EL 23-F: UN LAMENTABLE SUCESO QUE JAMÁS DEBIÓ OCURRIR

En este trigésimo tercer aniversario del fallido golpe de Estado, recordamos una efemérides de un lamentable acontecimiento –entre los lamentables de nuestra historia nacional- que jamás debió ocurrir, si bien es el resultado mal gestionado de presiones políticas, económicas y del terrorismo etarra que atenazaba dramáticamente la vida española.

Fue un trágico suceso, que afortunadamente acabó resolviéndose de la mejor manera posible, sin víctimas, lo que facilitó una complicada solución interna en un estamento militar –que tras ser objetivo del terrorismo etarra, y aún con pervivencias franquistas, supo resolver internamente un deshonroso lance en su propio seno- que de esa manera se incorporó definitivamente a la nueva etapa democrática.

No es el momento de entrar en los detalles, causas y participantes en aquella operación, ni siquiera en su tragicómico desenlace, sintetizado por el teniente coronel Tejero cuando supuestamente se le postulaba el General Armada para presidir un gobierno de concentración, cuando le dijo que para eso no hacía falta tomar militarmente el Congreso de los Diputados. ¡Y era una gran verdad!.

De ahí las especulaciones literarias y periodísticas sobre el golpe, sus entretelas, sus autores y copartícipes, aún sus encubridores, y sus diversas variables, a día de hoy no aclaradas del todo, pese al transcurso del tiempo –que posibilita la prescripción de los tipos delictivos, y en que algunos de sus afectados más o menos directos ya fallecieron-.

Tal parece que algunos de los implicados, posteriormente condenados y finalmente indultados, no compartían el mismo guión golpista, lo que da pie a pensar también en los apaños de última hora, o en sumarse a una intervención que no se comparte plenamente para seguidamente reconducirla al propio interés; lo que dio lugar al estrambótico final de la operación militar de fuerza tomando el Congreso.

A día de hoy, se van comprendiendo mejor las circunstancias y hasta detalles que se han ido revelando, con el tiempo, que aparentemente eran contradictorios, pero encajan en esa idea de acumulación de proyectos de golpe, de intencionalidad y alcance del mismo (simple golpe de timón ante lo que parecía estar escapando de las manos del poder fáctico, desahogo de un sector del ejército victimizado excesivamente por ETA sin una respuesta que fuera contundente –según exigían no pocos militares y sectores influyentes de la época; no se olvide que pocos años después nació el GAL y el Batallón Vasco Español-; o marcha atrás de la democracia y vuelta al autoritarismo franquista bajo tutela del ejército y poderes fácticos de la época). Al parecer no existía un consenso en el planteamiento y alcance y así se puso de manifiesto en el discurrir de los acontecimientos. Y tras ellos un pacto de escrupuloso silencio y una “omertad” corporativa bajo el escudo de un honor mal entendido, impropia de un país democrático y libre como se dice que es España.

Pero sobre todo, por higiene democrática, a estas alturas de la historia, transcurridas más de tres décadas, la ciudadanía tiene derecho a conocer los detalles, proyectos, intervinientes directos e indirectos, y la toma de posición de importantes agentes de poder político, financiero y militar. Pues hay quien cuenta la historia a su manera, y existen historias muy contradictorias respecto de determinadas y señaladas personalidades en los aciagos hechos del golpe, ante lo que la historia demanda ya la verdad, para conocer a los auténticos héroes y villanos de los acontecimientos de tal día como hoy de hace treinta y tres años, que hubieran podido cambiar notablemente el curso de la historia de España y la de no pocos españoles.

EL OBISPO DE TANGER DENUNCIA COMO ANTIEVANGÉLICA A 13TV

La 13 TV –cadena de la Iglesia Católica en España- desde el inicio de sus emisiones está teniendo un perfil editorial e informativo muy sesgado e inclinado hacia la derecha política y sociológica española, algo que no sólo no representa el sentir de la Iglesia en su totalidad, sino que tampoco es fiel al evangelio de Cristo para ser consecuente con una cadena televisiva de la Iglesia.

