Hay noticias, que no por ilógicas e inconsistentes dejan de responder a la realidad, y naturalmente despiertan un paradójico interés. Tal puede ser el caso, de la pretensión de ciertos sectores de la jurisdicción española de aplicarse el principio de extraterritorialidad, quitando la limitación del ámbito de actuación al territorio español, en una pretensión de arreglar la justicia del mundo mundial.
Ciertamente, no hemos de negar la noble intención de llevar la justicia a todos los rincones de la tierra, especialmente en aquellos lugares donde no se respetan los derechos humanos, pero tiene más de utopía que de realidad, además de poderse interpretar por otros Estados extranjeros como una injerencia en sus asuntos internos. Dando los consiguientes quebraderos de cabeza a la ya de por sí limitada diplomacia española. Recordemos las dificultades que se derivaron de la actuación de la Audiencia Nacional sobre Pinochet, con ocasión de su visita médica a Inglaterra. Precisamente uno de los países más poderosos y de mayor consolidación de las libertades públicas, que no le puso reparo alguno al exdictador chileno para recibirlo en su territorio, y viene la “España grande y libre” a intentar su procesamiento y extradición.
Pero además de los problemas diplomáticos que pueden acarrear esos arrebatos de reposición de la justicia en el orbe universal por parte de la magistratura española, pueden generar otros problemas no menos importantes, de crédito y autoridad moral de nuestra “justicia patria”, pues desde las objeciones de que sólo se pretende encausar a los dictadores de un signo político, obviando a los del otro signo, no menos irrespetuosos con los derechos humanos, hasta el costo que tales acciones conllevan, y que hemos de soportarlos los contribuyentes españoles, ya de por sí demasiado esquilmados, pues para no ser miembros natos del G 20, sin embargo somos unos de los máximos cotizantes al presupuesto de Naciones Unidas, donde por cierto no se nos reconoce un status especial –como a otros miembros preeminentes- aunque sólo sea por derecho de cotización.
Por otra parte, hay razones de eficacia y eficiencia de la Administración de Justicia española, ya que precisamente es una de los sectores de la Administración española más atrasados y colapsados, y de mayor conflictividad entre sus agentes, que pese a su aumento de órganos judiciales, y de reforma legislativa, aún no ha conseguido entrar en la modernidad del S.XXI, con sus clásicos procedimientos escritos, su falta de informatización eficaz, y su consiguiente descoordinación, que ha generado clamorosos errores últimamente. Y donde los asuntos pendientes, y los retrasos judiciales llegan a extremos de flagrante ineficacia, como servicio público.
Para colmo, la sectorización política del mundo de la judicatura, ha determinado que algún político aún en activo, proclamara en su día como un logro de su formación la “muerte de Montesquieu” – en cuanto a la pérdida de la separación de poderes en España-, lo que también hace que sea sólo un aparente poder del Estado, reuniéndose por sectores ideológicos, perdiendo la necesaria objetividad, como se ha podido apreciar en algunos enjuiciamientos con políticos implicados. Y con la reciente actuación de detención de los piratas somalíes, para acabar por ponerlos en libertad, sobre la base de ciertos escrúpulos normativos, de índole más formalista que material.
Todo lo cual, hace que la inicial pretensión de que la justicia española sea el “pepito grillo” internacional, no pase de ser una mala broma, que incida en el desprestigio de la acción exterior de España, por meternos donde no nos llaman, para arreglar la “casa ajena”, cuando tenemos en desorden la “casa propia”. Claro que eso en el país de D. Quijote sea demasiado pragmatismo. Aunque la necesidad impera, y mientras haya un solo juzgado colapsado en España, no creo que nuestros jueces deban de dedicar su tiempo a arreglar asuntos del extranjero, más allá de lo que marque sustancialmente el Derecho Internacional.
