VIDAS HIPOTECADAS: UNA NUEVA FORMA DE ESCLAVITUD

En plena crisis económica una de las consecuencias de las consecuencias más dramáticas, además del paro, es la de la pérdida de vivienda y condena vital a la insolvencia de cientos de miles de personas con sus familias en toda España.

            Situación que además de tremendamente injusta lleva, casi a la “muerte civil” a los que han tenido la desgracia de perder sus negocios o su empleo y no poder hacer frente al crédito hipotecario para la adquisición de su vivienda familiar, que poco tiempo antes el mismo banco y los promotores inmobiliarios facilitaron a muchos trabajadores, en unas condiciones aparentemente más ventajosas que un alquiler.

            Se podrá decir, desde una perspectiva individualista y jurídicamente formalista, que se lo hubieran pensado mejor, que esas consecuencias ya se prevén en los contratos de préstamos hipotecarios, y en ese nivel no habría objeción.

            Pero es en otro nivel, en el de la política y la ética social, que ha de contemplar soluciones de “justicia social”, y no mera “justicia individual” o simple legalismo, para dar solución a un inmenso colectivo de trabajadores que en su día accedieron a una vivienda en unas condiciones onerosas para ellos, y ventajosas para el sector inmobiliario, y bancario, del que no se puede desentender un gobierno justo, y menos uno de raíz socialista obrera, por cuanto en su día pudo haber facilitado una mayor generación de vivienda pública, y de alquiler –tan escaso en nuestro país-, lo que en cierto modo contribuyó a que una mayoría ciudadana acabara en manos de los mercaderes del momento, en cuyos orígenes está gran parte de la actual crisis económica. Por consiguiente, es de justicia no dar la espalda a tantas familias embarcadas en este tipo de situación.

            Para empezar, habría que modificar la legislación hipotecaria española mucho más dura con el deudor hipotecario que la existente en otros países del entorno –incluido EEUU- en que cuando se ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda el banco, al adjudicársela queda liberado el deudor hipotecario. Mientras que en nuestro país, queda obligado con sus bienes futuros a pagar la cantidad del crédito pendiente después de haberse adjudicado el banco la vivienda por la mitad de su valor. Hecho que conlleva prácticamente una insolvencia vitalicia del deudor ejecutado.

            Otras medidas de justicia, podrían ser las de no desalojar al deudor hipotecario de su vivienda por impago de las cuotas de la hipoteca, mediante un mecanismo bien de renegociación de la misma, bien de suspensión de los plazos e intereses hasta que no logre de nuevo un trabajo y por tanto, nuevos ingresos con los que hacer frente a su deuda.

            Y si alguien, con mentalidad “fenicia” piensa en el interés del sector bancario, que no se preocupe, pues a la vista está que la “banca siempre gana”, pues cuando se inició la gran crisis, el socorro gubernamental del sector fue sin reparos y no exento de dosis de opacidad, con dinero público, por consiguiente si al sector bancario le “estamos sacando las castañas del fuego” entre todos, parece justo que este se comprometa socialmente con una ciudadanía que no ha puesto reparo a su gobierno para que con dinero público se ayude a empresas multimillonarias.

            Así que como se reconoce en el dicho “hoy por mí, mañana por ti…”, que además de reflejar una realidad, bien podría servir de lema para imponer una prácticas sociales y solidarias a la banca española, dentro del marasmo financiero en que nos encontramos.

            Y por otra parte, el gobierno realmente de testimonio y ejemplo de ejercitar su acción de gobierno de forma social, y según el interés común, aunque la banca tenga con los grandes partidos, grandes detalles de condonación de créditos pendientes de pago; algo que no debería condicionar en modo alguno decisiones socialmente justas como las que se postulan.

UN NUEVO EPISODIO EN EL CONFLICTO DEL SAHARA

El problema saharaui es uno de esos conflictos no resueltos durante años, que permanece latente hasta que algún nuevo episodio lo pone patente, siendo entonces como ahora cuando la prensa internacional denuncia hechos como los del ataque marroquí al campamento, y la subsiguiente situación de disturbios y sitio a la ciudad de El Aaiun.

            Este conflicto, además se vive con cierto grado de intensidad en España, pues no en vano, nuestro país formó parte del mismo hasta el abandono, por “descolonización súbita”, o mejor dicho relevo en la misma por Marruecos, tras forzar el episodio de la Marcha Verde, en los “estertores” del régimen franquista, y sobre el que se tienen una “mala conciencia social” de cómo se hicieron las cosas.

