¿REALMENTE SOMOS IGUALES ANTE LA LEY?

       

           El artículo 14 de la Constitución española, de la que tanto han alardeado nuestros “hombres públicos” dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” Sin embargo, la realidad diaria es tozuda en contradecir tan solemne como justa afirmación constitucional, que  la deja en “papel mojado”.

                Y si no que le pregunten a algunos jueces o exjueces –por haber sido defenestrados- tras intentar hacer justicia con algunos de los “grandes de España” –dicho esto, no en términos estrictos, sino analógicos, y extensibles a la oligarquía política, financiera y aún aristocrática del país-. Así les fue a Gómez de Liaño, Garzón, y en la actualidad al juez Silva, amén de otros gestos no menos arteros, que han conllevado el apartamiento de otros jueces de causas e investigaciones significativas en las que se traslucían altos intereses políticos, o económicos.

                De donde se podría inferir que la normalidad democrática y judicial es para los ciudadanos normales, de ordinario, no siendo el caso de aquellos que tienen unas características extraordinarias de poder político o económico.

                Así hemos asistido al bochornoso espectáculo, durante años –y bajo un gobierno socialista, no especialmente cambiado por su relevo-,  de una economía especulativamente dislocada, entregada a la codicia del beneficio “caiga quien caiga”, de unas finanzas desbridadas, sin control de los órganos reguladores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores) ni del Gobierno, que ha conllevado la quiebra técnica de numerosas entidades de crédito (especialmente Cajas de Ahorros y pequeños bancos) parasitados hasta la extenuación por grupos de influencia que los interferían, o incluso se hicieron con su gestión, con un elevadísimo costo de rescate –que computa como deuda pública-, sin que hasta este momento apenas nadie se verifique como responsable de nada. ¡Ni siquiera en el terreno político…!. Por más bazofia que emerge a través de la prensa libre, que en cualquier país realmente democrático y de derecho, conllevaría el ostracismo político de un importante contingente de nuestra clase política dirigente, y el incuestionable encausamiento de los responsables directos (órganos gestores) e indirectos (órganos reguladores) hasta depurar las posibles responsabilidades legales que les pudiera conllevar.

                Sin embargo, la realidad nos muestra que políticamente no hay ninguna medida de inmediato efecto ejemplarizante, en este ámbito, y en el ámbito judicial apenas hay progresos (iniciando una maraña procesal interminable, para que todo se “evapore en la noche de los tiempos”), y en contradicción, al juez que dispuso la prisión provisional para uno de estos presuntos responsables – de forma acertada o desacertada, según interpretación jurídica- se encuentra sujeto a expediente disciplinario con elevadísima posibilidad de expulsión de la carrera judicial.

                En otro orden de cosas, que afectan al análisis de lo comentado, nos encontramos con el caso Noos, y la simple imputación de la Infanta Cristina por el juez Castro, ante lo que el Fiscal (ministerio público, cuya misión fundamental es la persecución del delito, ejercitando la acusación pública y la investigación) resulta que muestra una aparente actitud defensiva hacia la Infanta, que en algún momento llega a superar la de su propia defensa, y además superando a ésta llega a polemizar con el juez instructor de forma burda e inadecuada en pleno proceso. Y ello por el simple hecho de pedirle explicaciones a la Infanta sobre aparentes irregularidades del “negocio familiar” (pues tal aparenta) o de su esposo, en que ella apenas figuraría. Lo cual, además de generar una negra sombra de sospecha de interferencias en la acción de la justicia, ha llevado a hacer enrojecedoras piruetas procesales como la famosa “desimputación” antes de declarar, para volverla a imputar. ¡Y eso, que siempre se ha dicho que preguntar no ofende!. Además de las gratuitas críticas que le están cayendo al juez Castro por parte de sectores de prensa y políticos “cortesanos”, pese al extraordinario trabajo y explicación de más de doscientos folios del juez instructor.

                Y todo ello, so pretexto que la Infanta no entendía, no sabía, creía ciegamente a su esposo (a quien por cierto, de forma indirecta, dejan a “los pies de los caballos”). Pero al mismo tiempo, el discurso forense e incluso de cierta prensa, cambia radicalmente cuando se trata de valorar la actuación de entidades financieras en el caso de las “preferentes” a jubilados, ancianos, y personas indocumentadas y de escasa instrucción financiera y general, a las que atribuyen conocimiento pleno de lo que estaban contratando, pues sabían lo que hacían.

                Consecuentemente, tras estas sencillas reflexiones, comprendan que a uno le cueste creer verdaderamente en que la legalidad constitucional se verifique plenamente en nuestro país. ¿Quién cree que somos todos iguales ante la ley?. ¡Grave síntoma en una sociedad moderna que se considera democrática, libre y homologable internacionalmente!. Como también es preocupante para el mantenimiento de la legitimidad institucional.