Nuevamente el 6 de diciembre nos trae la fiesta de la Constitución que prestó un gran servicio a España, favoreciendo la transición política de la Dictadura de Franco a la Democracia con Monarquía Parlamentaria, pero que más de tres décadas después, a tenor de la velocidad de los acontecimientos sociales, ha quedado superada por una realidad, que en parte, es diferente a la de 1978.
Por consiguiente, en la medida en que el hecho social sea diferente habrá de ir tomando empeño en un ajuste del texto constitucional, de forma que regule aquellos nuevos aspectos suscitados –para favorecerlos o impedirlos, según los casos- troquelando así, las Instituciones Públicas a las nuevas necesidades y demandas sociales.
Entre las cuestiones que están requiriendo una revisión constitucional, actualmente con mayor urgencia que nunca, es el ajuste del Título VIII de la Carta Magna, que se redactó “ad experimentum”, con la intención de resolver los problemas nacionalistas catalán y vasco prioritariamente, y ha derivado en un Estado con 17 microestados que hacen la gobernabilidad y la Administración inconvenientemente heterogéneas, introduciendo asimetrías con sus desigualdades, profusión de estamentos político-administrativos territoriales, e incluso desbordamiento del propio marco constitucional –que habiendo evitado llegar al “Estado Federal”, por la vía de hecho lo ha alcanzado y aún superado, sin que se sepa dónde está el límite de este debordamiento de algunos nacionalismos periféricos-, y que en la práctica han generado un sistema político-administrativo costosísimo, ineficaz y escasamente cooperativo en la construcción del Estado español.
Otra importante cuestión que también requeriría revisión es la real división de poderes, y el sistema de “frenos y contrapesos” que fue sutilmente laminado en la práctica, pues aunque formalmente existe la división de poderes, en la realidad es evidente que todo el poder del Estado emerge de la composición de la mayoría absoluta que haya apoyado al ejecutivo de turno, de forma que el poder que emerja en la Cámara de Diputados será el que rija todos los poderes del Estado, tanto el Legislativo, como el Ejecutivo y el Judicial –por el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces-, y consecuentemente de todos los órganos superiores del Estado. Lo que supone que el poder político discurra libremente por sus fueros, sin un control eficaz de su acción. Salvo en las “Taifas Autonómicas”, en las que cada Virrey suele controlar la acción política, en consecuencia de gobierno es su correspondiente territorio autonómico.
De la mano de todo esto está también las injustas desigualdades introducidas por la Ley Electoral, tanto en su sistema como en la consideración de los distritos electorales, que conllevan que el valor de cada voto no compute siempre igual. ¡Grave injusticia…!.
Además de incoherencias que se mantienen entre los principios de igualdad entre todos los españoles –declarada en la Constitución- y la realidad que no se ajusta a tan grandiosa declaración, donde ni siquiera el Título referido a la Corona es coherente con esa declaración de igualdad, pues empieza por discriminar el llamamiento al trono por razón de sexo.
Y en los actuales tiempos de crisis económica grave, en que Sarkozy postula la refundación de la UE, con esa especie de protectorado franco-alemán que pretenden implantar por razones mercantiles, habría que revisar también la definición del Estado como “social”, pues tampoco responderá a la realidad de ese proyecto europeo “pangermánico” al que ya se denomina “Merkozy”, fruto de la insolidaridad, de la codicia y del neocolonialismo franco-alemán sobre Europa.
Así, que siguiendo la idea de Sarkozy sobre Europa, quizá tendríamos que plantearnos hacer una nueva Constitución, “refundando España”, en unos nuevos esquemas político-administrativos más sencillos -que nos libere de la “trampa autonómica”-menos caros, más eficaces, y desde luego más controlables, por los ciudadanos, con una auténtica división de poderes. En que España sea auténticamente un Estado soberano, sin cesiones de soberanía a la UE ni a ninguna otra instancia, en un Estado en que todos seamos ciudadanos iguales ante la ley, con los mismos derechos, y con unas mismas señas de identidad. Hasta tanto no tengamos esos ajustes, quizá poco tengamos que celebrar. “El traje se nos ha quedado viejo y desfasado”.
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