            Pero hemos de recordar que entonces, España era atacada por el Frente Polisario, bajo auspicio de Argelia, que infligió numerosas bajas de españoles, incluidos ataques a pesqueros que faenaban en las aguas del banco saharaui. Y por otro lado, no podemos olvidar la hostil acción marroquí forzando con la Marcha Verde una confrontación, que podría haber traído consigo una guerra a tres bandas (España –potencia colonial-, Marruecos –que lo pretendía- y Argelia –ocultándose en el Polisario-), desestabilizando el área saharaui y mediterráneo occidental, de tan elevado interés estratégico para nuestro país. Que por otra parte, habría de cerrar el proceso de descolonización llevado a cabo en África, a mitad del S. XX, con lo que tenía más que perder que ganar en el caso de seguir adelante con el conflicto.

            Por consiguiente, se tomó la mejor de las opciones para el interés de España, si bien por la situación interna española, y la presión de los agentes en conflicto en la zona, se hizo una dejación de las habituales funciones que asumía la potencia colonial con los territorios coloniales en todo proceso de descolonización, si bien arteramente encargó de esa responsabilidad a la ONU, que la asumió, pero no la ejerció, por más que se haya apelado al proceso de descolonización del Sáhara a través del conocido referéndum de Naciones Unidas, que no se ha llegado a realizar, pues con el transcurso del tiempo, los datos censales han podido ser sustancialmente modificados a favor de Marruecos, actual ocupante.

            De manera que España testimonialmente puede manifestarse a favor de dicho proceso, como parte que intervino en la zona, pero sin embargo los actuales intereses españoles no pasan necesariamente por avalar la posición de un Polisario que cuando era la potencia ocupante le resultó beligerante, como tampoco con Marruecos que fue el vecino desleal aprovechado de las circunstancias para granjearse nuevos intereses políticos, económicos y territoriales. Por consiguiente, no es mala la salida española de señalar a la ONU como responsable de tutorizar dicho proceso.

            Pero apelar a la ONU, tiene una clara connotación de intereses estadounidenses – o al menos que no se perjudiquen-, por consiguiente la ONU ha ido tomando distancia física y temporal del problema, y de hecho Marruecos ha sido la que se ha salido con la suya, pese a la resistencia de la población saharaui, al parecer mermada y dividida, ante un Polisario radicalizado que parece acoger las nuevas tesis islamistas, que en la actualidad molestan hasta al mismo Estado argelino que le apoyaba. Por consiguiente, el problema se ha agravado dado el peligro de propagación islamista de la zona, que no interesa ni a Argelia, ni a Marruecos, ni a España, ni por supuesto a EEUU.

            Motivo por el cual la lógica geopolítica, ante una probable generación de un Estado Saharaui fallido, que pudiera ser base del terrorismo islámico sobre la zona, que podría llegar a desestabilizar a los países circundantes, e incluso África central y el Mediterráneo Occidental, parece aconsejar no asumir riesgos y mantener el statu quo de la zona bajo control marroquí, país que además tiene un alto grado de occidentalización con sus matices.

            Consiguientemente, es muy loable defender los derechos de autodeterminación del pueblo saharaui, incluso la condena del uso excesivo de la fuerza represiva contra los insurgentes. Pero por puro realismo político, que es lo que rige en política internacional, lo aconsejable va de la mano de los intereses de los países de la zona y de su estabilidad. Hecho que determina, en definitiva, la misma actuación de Naciones Unidas.

LA CONTROVERTIDA REFORMA DE LA OFICINA JUDICIAL

La Justicia en nuestro País, en los últimos treinta años, está sometida a un proceso de cambio continuo, o “perpetuum móvile”, para que en definitiva no cambie nada, al menos en el resultado último del producto de la misma, consecuente al servicio público que desempeña, puesto que sigue siendo lenta, costosa, y en gran medida ineficaz.


Tras lo cual, ahora se emprende una nueva reforma de la oficina judicial, de forma que los Juzgados, que mal que bien funcionaban en su “caos natural” pero que en el fondo mantenían un “instintivo orden” dentro del caos. Actualmente, se han convulsionado, por la desorientación que se ha generado con la implantación del nuevo sistema de organización, en el que se reestructura toda la oficina judicial, que salvo algunos apoyos concretos a los órganos judiciales, pasa a ser una administración común a todo el aparato judicial, generándose a semejanza de la organización de la Administración Civil, los servicios, secciones, negociados y equipos, en los que se reubicarán todos los efectivos funcionariales.