Tanto los informativos del canal de televisión, como las tertulias de análisis político y de actualidad, tienen una escandalosa inclinación hacia la derecha conservadora española, postulándose no pocas veces de manera abierta por la línea política del PP, sobre la que arteramente se suele construir el número y tipo de invitados a las tertulias, en las que otras opciones y sensibilidades políticas o están ausentes permanentemente o apenas se les da cabida más allá de lo meramente testimonial, para simular una pluralidad inexistente en la práctica de los programas.

Tal es así, que el otras cadenas de televisión y radio de sensibilidades distintas y distantes a la cadena de los obispos, hablan de 13TV (comparándola con Intereconomía, más inclinada a la derecha conservadora, y a Es Radio) como el “TDT Party”, en clara alusión al Tea Party americano (de porte ideológico ultraconservador en el ámbito cultural, y neoliberal en el económico), algo así como el eco mediático y social de esas ideas ultraconservadoras y neoliberales norteamericanas en nuestro país.

Algo que no es de extrañar, porque algunos de los periodistas de la cadena e invitados (en número proporcionalmente superior) se expresan por la liberalización pura y dura de la economía –cuando la desregulación de la misma ha dado lugar a crisis como la que estamos padeciendo, en medio de grandes estafas bancarias y financieras-. Señalan la conveniencia y necesidad de privatizar servicios públicos, entregándolos a la pública almoneda de los capitales especulativos para engordar sus ámbitos de negocios a costa de los ciudadanos, que veremos mermar el contenido y prestación de estos servicios públicos al pasar a manos privadas donde el único objetivo es el ánimo de lucro empresarial, en vez del interés general que ha de guiar la finalidad de todo servicio público, como son los casos de la sanidad y la educación, redundando en un empobrecimiento de la población, donde cada vez hay más pobres en número y auténtico nivel de pobreza, y otro grupo social poco numeroso cada vez más rico.

Es triste y lamentable que en una cadena televisiva de la Iglesia, que podría dar una palabra profética –como lo está haciendo el Papa y muchos cristianos- sobre los tiempos que vivimos y los auténticos cambios de valores sociales que urgen, y que bien podrían ser valores humanos –contenidos en el Evangelio-, en este “ágora católico” esté ausente del debate y del análisis la Doctrina Social de la Iglesia, la consideración del “bien común”, del “interés general” de la sociedad, en vez del puro y duro ánimo de lucro y análogos planteamientos individualistas del liberalismo y conservadurismo burgués, en vez de considerar la situación desde el personalismo filosófico de personalidades como Jaques Maritain, Romano Guardini, Henri de Lubac,  y Juan Pablo II, entre otros; o del personalismo comunitarista como Enmanuel Mounier, Nedoncele, Peguy, Martin Buber –desde el humanismo hebreo-, etc. O sobre todo el corpus de la Doctrina Social de la Iglesia con sus profundos contenidos.

Sin embargo, por el contrario escuchamos la “doctrina Merlos” de un joven y enérgico periodista que hizo un desafortunado alegato de los incidentes de los inmigrantes en la playa del Tarajal de Ceuta, en que murieron quince seres humanos de color, que con valentía ha denunciado el Obispo de Tánger –el franciscano Mons. Agrelo- como “línea antievangélica”.

La Conferencia Episcopal Española debería ir despertando de su prolongada siesta en la que viene sumida sobre su autocontemplación permanente, y mirar a su alrededor sobre el sufrimiento que está inflingiendo la crisis económica global, reflexionar a la luz del Evangelio los actuales “signos de los tiempos”, y tras ello actuar con urgencia solidaria en un entorno donde la caridad urge a predicar al auténtico Cristo, con valentía denunciando las estructuras de pecado instaladas en una economía falsaria, en unas relaciones sociales hipócritas y antinaturales, para ser así coherentes con la fe que se predica y que se ha de vivir, sin cuya coherencia nadie piense en acciones de evangelización. ¡Ya no cuela en este tipo de sociedad, desengañada, y hasta cierto punto desesperanzada….!.

