viernes, 25 de septiembre de 2015

EL CONSTANTE PROBLEMA DE LA INVERTEBRACIÓN DE ESPAÑA


          El destino de España como Estado unido con un proyecto y una identidad común, tiene una larga historia que dio comienzo con los Reyes Católicos, que tuvo su máximo esplendor desde el reinado de estos hasta el de Felipe II, que fue una época de crecimiento por sucesivas incorporaciones de territorios coloniales, sin embargo, desde 1580 la historia de España es decadente y dispersiva como testimoniará Quevedo en sus famosos versos:

“Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes ya desmoronados 
de la carrera de la edad cansados 
por quien caduca ya su valentía
. (..)”

         Y como lo hará Ortega y Gasset en su “España Invertebrada” en la que describió el proceso histórico de España desde el último tercio del siglo XVI afirmando que el: “proceso de desintegración avanza en riguroso orden desde la periferia al centro, de forma que el desprendimiento de las últimas posesiones ultramarinas parece la señal para el comienzo de la dispersión intrapeninsular”, indicando que a partir del 1900 empieza a sentirse el rumor de los regionalismos, nacionalismos y separatismos…
            Ya entonces Ortega con magistral análisis sociopolítico de la situación territorial española señaló como causantes del fenómeno disgregador no sólo a los regionalismos, nacionalismos y separatismos, sino también a lo que denominó el “particularismo del poder central castellano” que con su suspicacia se vuelve angosto y no se ocupa de otras regiones, abandonándolas a sí mismas, sin enterarse de lo que pasa en ellas. Así nuestro autor señala al “particularismo” como mal dominante en nuestro país, del que dice que es la manifestación de la perversión más profunda del alma de nuestro pueblo (el odio a los mejores, que ha llevado a la carencia de minorías directoras y al imperio de las masas), raíz del desprestigio de la política.
            Así en la actual coyuntura política que vive España (no está de más recordar estos retazos de nuestra historia), con una convocatoria de elecciones autonómicas catalanas (cripto-referendum independentista), que en el colmo de su contradicción va a posibilitar una sutil interpretación del voto –según escaños- para conformar una mayoría autonómica constituyente hacia un Estado Catalán independiente, sin que para ello se llegue a lograr una mayoría cualificada de ciudadanos catalanes, amén de saltarse la vigente y burlada Constitución española de 1978, repitiendo los mismos errores políticos en los que cayó la II República que propició la declaración de independencia unilateral catalana.
            Todo ello, nos debería hacer reflexionar sobre la contumaz actitud de ambas partes (constitucionalistas españoles y separatistas catalanes), para reformular políticamente esta extraña e incómoda convivencia política, pues en lo ordinario la convivencia no es mala. Pero se hace necesario un nuevo pacto político que diseñe un modelo territorial español en que todos puedan sentirse a gusto, atendidas sus peculiaridades, sin que sus particularismos nos fracturen debilitando la convivencia unida y la propia entidad de Estado que nos da el peso político necesario y conveniente entre uno de los mayores Países de la UE, que beneficia tanto a catalanes como a cántabros, vascos, murcianos y andaluces. Pues fórmulas políticas las hay, y aún parece que algunos de los líderes de este catalanismo combativo hasta parecen estar dispuestos a abordarlas, pero desde el Estado habría que dar un paso más allá del cierre de filas jurídico, dado que venimos insistiendo en que no estamos puramente ante una cuestión jurídica sino política, histórica, cultural y de convivencia, a la que políticamente se debería de haber dado respuesta antes de llevar el conflicto al borde del mismo abismo.

            Ahora bien, cabría esperar sensatez y altura de miras por ambas partes, para que tras el “desahogo electoral” en el que se dicen muchas inconveniencias y alguna que otra barbaridad, conformado el nuevo parlamento catalán del signo mayoritario que sea, el nuevo ejecutivo autonómico se abra a la negociación con el gobierno del Estado y viceversa para acometer las reformas políticas que la convivencia demanda, en beneficio de todos, sin rupturas que sólo aportarían perjuicios a ambas partes. Ante lo que habrá que esperar que desde la misma Jefatura del Estado se modere y arbitre un proceso de re-vertebración territorial, con las consiguientes reformas constitucionales que resulten necesarias.

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