Todo este novedoso sistema para la Administración de Justicia, que no para el resto de las Administraciones Públicas, ha generado la natural zozobra de los cambios profundos entre el funcionariado afectado, generándose importantes dudas sobre la eficacia de la nueva medida, que sólo parece ver la línea de mando (entre el Ministerio de Justicia y el TSJ), pues en el plano de funcionarios base el pesimismo les abate, fruto del desconcierto sobre el profundo cambio de organización y nuevo rumbo marcado.

No obstante, el optimismo oficialista empieza por reconocer que no se apreciarán los benéficos efectos pronosticados a esta reforma hasta que no transcurran al menos seis meses. Así que siendo realistas no esperemos nada antes de un año. Y aún así, ya veremos….

Naturalmente esta zozobra no sólo la padecen los funcionarios de justicia, sino también la abogacía y la procuraduría, cuyos resultados profesionales pasa en gran medida por el buen funcionamiento del servicio público judicial, que si ya venía dando problemas, actualmente en esta etapa se han agudizado estos, aunque sean meramente transitorios, pero a lo que se ve no van a ser meramente coyunturales, sino que la “travesía del desierto” se promete larga.

Por otra parte, hay que reseñar que la Región de Murcia es pionera en la implantación de la nueva oficina judicial, algo que los máximos responsables de gobierno del TSJ parecen haber asumido con especial arrojo, pero que también les puede dar algún que otro quebradero de cabeza. Ya se sabe aquello de que “prestarse voluntario” jamás; pues es más cauteloso ver los resultados experimentales en cabeza ajena.

En cualquier caso, seguiremos atentos a la marcha de este proyecto, que parece no contar con el apoyo sindical, que en el día de ayer –en que se puso en marcha el proyecto-, ya manifestaron sus protestas especialmente por la incertidumbre y precipitación con que se estaba desarrollando este proceso en Murcia.

LAS CONTROVERTIDAS RELACIONES CON LA VENEZUELA DE CHAVES

Hugo Chavez con su régimen autoritario y antidemocrático, de factura nacional-populista no alineado, en su afán de ubicarse en el contexto internacional, y de marcar cierto “liderazgo marginal” de la Comunidad Internacional, se viene destacando por sus comentarios inadecuados, cuando no impertinentes, hacia otros Estados miembros de la Comunidad Internacional, cuando no le siguen la corriente, o sobre todo le recuerdan que debe respetar los derechos humanos en su país, cada vez más mermado de libertades públicas.

En esa línea está el último contencioso que mantiene con el Gobierno de España por la petición de extradición judicial de Arturo Cubillas, supuesto colaborador de ETA, que de forma incomprensible en unas relaciones normales entre dos Estados, se niega dicha entrega e incluso se responde de forma inamistosa por parte del Embajador venezolano en España –otrora Fiscal- con unas más que desafortunadas declaraciones, que lejos de replicar a ese nivel el Gobierno de España, atemperó la situación, hasta que Caracas cogió la iniciativa pidiéndole de forma sorpresiva la entrega de un exmilitar venezolano.

Todo ello, acompañado de una “jerga argumental pseudodemocrática” y de respeto de derechos, en un país donde el régimen bolivariano ha resultado ser tan poco respetuoso con las voces disidentes que las ha tratado de acallar con cierre de medios de prensa, y con encarcelamientos por motivos políticos, por más que lo nieguen sus autoritarios gobernantes.

Fruto de estos hechos ha sido la reciente carta de protesta de una veintena de presos políticos venezolanos, que afirman que “negar su existencia como tales, sería tanto como afirmar que los etarras no son terroristas”, en respuesta a las torpes e hipócritas declaraciones de la nueva ministra española de exteriores, Trinidad Jiménez, que llegó a negar la existencia de estos presos en el país caribeño, en lo que resulta ser un ejemplo más de su errónea política exterior con Venezuela.

Pues tal actitud de supuesta prudencia, más próxima a la hipocresía de negar la realidad, no sólo no la agradece Caracas, sino que le ha cogido la medida melíflua para seguir cargando contra España, de forma que por si alguien pensaba que todo estaba ya superado, el embajador venezolano en Madrid ha vuelto a protagonizar otro extraño episodio, del que se dice víctima, de una supuesta retención en el aeropuerto de Barajas, lo que ha motivado una nueva queja del gobierno venezolano.

