EL CLAMOR DEL CAMPO ESPAÑOL

La situación que mantiene actualmente el agro hispano es sumamente grave por las difíciles circunstancias que padece desde hace años, con unos precios de venta que apenas superan a los de sus costes. Generándose la curiosa situación de que los márgenes comerciales de los productos agropecuarios en nuestro país han cogido unas dimjensiones exhorbitantes y por ello injustas. Algo que resulta poco menos que incomprensible al común de los ciudadanos, por cuanto los productos agrarios mantienen unos precios de venta al público varias veces superiores en cantidad a los precios de venta en origen, generando márgenes comerciales de un 300%, 500%, e incluso 1000%. Lo que a todas luces parece injusto para los productores y también para los consumidores.
El campo hispano ha tenido que ajustarse a los tiempos actuales, con las necesidades de mecanización y de control de calidad que demandaba la UE, que hace que los costos en origen aumenten, además del incremento ordinario de costes de productos como el gasoleo agrícola, las semillas, los pesticidas, el agua de riego, jornales, etc. En tanto que los precios de compra de los productos en lonja se han venido manteniendo por el control oligopólico de grandes superficies, que también tienen sus gastos de explotación, pero esto en nada justifica márgenes del 300 y del 500%, con el consiguiente efecto perverso de la subida de precios al consumo en la cesta de la compra, y de la progresiva asfixia económica del sector agrario, cuyos beneficios se han ido reduciendo a niveles que hacen poco aconsejable mantener la actividad.
Por otra parte, la UE con una política agraria común, que acoge gran parte de las competencias agrarias, dejando escaso margen de maniobra a los Estados nacionales, se mueven –como en todo colectivo político que depende del consenso de aunar mayorías- sobre lo que determinan las mayorías naturales de Francia, Alemania e incluso Inglaterra, lo que ha hecho que se nos hayan limitado cuotas productivas en diversas áreas como las lácteas, vinícolas y aceiteras; algo en lo que España tenía una considerable red productiva, que en los últimos años se ha ido mitigando, con las dádivas europeas, que en este caso fueron “pan para entonces y hambre para hoy”. Dando lugar a un progresivo desmantelamiento del importante sector agrario español, que hubiera merecido otra respuesta distinta a la dada por la Nación española. Pues el sector agrario resulta ser un sector clave, y por ello, estratégico de la economía española, si bien se encuentra en retroceso por una mala política de planificación y defensa, ante los intereses mayoritariamente contrarios de los grandes de la UE en materia agraria.
De tal manera, que la situación del campo ibérico es extrema en la actualidad, con una latente ruina económica de la mayoría de sus productores, que pueden llevar al cierre de muchas explotaciones agrarias, como se han venido dando en los últimos años. Siendo así, que un sector económico de importancia se va al traste, justo cuando otros sectores económicos están zozobrando en plena crisis económica (como la construcción, que se ha tomado como motor económico, la pesquería, y parte de la industria tradicional), lo que generará un agravamiento de la crisis económica, como no se intervenga decisivamente en defensa de este sector.
Sin embargo, luego habría de considerarse el tipo de políticas agrarias que pudieran rescatar al campo español de esta trágica situación, bien en forma de ayudas públicas, como se ha hecho con otros sectores productivos, bien en presionar a Bruselas para una política más justa, bien retomando las competencias cedidas a la UE en materia agraria –algo mucho más difícil-, bien promoviendo circuitos de comercialización alternativos a los de las grandes superficies, en forma de cooperativas agrarias no sólo de producción, sino de comercialización y venta, para hacer llegar al consumidor sus productos a precios más asequibles rompiendo desde el mercado el oligopolio de las grandes superficies –algo a lo que las asociaciones de consumidores españolas podrían prestar atención y ayuda, creando, incluso cooperativas de consumo-, y sobre todo generando una legislación más justa que impida estas diferencias enormes en los precios de venta al público.
Lo que desde luego, supone una urgente intervención de los actores públicos en liza (agricultores, ganaderos, comunidades autónomas, gobierno de la nación, asociaciones de consumidores, etc.) para proveer soluciones de emergencia ante una gravísima situación del sector que puede tener gran repercusión económica nacional. En vez de esperar a que Bruselas nos solucione el problema, que no lo hará dado el statu quo de intereses que se mantiene en el ámbito de la UE, donde España pesa relativamente poco.