LOS DESAHUCIOS DE LOS BANCOS ESTÁN HACIENDO ESTRAGOS EN LAS FAMILIAS

Los desahucios bancarios por impago de hipotecas están creando un importante desasosiego social, en la conciencia común –de quienes conservan este ámbito de humanidad-, pues además del grave impacto social de los más de trescientos mil ya realizados con sus naturales consecuencias de desamparo social, se está dando un infausto resultado de incremento de suicidios.

Tal hecho en sí mismo considerado es revelador de una enfermedad social de nuestro país, o quizá de nuestro sistema económico y social. Pues justo cuando más falta hace el apoyo social, resulta que es cuando menos se presta por puras razones de crisis económica y falta de dinero. Luego, el sistema de bienestar social falla justo cuando más falta hace; pues son las familias –que aún pueden- las que tejen la red natural de apoyo familiar, que cae sobre rentas modestas, a veces de los abuelos jubilados, que salen en ayuda de sus hijos y nietos.

Pero al propio tiempo, hemos de considerar que el problema actual del impago de hipotecas no es una cuestión meramente civil o mercantil, como consecuencia de un crédito privado fallido por impago del deudor, y circunscrito a ese ámbito privado. De donde se sigue la natural consecuencia legal del desahucio.

En absoluto, pues además de considerar por vez primera y de forma rotunda la injusticia real de la ley hipotecaria española –que favorece al acreedor hipotecario, o sea básicamente a la banca-, por cuanto no se satisface la deuda con la “dación en pago” –de un inmueble que se tomó como garantía del préstamo, valorado por tasación encargada por el propio banco-, sino que aún se mantiene viva una deuda de la que ha de seguir respondiendo el deudor con sus bienes presentes y futuros; además, resulta que en la actual situación hay una recesión económica, con una masiva destrucción de empleo, de forma que el deudor que no paga suele ser porque no puede, porque ha perdido su empleo y por ello su sustento. ¿A estos ciudadanos además hay que someterlos a un desahucio y lanzamiento de la vivienda familiar con sus hijos, sus pocos enseres, empleando incluso fuerza policial?. ¡Qué forma más inhumana y despreciable tiene nuestra sociedad de tratar a sus “caídos sociales”!. ¡Qué tipo de sociedad hemos construido!.

Se dirá –desde la lógica del formalismo legal más impúdico- que la ley es la ley, y el que tiene deudas ha de pagarlas o atenerse a sus consecuencias, pues si no pierde la banca. Pero en esta situación de crisis generalizada, ¿le sirve de algo a la banca acumular viviendas por doquier sin apenas venta?. Además, ¿no se trata de la misma banca que pidió ayuda al Estado para que se le apoyara con dinero público ante su mala gestión y probabilidad de quiebra?. ¿Por qué tenía el contribuyente –también los desahuciados- que ayudar a este negocio privado de forma tan generosa y eficaz, cuando al tiempo se recortan servicios públicos?.

De hecho algunas entidades bancarias, a la vista de la repulsa social que están generando este tipo de acciones, han suspendido la ejecución de los que tenían pendientes.

Entre tanto, esperamos atentos el resultado de ese anunciado acuerdo PP-PSOE para la reforma de la Ley Hipotecaria evitando que se llegue a este tipo de sucesos. Algo que por lo que se ha filtrado haría referencia a suspensión o periodos de cadencia en los plazos de los préstamos en caso de pérdida del empleo. Aunque si sólo se quedara en ese tipo de medida, sería un lamentable parche, y una ocasión desaprovechada para hacer auténtica justicia de una ley injusta –que favorece a la banca-, al deberse de incorporar la “dación en pago” para saldar este tipo de deudas, que resulta un clamor en nuestra castigada sociedad, y que los políticos –comprometidos, a otros niveles con la banca- no han querido ni saber. Pero, además de ser más justo y corregir una ley inclinada hacia la banca,  acercaría nuestra legislación al ámbito internacional más próximo política y económicamente hablando.