De forma que este “exquisito canciller”, ahora adalid de todo derecho, fue precisamente el fiscal general venezolano que participó en los procesos penales contra estos presos que denuncian importantes irregularidades y conculcación de sus derechos fundamentales, lo que moralmente le inhabilita para lanzar sospechas de torturas, y sobre todo por su actitud imprudente, debería ser rechazado por el Gobierno español como representante diplomático extranjero, retirándole el placet, y llamando a consultas al embajador español en Caracas. Ya que hasta tanto el Gobierno español no responda con contundencia ante provocaciones y gestos inamistosos, no pondrá límites a este tipo de problemas, que revelan un mal de fondo en las relaciones diplomáticas entre ambos países, que más allá de meros intereses comerciales, la dignidad nacional de España no puede tolerar este tipo de gestos inamistosos y de controversia continua por parte de agentes gubernamentales extranjeros en España.

Pues de lo contrario, habríamos de preguntarnos: ¿cuál será el próximo episodio en esta escalada de fricción?.

LA MILITANCIA ANTICLERICAL: LOS NUEVOS ICONOCLASTAS

            Ante la próxima visita del Papa Benedicto XVI a España ha surgido un movimiento anticlerical, que sobre la base de postulados laicistas, se manifiestan contra la visita del Papa, de forma análoga a lo que hicieron en el reciente viaje de este al Reino Unido.

            Este movimiento, nada espontáneo, hace un apostolado laicista, si bien se enfrenta a la Iglesia Católica, en este caso a su máximo representante, con una amalgama de argumentos mal conjuntados –que ponen de manifiesto la debilidad última de la razón de su oposición- pues juntan argumentos para manifestar su oposición a la visita papal que van desde el gasto del viaje, a la prohibición moral de la Iglesia sobre los preservativos, pasando por el rechazo a cualquier tipo de costo público de la visita.

            De entrada, habría que manifestar un respeto por esas manifestaciones, aunque no se compartan sus argumentos, por cuanto supone asumir la libertad de expresión y sus consecuencias. Pero de igual manera, hemos de manifestar nuestras objeciones, ya que cualquier expresión pública de unas creencias religiosas, como de unas ideas políticas, tienen su amparo constitucional en la libertad de expresión y en la libertad religiosa, y por consiguiente son legítimas, lícita y moralmente hablando, además de una práctica democrática muy saludable.

            Pero más allá de ello, hemos de considerar que la repercusión pública de unas creencias, políticas y religiosas, en un régimen democrático va en función de la mayoría, por lo que resulta igualmente legítimo que esa mayoría –si así lo decide- disponga que determinado tipo de efectos de su religión, de su ideología política, y de su filosofía de vida tengan su trascendencia en el ámbito público, sin más límite que el respeto a los demás y especialmente a las minorías. Algo que en nada se afecta por la visita de un líder religioso al país.

            Lo mismo que en el ámbito del respeto a las minorías, nada impide que los no creyentes, o creyentes de otros credos religiosos, puedan tener sus celebraciones particulares, sus reuniones, asambleas, o sus medios de difundir sus ideas. De hecho los laicistas las están ejercitando. Si bien lo que no parece lógico ni justo es que el laicismo minoritario condicione el ejercicio de sus libertades públicas a una determinada mayoría – en este caso católica-, como tampoco sería lógico ni justo que fuera al revés.

            Otra cuestión es el tema de los costes, porque el de los preservativos no parece razón seria para oponerse a la visita. Así habría que distinguir costes del viaje propiamente dicho, de los costes de acondicionamiento de lugares públicos, o de gastos de transportes, seguridad pública, etc., estos últimos costes son claramente de cargo del Erario Público, que acoge a un huésped en su territorio, como ocurre con los altos dignatarios de otros Estados, no se les pasa la cuenta de esos gastos, como no se los pasan a España cuando se ocasionan en otros países, por visitas del Jefe del Estado o de Gobierno, o como ocurre con las frecuentes cumbres de la UE, o de otros acontecimientos internacionales.

            Pero además, resulta que todos estos acontecimientos suelen mover muchos viajeros, peregrinos, etc., que generan gastos de consumos en las ciudades por donde pasan, de igual manera que sucede cuando un país acoge un evento deportivo de primer orden (olimpiadas, o campeonato mundial de fútbol, por ejemplo), acontecimientos en los que hemos visto a gobiernos de Estados compitiendo por adjudicarse alguno de esos eventos, por diverso tipo de razones, entre ellas las expuestas. Por tanto, el argumento del gasto público no es por sí un argumento impediente o determinante para negar una visita de Estado como esta.

