LLAMADA A “ARREBATO” DE RUBALCABA A LOS LÍDERES SOCIALDEMÓCRATAS EUROPEOS

Ante la profundidad de la crisis económica, social y política, que estamos viviendo, en la que las políticas neoliberales tampoco aciertan a sacar a los países de la crisis que el propio sistema capitalista las ha sumido,  el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha dirigido a los líderes socialdemócratas europeos para pedirles una reacción, una reformulación de sus políticas, para poder erigirse como alternativa a la tremenda crisis que amenaza al propio sistema político y económico de algunos países de la Unión, entre ellos España.

Además de esta forma intenta también Rubalcaba quitarse de encima el “san Benito” que le pusieron a los socialistas de ser los responsables de tan colosal crisis, que el PP iba a arreglar tan pronto llegara al poder, porque se trataba de una cuestión de confianza en el Gobierno de España. Discurso no sólo falaz, sino que se demostró absolutamente incierto con el paso de los meses, y la actuación de un nuevo gobierno –en este caso, del PP que ganó con mayoría absoluta abrumadora- pero que se quedó prácticamente colapsado entre los anuncios de medidas de reforma y las que seguidamente rectificaba o simplemente dejaba de aplicar, o los propios cambios de política entre las anunciadas electoralmente, especialmente en materia impositiva, o en los recortes de servicios sociales.

Pero no deja de ser una acción –la de Rubalcaba- que con aparentar cierto interés, no debería quedarse en mera cosmética, ya que se le podría volver como un boomerang. Pues además, Rubalcaba tiene una gran contestación interna en el propio PSOE que va perdiendo peso político e influencia territorial, de forma inusitada hasta el presente. Habiendo llegado a cosechar su formación los peores resultados de su historia reciente. Quedándole aún el Gobierno de Andalucía y Asturias, logrados por mayoría simple y de forma no muy estable.

Por consiguiente lo que viene a plantear Rubalcaba a sus colegas socialistas europeos, es algo que también tiene que hacer él mismo en su propia casa, conseguir un auténtico liderazgo político –que no ha logrado-,  presentando un programa político creíble, que recoja el clamor de la calle, de las clases media y trabajadora del país, que son los que realmente están pagando la crisis económica –por pura decisión ideológica de un PP entregado a las tesis neoliberales-. Un programa que habría de recuperar su originaria ideología laboralista-obrera, poniendo énfasis en la defensa del “Estado del Bienestar” (en fase de derribo por el PP), volviendo a recuperar la concertación social, que se respete la ley y los convenios colectivos, que se ajuste el hiperdimensionamiento de la burocracia política –que hasta ahora ni el PP ni el PSOE han mostrado interés en ello-, que se promueva una auténtica democratización de las Instituciones Públicas, Partidos Políticos y Sindicatos, abandonando el sistema de “control” por los aparatos de los mismos, que ha dado lugar a la gestación de la “clase política actual” desentendida del clamor ciudadano.

Habría que considerar que la Socialdemocracia europea, también en crisis haberse adaptado a un sistema de alternancia en el poder, postulando políticas centristas, cada vez más escoradas a la derecha, por pura aceptación del desarrollo del mercado en la configuración actual que le ha dado el capitalismo, y en tal situación, apenas se aprecian diferencias de proyecto político entre la derecha neoliberal y la socialdemocracia descafeinada que se nos oferta.

La socialdemocracia europea –y entre ella el PSOE- si quiere presentar una alternativa creíble, habrá de hacer seriamente sus deberes, empezando por reflexionar sobre sus raíces y sentido, aspirando a recuperar un profundo sentimiento social que defienda a la clase trabajadora, para lo cual habrá de presentar un programa alternativo para dar respuesta a las tesis neoliberales, en vez de adaptarse al marco ideológico y de hecho, con el sólo matiz de postular la defensa de los servicios públicos. Eso por sí sólo sería totalmente insuficiente y errado.

