferencias más torpes y lacerantes, que lastran el futuro del Estado, el despegue económico y desdibujan la realidad interna española.

            Por tanto, compartimos la nota de protesta gubernamental sobre este reiterado incidente, y apuntamos que más allá de las barajadas medidas coercitivas, parece muy necesario emprender una nueva pedagogía política de civismo y ciudadanía para todos los escolares del Estado, poniéndole límites a las acciones de deslealtad política de los nacionalismos secesionistas, y haciendo cumplir la ley en toda su extensión. Pues cuando esto sucede de forma reiterada, parece claro que algo se ha hecho mal en la política española, pues tal hecho es un síntoma de patología social, de peligrosas fisuras en nuestra convivencia.

            Al propio tiempo, en el orden deportivo parecería necesario adoptar algunas medidas cautelares, ante estos reiterados hechos, que más allá de las multas gubernativas correspondientes supusieran la exclusión como sedes de este tipo de eventos deportivos durante varios años.

            Pues este espectáculo lamentable y triste supone una falta de respeto a nuestro proyecto comunitario, nuestro proyecto de Estado-Nación, el incumplimiento de la legalidad vigente, la falta de respeto a lo que representa la Nación española y a todos aquellos que dieron su vida por hacer realidad nuestro Estado que hace posible nuestra propia convivencia interior (servicios públicos, seguridad, justicia, educación, sanidad, servicios sociales, etc.), la igualdad de todos los españoles ante la ley, y la defensa de nuestra comunidad estatal en el exterior (defensa y servicio exterior). Algo con lo que no se debe jugar, ni permitir que lo hagan desde el mimetismo colectivo. Y ello, pese al respeto a las minorías, que merece cualquier ideología y discurso, expresado con respeto, sin imposición y democráticamente testado. Pero lo ocurrido ayer en Barcelona, ¡nunca más…!. El Estado tiene la obligación de impedirlo, anticipándose a ello.

EL “TIBERIO” ANDALUZ: RESULTADO DE LA FALTA DE LIDERAZGO

                El artero adelanto electoral en la autonomía andaluza por parte de la presidenta de su Susana Díaz, so pretexto de mejorar la gobernabilidad, que por cierto tenía concertada con IU, la ha abocado a un exiguo triunfo por mayoría simple, reportándole 47 escaños (conservando los que tenía en la anterior legislatura) pero lejos de la mayoría absoluta que se sitúa en los 55, con un desplome del PP que obtuvo 33 escaños (de 50 que tuvo la anterior legislatura), con la concurrencia de las nuevas fuerzas políticas  Podemos con 15 escaños y Ciudadanos con 9, quedando IU con 5 escaños (de los 12 que tenía anteriormente), que le obliga a consensuar acuerdos para poder gobernar, bien en coalición, bien en solitario.

                Dado que el sistema es parlamentario, no gana las elecciones la fuerza más votada –de no sacar mayoría absoluta-, pues en tal caso se ha de construir una mayoría estable de gobierno sumando escaños obtenidos hasta el logro de una mayoría absoluta por acuerdo político, que haga estable la gobernabilidad, o bien por el contrario, mediante el apoyo, o no oposición en la investidura por mayoría simple, que supone necesariamente una mayoría inestable de gobierno, en todo momento sometida al férreo control de la mayoría en contra de la Cámara, que se tiene que poner de acuerdo para generar un alternativa de gobierno, no siempre posible. O finalmente, si esas circunstancias no se da, habría que ir a una nueva convocatoria de elecciones para dirimir un resultado que propicie el una mayoría de gobierno necesaria.

                Por consiguiente, de entrada nos parece que Susana Díaz erró en el cálculo de sus posibilidades de triunfo electoral con mayoría suficiente de gobierno, y el adelanto que procuró al resto de las elecciones locales y autónomias, la ha situado en una complicada encrucijada, ya que de los posibles apoyos (descartando al PP cuyo apoyo, en principio sería “contra natura”, y a IU despechada por el estratégico adelanto electoral, además de dolida por su espectacular caída de representación –que tampoco alcanzaría por sí sola el apoyo suficiente para la ansiada mayoría absoluta-) se reduce a Podemos y a Ciudadanos, que fueron denostados en campaña como competencia electoral por el PSOE, para el que los primeros consideran parte de su denunciada “casta política” del sistema bipartidista, planteamiento análogo en lo que contra el bipartidismo tiene también Ciudadanos. Pero sobre todo, porque ambos partidos imponen serios condicionantes al PSOE de lucha anticorrupción –que centraron en los dos símbólicos dirigentes socialistas andaluces: Chaves y Griñán, pendientes de investigación judicial por el Tribunal Supremo, con exigencia de abandono de sus respectivos aforamientos y de cargos públicos, que tan duro se le hizo a Susana Díaz que se “crió políticamente” con ellos, a los que también políticamente heredó-.

