miércoles, 9 de septiembre de 2015

EN VÍSPERAS DE UNA “DIADA” ESPECIAL


            Iniciado septiembre, próximos al día 11 en que se celebra la “diada” (día de Cataluña, en el que los sentimientos catalanistas afloran en ese territorio), vuelven las expresiones de un sentimiento exacerbado de nacionalismo catalán, que cada vez se presenta con más beligerancia dialéctica frente al resto de España, y que empieza a tornar de lo cultural a lo político envuelto en “soberanismo separatista”.
            Pero en esta ocasión, se presenta una edición peculiarmente “soberanista” en el marco de un proceso electoral, que las fuerzas políticas secesionistas de Cataluña han planteado como “proceso plebiscitario” de lo que son unas meras elecciones al parlamento autónomo catalán, para deducir de dichos resultados la pretendida voluntad soberanista del pueblo catalán. Por eso, no es una “diada” al uso, sino una jornada de especial reivindicación nacionalista, que llega a confrontar a la sociedad catalana en dos bloques de sentimiento y opinión (secesionistas y constitucionalistas, los primeros en favor de la independencia de Cataluña como Estado al margen de España, y los otros posicionados como un territorio políticamente autónomo dentro de España). En resumidas cuentas, una sociedad dividida, que empieza a fracturarse, pues así de torpe se ha encaminado el proceso (desde Madrid y desde Cataluña) que lleva a la confrontación entre catalanes y entre españoles, volviendo a recaer en el viejo problema territorial de la invertebración española ante el ansia centrífuga de pequeñas elites en significados territorios, que siembran discordia, so pretexto de hechos diferenciales, para concretos intereses de tales elites.
            Siendo así, se constata uno de los clamorosos fracasos políticos de la democracia española (fruto del proceso político de la transición), al frustrarse la solución autonómica (generada en principio para satisfacer las ansias nacionalistas catalanas y vascas) que se asumió como fórmula de gobierno territorial para todo el Estado habiéndose evidenciado su fracaso con los grandes problemas que pretendió solucionar, así como con el resto de los territorios en que trajo graves problemas políticos y económicos de gobernabilidad que antes no se tenían.
            Además este germen independentista se ha ido alentando con el tiempo en el pleno proceso autonómico (generando desigualdades difícilmente compatibles con las ampulosas declaraciones constitucionales de igualdad de personas y territorios ante la ley), progresivamente crecida con las concesiones del Estado (activas, en unos casos, por intereses políticos; y pasivas, en otros para tratar de no ver el creciente problema).
            Incluso, a veces puede que la ingenuidad política de algunos de nuestros gobernantes haya contribuido a ello en la creencia que ciertas concesiones autonómicas (casi federales) vendría a satisfacer el ansia de poder territorial del soberanismo catalán, así como a su homólogo vasco, sin que lo hayan logrado, pues ya ni siquiera les vale la timorata propuesta socialista de un “federalismo asimétrico”, que en sí mismo supone tratamiento desigual (dado que la asimetría conlleva en su mismo concepto la desigualdad).
            Por el camino, mil y un desencuentro con multitud de temas (inmersión lingüística, financiación autonómica, cesiones de competencias estatales, etc.) utilizados  de forma desleal por el aparato propagandístico al servicio de los intereses políticos centrífugos para incrementar un victimismo desde el que mover al sentimiento reivindicativo frente al gobierno del Estado han ido labrando un profundo surco de discordia, ante el que el gobierno del Estado no ha estado atento para su contención y arreglo, evitando la previsible e indeseable confrontación que acabaría por deflagrar a ese “victimismo irredento” que echaría un complicado “pulso al Estado” de imprevisibles consecuencias.
            Así puede entenderse la forzada medida legislativa del gobierno del PP de dotar de ejecutividad a las decisiones del Tribunal Constitucional, sistemáticamente burlado a la hora de aplicar sus resoluciones, que lo hacen poco operante en orden al mantenimiento de la seguridad jurídica y de la legalidad constitucional. Si bien, no entendemos las tardías ambigüedades de otros actores políticos de responsabilidad, que lejos de apoyar la eficacia del “edificio constitucional” del Estado, postulan fórmulas equívocas o ya fracasadas de un “federalismo asimétrico”, que ha sido largamente superado por los acontecimientos (por lo que actualmente no convence ni a soberanistas catalanes ni a constitucionalistas), como tampoco son fáciles de entender ciertas declaraciones de líderes políticos que aspiran al gobierno del Estado, afirmando en Cataluña que se sienten “catalanistas” en lo que aparenta cierto filibusterismo político, para mejor ocasión.

            Va llegando la hora de la verdad en este conflicto, que no es otra que la de cumplimiento de la legalidad constitucional (sea de esta u otra Constitución, que es la que representa el “contrato de convivencia” entre españoles de todos los territorios del Estado; sea cualquier otra, que por los mecanismos de modificación constitucional se prevén en la carta magna), ante la que no cabrían atajos derivados del concreto cálculo político interesado, que podrían conllevar graves perjuicios al Estado y a todos los españoles. Por consiguiente, es hora de recordarles a quienes tienen responsabilidades políticas de Estado de su deber para con el mismo, en su defensa (como defensa de los intereses generales de todos los españoles), sin ambages, y empezar a mostrar a los líderes secesionistas los límites infranqueables, distinguiendo las meras opiniones políticas de las acciones que pudieran conllevar conductas contra el Estado, ante lo cual este se ha de defender con toda la legalidad vigente, ya que se ha fracasado con todos los intentos previos de concordia –que entrañaban la solución política-, y se ha consentido que el problema desbordara la filosofía y el interés de las elites secesionistas e inflamara al sentimiento de ciertos sectores sociales que se consideran “catalanistas”, hiperdimensionándolo peligrosamente.

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