Ha de plantear una regulación del mercado, mediante la implantación legal de controles financieros que eviten la gran estafa mundial que dio origen a esta crisis. Establecer un marco fiscal progresivo y justo (eliminando las Sicav), regular un marco laboral de mínimo infranqueable sobre los derechos laborales y sociales de los trabajadores, evitando el deterioro que se ha producido, y en definitiva refundando un “Estado del Bienestar” que lleguen a blindarse en nuestras Constituciones nacionales.

Pero para ello hace falta liderazgo, valentía y honradez política. El primero se gana con un discurso claro y decidido; la segunda se expone diariamente en la defensa pública de las propias convicciones; y la tercera se demuestra cuando se abandone el maridaje entre la política y la gran empresa, pues no pocos políticos acaban retirados como consejeros de empresas con cuantiosas retribuciones. Y los propios partidos políticos suelen ser rehenes de la banca por débitos de créditos electorales y de diversa índole. Todo lo cual, impide lo anterior.

Por consiguiente, si Rubalcaba no quiere o no puede cumplir esos requisitos de partida, podría empezar por olvidarse de convocatorias europeas ad hoc; y desde luego, debería dar paso a otra gente del Partido capaces de articular una política coherente justa, alternativa real  de defensa ante las tesis liberalizadoras y desreguladoras que están en el origen de toda esta ruina. 

LA POLÉMICA REIMPLANTACIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES

La reimplantación de las tasas judiciales ha traído una nueva polémica en el ámbito de la política, lo cual no deja de ser extraño dado el discurso ideológico de unos y otros partidos sobre el particular, desde los que consideran que la gratuidad de los servicios públicos ha de ser total, pues para ello ya se pagan impuestos; a los que consideran que en determinados servicios públicos –cuando no en la mayoría de ellos- el ciudadano que los utiliza ha de contribuir al pago del mismo, aunque sea testimonialmente para un uso más racional de los mismos, con conciencia del gasto que ello supone.

Sin embargo, la polémica que ha generado en el ámbito de la propia Administración de Justicia resulta menos comprensible, ya que la queja pública manifestada por colectivos de jueces, fiscales, secretarios y funcionarios de la justicia en nuestro país, no parece sostenerse mucho, en cuanto a su fundamento y sobre todo legitimidad, dada la circunstancia que dichos colectivos son de funcionarios de diversa clase y categoría de la propia Administración de Justicia. Los mismos que se quejan de la falta de recursos públicos, justo cuando mayor número de juzgados se han creado, mayores infraestructuras traducidas en sedes judiciales, y la consiguiente logística para su adecuado funcionamiento.

Esos mismos funcionarios que en otro momento reclamaron más medios, y se les ha ido facilitando de forma abundante –acaso no de forma plena-, habrían de entender que toda esa implantación ha generado un importante gasto público y hay que hacerle frente, en medio de una crisis económica –que también padecen como empleados públicos-. Por consiguiente, deberían de aceptar esta vieja vía de ingresos, que no es desconocida a nuestra Administración de Justicia, para coadyuvar a su sostenimiento, y para reducir la litigiosidad de escaso fundamento. Todo lo cual, habría de ir en mejora de la prestación del servicio.

Desde la perspectiva del ciudadano común que padece a su nivel los rigores de la crisis ( por paro, reducción salarial, traslados, ERE´S, que ha visto gravadas las tasas de la educación no obligatoria, así como el pago de diversos servicios de la sanidad pública, más otros que se vienen anunciando), no acaba de comprender la queja del colectivo funcionarial de la Adminsitración de Justicia. Salvo que le moleste hacerse cargo de un nuevo trámite de cobro de las tasas públicas por el uso del servicio, lo que lleva una burocracia aparejada. Pero forma parte del trabajo.

Apelaciones a la merma de la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución, como motivo para no cobrarlas, parece que tampoco tiene solidez jurídica. Ya que el reconocimiento de ese Derecho no implica la gratuidad del mismo. También se reconoce el derecho a la vivienda y no se nos facilita gratis.