            Incluso, abundando en el argumento, cuando tintes demagógicos se critica la visita y se niega sobre el argumento que se expresa de “..con mi dinero no…”, además de lo dicho, habría que añadir que ninguna recaudación impositiva tiene un destino concreto y limitado, sino que se asigna al correspondiente presupuesto público en la partida de gastos, que el Gobierno considera más adecuado realizar por ser conveniente al interés público. Pero si no fuera así, se podría también decir, que con mi dinero no se subvencionen clubes deportivos millonarios, ni se subvenciones sindicatos, ni organizaciones empresariales, que deberían ser mantenidos por sus socios o integrantes. En eso, también podríamos estar de acuerdo, de hecho en el IRPF ya se indica que cada contribuyente indique o no la casilla para la Iglesia Católica, conforme a su criterio; algo que no se da opción aún en los otros casos citados, que por justicia deberían también de reflejarse.

            En fin, creo que toda esta convulsión de manifestación anticlerical, en la que participa algún sindicato –con orígenes ambiguamente católicos-, no deja de ser demagógico, antidemocrático y liberticida. Propia de unos nuevos “iconoclastas”.

PREVISIBLE CONTINUISMO EN LA NUEVA PRESIDENTA DE BRASIL

Tras la marcha de Lula da Silva de la máxima magistratura brasileña, las urnas le han sido nuevamente fieles, dando como resultado el triunfo de Dilma Rouseff, delfina de Lula, que él mismo apoyó, y que refleja una biografía que le ha llevado desde la guerrilla frente al gobierno dictatorial (1964-1985) hasta la misma presidencia del país sudamericano.

            La situación de Brasil que, bajo el mandato de Lula,  se ha venido conformando como una de las economías emergentes después de la China e India, siendo uno de los países más poblados del subcontinente sudamericano, representa todo un ejemplo de madurez social, política y económica, que ha posibilitado el resultado comentado.

            A la llegada al poder de Lula con su partido de los trabajadores, de orientación izquierdista, este viejo luchador sindical tuvo claro que su preferencia política pasaba por sacar de la pobreza y la incultura a una importante parte de la población de Brasil, y realmente, con sus luces y sus sombras, lo ha conseguido en gran medida, posicionando a su país como una de las economías emergentes más importantes del mundo.

            Lejos queda ya la confrontación sociopolítica que se dio en Sudamérica en los años sesenta, en plena guerra fría, con el miedo al comunismo de EEUU –que no estaba dispuesto a repetir nuevas experiencias revolucionarias como la cubana, en lo que consideraba su “espacio vital”-, que propició el apoyo del desleal e interesado vecino del norte a terratenientes y militares golpistas, que implantaron sucesivos regímenes reaccionarios en forma de dictaduras militares que tanto sufrimiento llevó a sus habitantes durante décadas, perpetuando un estancamiento social de los estratos más bajos de la sociedad –que eran los mayoritarios- frente a las minorías oligárquicas que detentaban el poder de forma impúdica con el apoyo yankee.

            Por lo que la llegada de Lula con sus planteamientos políticos de izquierdas, sólo fueron posibles en un entorno de normalización de la situación política internacional, y de pérdida del miedo estadounidense a la proliferación de movimientos de izquierda en Sudamérica.

            Pero al mismo tiempo, su carácter pragmático, no dogmático, propició dentro del propio país una interacción de los diferentes sectores sociales, que lejos de colisionar, se pusieron a “remar en la misma dirección” de crecimiento económico progresivo del país, y de una consecuente acción social, que ha logrado así el actual “milagro brasileño”.

            Por consiguiente, Lula puede ser además ejemplo para otros países sudamericanos, de un gobernante de izquierdas, que armoniza bien las fuerzas económicas y sociales en acción, y consigue aunar esfuerzos por el bien del país. Sin tener que recurrir a tópicos filocomunistas, como el castrismo, populistas nacionalistas como la denominada doctrina boliviariana de Chaves, el indigianismo Morales, o el caciquismo populista del peronismo argentino. Todos los cuales, tienen sumidos a sus respectivos países en un permanente atraso económico y social, autoimponiéndose un extraño no alineamiento aislacionista, más o menos acusado, según el caso.

            Entre tanto, el mérito de Lula ha sido no caer en ese tipo de estrambote para pago de su propio “mito personal”, sino que con sus convicciones de amplia carga social, ha sido capaz de articular una política de Estado integradora de los diferentes sectores del país, generando estabilidad, confianza y progreso, aunque como en toda acción de gobierno haya también errores. Pero no por ello hemos de obviar el gran mérito que a Lula le corresponde en la realidad actual brasileña.

            Hasta tal punto, esto es así, y se siente en el país, que incluso su electorado ha hecho caso a su recomendación a favor de la candidata que finalmente ha ganado, pero también se dice que está preparando su regreso a la vida pública activa, tras este periodo de la presidenta Rouseff, de la que se espera inicialmente una continuidad de la política de Lula.