                Además, en el momento actual, en plena campaña electoral, como probablemente después por la siguiente convocatoria de las elecciones generales, cualquier movimiento de apoyo se puede interpretar políticamente como condescendencias incoherentes contra el bipartidismo y su “casta política” que denuncian Podemos y Ciudadanos, por lo que el arreglo estratégicamente es difícil, sin pagar un precio político en las urnas.

                Sin embargo, la situación genera en Andalucía un “Tiberio” de magnitud, por cuanto la falta de gobierno lleva a la mayor autonomía española a una situación de transición, de interinidad que no es buena para el interés general de los andaluces, pero en esto Susana Díaz no puede eximir su propia responsabilidad al ser el origen del problema generado, y mucho menos trasladarlo a otros partidos, que no hacen sino mantener con coherencia sus postulados públicamente defendidos. Pues mal empezarían, si a las primeras de cambio empezaran a excusarse y a hacer lo contrario a lo prometido, como nos tienen acostumbrados a hacer el PP y el PSOE, por más que digan que hicieron lo que tenían que hacer. Ese argumento no se fundamenta si es contrario a lo mantenido para la obtención del voto y subsiguiente representación, pues en tal caso, lo honesto es volver a convocar elecciones.

                Pero al mismo tiempo, lo que está revelando esta crisis política andaluza es la falta de auténtico liderazgo de Susana Díaz, a quien ya se le presentaba como la nueva “lideresa socialista del país”, e incluso sus patrocinadores y “palmeros” políticos no han parado de darle coba y presentarla como el auténtico relevo al frente del PSOE, cuando con sólo revisar su biografía se evidencia que es producto y diseño político interno que poco a poco ha ido progresando por la vía interna a las instituciones autonómicas accediendo al ejecutivo andaluz, donde finalmente ha sido la “delfín” de Griñán al que heredó políticamente. En virtud, de lo cual, dada la notable influencia del socialismo andaluz en el PSOE, “de oca a oca, y tiro porque me toca…”: la posicionaron en pugna con el Secretario General socialista en Ferraz, Pedro Sánchez. Sin embargo, ha bastado la primera oportunidad para verificar que no tiene madera de liderazgo político, como se está viendo en el manejo de la crisis que tiene actualmente encima.

                Además, cabría recordarle tanto al PSOE de Susana Díaz y al PP de Rajoy, sobre sus respectivas pretensiones de gobierno del partido más votado, que tal medida –no prevista actualmente así en la ley- es contraria al planteamiento del sistema parlamentario por el que se rigen nuestras elecciones en los diferentes niveles representativos (Cortes, Asambleas legislativas autonómicas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos), pues se eligen diputados, senadores, diputados autonómicos o provinciales y ediles. Los ciudadanos no eligen la conformación de los diferentes gobiernos de forma directa, sino indirecta, ya que el número de los diputados o ediles elegidos votan la confianza para la conformación de un gobierno (nacional, autonómico, provincial o local), y para ello se ha de contar con la mayoría de los electos, especialmente hacia una mayoría absoluta de gobierno estable. La razón de este sistema viene dada para contemplar –en el caso de inexistencia de mayorías absolutas- la conformación de consensos mayoritarios que cuenten con la mayor participación posible por diversa que sea.

                Por consiguiente, hay que ser coherentes con las reglas del juego, tanto cuando se obtiene mayoría absoluta, como cuando no se logra y se necesita la negociación y el consenso para conformar mayorías y gobernar, tal es así el mandato dado por los ciudadanos en las urnas cuando sucede este reparto de escaños en diversas fuerzas políticas, y ello no tiene por qué ser ni mejor ni peor que las mayorías estables de gobierno (que vemos actualmente, en nuestro país que han traído consigo cierto grado de descontrol de la acción del gobierno que ha venido a facilitar en cierto modo la corrupción política).