Cuestión diferente es la protesta de la abogacía, pues con el restablecimiento de las tasas judiciales es previsible que se reduzca la litigiosidad y con ella la potencialidad de facturación de los abogados por litigiosidad judicial; si bien, por experiencia se sabe que cuando se confía en que el derecho ampara una determinada posición, no se excluye por precio el litigio, además de las múltiples actividades del abogado en cuestiones extrajudiciales que le permiten minutar sus derechos. Aunque también la abogacía ha de reconocer que las retribuciones públicas que perciben por atender el turno de oficio en los Tribunales, que van con cargo a los presupuestos públicos, tienen que ser atendidos por vía de ingresos públicos para su viabilidad, como el resto de los servicios públicos; por lo cual, no resulta descabellado utilizar esta nueva vía de ingresos. Y si son sinceros, lo habrán de reconocer también.

Por último volviendo al terreno del análisis político, desde perspectivas ideológicas, podríamos asumir la gratuidad del servicio judicial, como la de la sanidad pública, o la educación pública. Pero eso supone, un replanteamiento contable que concierne a las cuentas del Estado, que habrán de ver incrementados sus ingresos. Así pués, nos gustaría conocer esas alternativas contables, pues ¿de dónde se piensa obtener ingresos para mantener la plena gratuidad de todos los servicios públicos?, ¿se incrementarán los impuestos?, ¿cuáles?; o ¿se reducirán otras partidas públicas como carreteras, ayudas sociales, cultura, etc.?. Por consiguiente, el discurso no es gratuidad sí o no. Sino ¿de donde se saca el dinero?, ¿a costa de qué tipo de sacrificio alternativo?. Así de sencillo y claro.

EL DRAMA DE IBERIA EN EL CONTEXTO DE UNA CRISIS DE ESTADO

Fenómenos como la profunda crisis económica, la crisis política con ruptura del pacto constitucional que posibilitó la transición por parte de los nacionalismos secesionistas clásicos y emergentes, y el fracaso del modelo autonómico de Estado, lleva a considerar que en conjunto estamos inmersos en una auténtica “crisis de Estado” de profunda gravedad y amplia complejidad.

Es así que en esa situación parece que todo se tambalea, que no sabemos si podremos pagar las deudas públicas y privadas, que además se reivindica la secesión catalana por el propio gobierno autónomo y se augura otro tanto con la vasca, todo se torna provisional, inseguro, de una extrema gravedad.

Y así uno se los graves síntomas de la actual descomposición española se puede ver en el caso del reajuste empresarial de Iberia, la que fuera compañía aérea de bandera, ejemplar en su crecimiento y desarrollo que tuvo a su cargo diversas filiares entre las que destacaron hasta Aerolíneas Argentinas, en tiempos de progreso y atinada gestión de la Compañía aérea española, que creció hasta situarse entre las primeras del mundo, con enlaces aéreos con casi todos los países del mundo.

Sin embargo, su evolución emprendió un camino de descenso, de forma incomprensible, y el imperio aeronáutico de Iberia empezó a decaer. Hasta el punto que se negoció una alianza, integración o compra de la misma por British Airways, que ha condicionado claramente su futuro, ya que ha perdido su divisa con la que nació y además queda expuesta a las fluctuaciones de la economía como compañía subordinada a la de sus nuevos dueños ingleses.

Así las cosas, inexplicablemente una compañía que tenía beneficios, ha venido dando últimamente unas pérdidas de 262 millones de euros hasta septiembre, motivando una serie de medidas que pasan por la cancelación de las rutas más deficitarias (Atenas, El Cairo, Estambul, Santo Domingo y la Habana), que tratará de compensar incrementando rutas a Brasil, México, Centroamérica, Chile y Ecuador a larga distancia, o a Londres,  Casablanca, Malabo, y Dakar. Y sobre todo, se plantea un plan de restructuración de Iberia, compañía que hasta septiembre acumulaba pérdidas de 262 millones de euros, incluye el recorte de 4.500 empleos, reducción salarial de entre el 25 y el 35 %, una disminución de rutas del 15 % y de la flota (25 aviones menos), así como la segregación de actividades de mantenimiento y servicios en tierra.

En definitiva, todo un símbolo de la crisis, pero lamentablemente en un contexto superior de “crisis de Estado”.

LAS GRIETAS CONSTITUCIONALES EN EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Se celebra otro año más el día de la Constitución, que en 1978 posibilitó la transición ordenada de un régimen dictatorial a una democracia de porte occidental. Esa misma Constitución otrora alabada, y hoy cuestionada en algunos de sus aspectos –más o menos sustanciales-.