Y sobre todo, por favor, hagan caso al valiente obispo norteafricano y cambien la línea editorial de 13TV, y de paso, también la de COPE Radio, adecuándolas a criterios más evangélicos, más abiertos a la pluralidad de nuestra sociedad, y a la línea posconciliar que se dio la Iglesia en el Vaticano II, aunque seguidamente se archivara durante varias décadas, por miedo, comodidad, o posiblemente por falta de auténtica fe.

EL CUESTIONAMIENTO POLÍTICO DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

El compromiso español de defensa de la justicia universal, mediante la acción de los Tribunales de Justicia españoles en el orbe mundial para la persecución de delitos de lesa humanidad, parece estar llegando a su fin –tras un controvertido ejercicio internacional, con más pena que gloria-, pues el gobierno español del PP trata de ponerle fin a este loable intento de justicia universal.

La verdad es que esta pretensión que encierra loables pretensiones de justicia parece que responde más a una utopía que a la propia realidad del orden internacional que genera no pocos problemas a la diplomacia española cuando se ve interferida la acción exterior del Estado en sus relaciones con otros países mediante una acción extraterritorial de la justicia española.

De hecho cuando se generó y prodigó en nuestro país, vino a colisionar con el principio jurídico de territorialidad de la normativa, en el sentido que la normativa española tiene su límite territorial en el propio del Estado español, no siendo de aplicación fuera de las fronteras del país, en que rige la normativa de cada país en su propio territorio, y la normativa internacional en el conjunto de la comunidad internacional.

En ese sentido, parece más adecuado que fuera la comunidad internacional, a través de organizaciones internacionales, especialmente la ONU o de la jurisdicción internacional que se le reconoce al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, los que se encargaran de hacer efectiva la normativa internacional, y muy en particular aquella referida a la protección de los derechos humanos, y a la persecución de crímenes de lesa humanidad. En vez de que lo sean algunos Estados  por su cuenta, aunque lo hagan en la noble defensa de los intereses de sus nacionales, pues de esta forma se perturba el orden de las relaciones internacionales, y la interlocución entre los gobiernos de los Estados en sus relaciones bilaterales, o multilaterales, a través de los foros internacionales u organismos transnacionales.

Pues la convivencia pacífica entre los Estados es un bien de interés general en cada uno de los respectivos Estados, que no debe de verse eclipsada por la acción criminal de alguno de sus nacionales, reclamada por Tribunales de otro país, ante los que habitualmente cada Estado suele reaccionar protegiendo la integridad de sus propios nacionales, negando su extradición, generando un indeseado e indeseable conflicto que acaba por interferir en las normales relaciones bilaterales entre los Estados afectados.

Sin embargo, la cuestión tiene otra dimensión cuando la intervención lo es de un Tribunal u Organismo Internacional que en el ejercicio de sus competencias internacionales, trata de perseguir los crímenes contra la humanidad y la conculcación de los derechos humanos, pues suele tener una presentación más justificable política y jurídicamente, al tiempo que no suele erosionar las relaciones bilaterales entre los Estados afectados.

Además que los resultados reales son escasos e ineficientes, además de ocupar a los Tribunales estatales en “cruzadas de derechos humanos” que acaban diluidas en el piélago jurídico de los distintos Estados, con la consiguiente ocupación de recursos humanos y materiales que probablemente nuestra Administración de Justicia no se pueda costear en los momentos actuales, y que la diplomacia española y los intereses internacionales de Estado tampoco lo hagan muy aconsejable. De hecho, baste recordar algunos de estos episodios que han acabado siendo esperpénticos por su ineficacia y por la interferencia que ha generado al gobierno de turno en la acción exterior del Estado.

Por ello, habría que concluir con gran realismo sobre la inoperancia e inoportunidad de este planteamiento, debiendo asumir su corrección como la imposición del sentido común en las relaciones diplomáticas, y la vuelta a los principios generales del derecho, entre los que habitualmente ha estado el del ámbito territorial de la normativa estatal y de los Tribunales estatales. Lo cual, no quiere decir que se tenga que ser condescendiente con los delitos de lesa humanidad y con el incumplimiento de los derechos humanos, sino que estos han de perseguirse en ámbitos internacionales y tribunales de dicho rango, que suelen tener mayor eficacia en su acción, y no suelen interferir la diplomacia internacional.