Así en este día de conmemoración de este benéfico hecho de orden jurídico político, que nos ayudó a articular nuestra organización estatal, a entendernos, a posibilitar el diálogo político y social entre los españoles, y a favorecer una economía social, hemos de hacer recuento tanto de lo logrado como de lo frustrado, de lo conseguido y de lo perdido –tras haberse conseguido-, y sobre todo de los requerimientos de los nuevos tiempos que estas tres décadas de historia han ido presentando.

Consecuentemente, como en todo balance hay dos partidas: “el haber” y “el debe”, y finalmente un saldo de la cuenta que nos revele si el resultado es positivo o negativo.

Nuestra Constitución tiene en su “haber” la democratización de la vida pública del país, su modernización, y la normalización de la vida política e institucional en parámetros homologación democrática, que han hecho factible la prolongada y pacífica convivencia –que en nuestra historia reciente de los siglos XIX y primera mitad del XX no ha sido habitual-, y sobre todo ha posibilitado el arreglo casi total de algunas de las grandes fisuras de nuestra sociedad, en torno a la solución de la “cuestión religiosa” y el ajuste de la “cuestión social” –esta última, en peligrosa regresión con ocasión de la crisis económica-. Y sigue teniendo abierta la fisura –que está creciendo dramáticamente- del problema “territorial” del País, sobre la base de la problemática de los nacionalismos centrífugos no cooperativos que apuntan hacia tesis secesionistas, y una torpe política estatal de falta de iniciativa propia, más allá del atrincheramiento en propias posiciones. Problema, que hemos de cargar en “el debe” de nuestra Constitución pues el Título VIII ha dejado torpemente abierta la cuestión autonómica, que ha generado una espiral de demanda competencial hasta el propio independentismo.

Por consiguiente, lo que antes era una petición de reforma del Título VIII de la Constitución, ahora es una urgente necesidad, que ha de apuntar hacia fórmulas factibles de compromiso interterritorial, que difícilmente podrá bajar del esquema federal de Estado.

De la mano de la anterior cuestión, y dada la existencia de Cámaras Legislativas en todas las Autonomías, parece lógica la reforma Constitucional tendente a la supresión del Senado –pues así carece de su labor de Cámara territorial, y de paso se contribuiría al ahorro público-.

Igualmente el tema de la sucesión de la Corona sigue pendiente de arreglo, pues no parece lógico mantener la contradicción constitucional de declarar la igualdad entre el hombre y la mujer y al tiempo preferir en el orden de sucesión de la Corona al hombre sobre la mujer. Algo asignable al “debe” de nuestra cuenta.

Con el transcurso del tiempo, parece que no resulta muy recomendable la existencia de una jurisdicción constitucional con sede en un Tribunal Constitucional, separado del orden jerárquico judicial –en la medida que no conforma una Sala del Tribunal Supremo-, pues tal configuración se ha revelado en la práctica altamente perturbadora en el funcionamiento del propio “Estado de Derecho” en cuanto a las disensiones perjudiciales entre poderes del Estado, en casos de gran relevancia política. Por tanto, dada la necesidad de ahorro público, parecería lógico reformar la normativa legal para que transformar el Tribunal Constitucional en una Sala del Tribunal Supremo, en vez de que se mantenga con sede jurisdiccional propia. Y así nos ahorraríamos algo más que dinero…, también algún que otro disgusto en cuestiones que suponen gravosas facturas para el Estado.

Y sobre todo, habría que reforzar todo lo concerniente a la configuración de las libertades públicas –para que no se cercenen-, y lo relativo al “Estado Social” pilar clave del arreglo y pacificación de la sociedad española, que en los últimos años –so pretexto de la crisis- se está recortando de forma escandalosa y grave. No parecen compatibles con tal declaración constitucional determinado tipo de políticas neoliberales, que habrían de buscar no sólo el apoyo electoral coyuntural sino también la legitimación jurídico-política con una reforma constitucional que plantee abiertamente ese importante cambio de la configuración constitucional de nuestro Estado. Pues de lo contrario, llevar a la agenda de gobierno determinado tipo de políticas de supresión y recorte de servicios públicos y ayudas sociales, así como de retroceso de la negociación colectiva laboral parecen contrarias a la referida definición social del Estado según definición constitucional.

Por consiguiente, en este día constatamos que la Constitución vigente tiene arrugas y grietas, que demandan una rápida reparación que habrá de ser producto del diálogo político con reflejo de las voluntades mayoritarias y respeto a las minorías disidentes, producto de la acción política en toda democracia que se precie. Aparcar los problemas de esta índole hace que las fisuras puedan acabar en fracturas de difícil o imposible arreglo, y en esto, los políticos de gobierno tienen la responsabilidad de tomar la iniciativa y ponerse manos a la obra.

DERIVA DEL CATALANISMO SOBERANISTA TRAS EL FRACASO ELECTORAL

Las elecciones autonómicas catalanas han supuesto un fracaso para las tesis soberanistas, pues juntando todos los votos de los partidos que las postulaban no llegan al 50% del voto, aunque rozan esta proporción en escaños atribuidos. Pero con esa exigua mayoría no se puede legal ni racionalmente acometer una deriva secesionista, ya que falta  auténtico apoyo popular.

Aún así, contar enteramente el voto de CIU como voto soberanista es una excesiva concesión a la intención de voto de la base electoral de esta coalición nacionalista, pues representa a la burguesía de derechas catalana, que en absoluto coincide con los planteamientos políticos de ERC –voto de izquierda republicana- que por la frivolidad de la Dirección de CIU ha cogido una fuerza considerable pero poco compatible para coaligarse mutuamente, por su gran distancia en los respectivos planteamientos políticos.

Consecuentemente se constata el fracaso de Artur Más, tanto en la convocatoria de elecciones anticipadas, como en su planteamiento independentista, que le ha hecho perder más de una decena de diputados, pese a ganar pírricamente unas elecciones con un planteamiento secesionista que se compadece mal con los exiguos resultados electorales del mismo.

Así las cosas, si hubiera “vergüenza política”, Más debería haber presentado la dimisión de forma inmediata al cómputo del escrutinio electoral, y haberse retirado de la vida política, pues no sólo se ha equivocado de par a par, sino que ha llevado a cabo una nefasta política gubernamental con graves recortes sociales en una situación de precolapso de su autonomía, a cuya ayuda ha tenido que acudir el Estado poniendo ingentes sumas de dinero para seguir con los dispendiosos gastos del gobierno de Mas, el mismo que con desleal desvergüenza planteó una infame campaña electoral sobre la mentira que “España les robaba la cartera a los catalanes”. ¡Tiene bemoles…!.

Aún así, Más sigue todavía intentando formar gobierno y seguir como si no hubiera pasado nada. Incluso con la oferta del voto de ERC –condicionado a la próxima celebración de un referéndum independentista- trata de formar un gobierno minoritario y débil que será incapaz de sacar a Cataluña de la crisis, por lo que de la mano de la izquierda independentista catalana volverá a las andadas secesionistas, mientras el Gobierno de España trata de minorar el problema ignorándolo públicamente e inyectándole dinero disimuladamente, en una timorata medida política de gobierno, que en breve le volverá a afrentar pese a los apoyos económicos.

De igual modo, otros partidos como el PSC ha bajado en representación fruto de su ambigüedad política, en tanto que Ciudadanos ha subido, el PP se ha mantenido –si bien en el concurso de mayor número de votantes, ha bajado levemente en el porcentaje de voto- lo que también revela que no se puede estar en “misa y en la procesión”, pues pese a criticar a CIU apoya su investidura, sus presupuestos, y saca algunos nombramientos en cargos institucionales como la Diputación de Barcelona, y otros.

Por tanto, quedaría como conclusión que fallido el primer intento, el nacionalismo secesionista pasa a reorganizarse para acometer un nuevo intento próximamente con el anunciado referéndum. Lo cual, lejos de solucionar el conflicto, lo aplaza con signos de enquistamiento, ante la flojera del Gobierno del Estado que mira para otro lado.