sábado, 26 de mayo de 2012

¿POR QUÉ NO PUEDE QUEBRAR UN BANCO?



De nuevo el indisimulable problema bancario español viene a recrudecer la crisis del país, una crisis que en gran parte tiene su origen en el estado de nuestro sector financiero, que por lo que estamos viendo, no ha dicho la verdad ni por equivocación, pues el agujero de nuestra banca se ha mantenido disimuladamente oculto, y sólo cuando alguna entidad se ha desmoronado, como ahora el caso de Bankia, nos enteramos –por entregas- de las ingentes cantidades de dinero que necesita para ser reflotada, que en su caso ya va por más de 23.000 millones de euros.
Tal cantidad que, según parece está dispuesto a poner el Estado, neutraliza el ahorro que pudiera conseguirse de los recortes en sanidad y educación, según los mejores cálculos, pues lo duplica con creces. Y hace que la ciudadanía, a la que se le ha estado pidiendo comprensión y duros esfuerzos económicos, se pregunte no sólo sobre la racionalidad y coherencia de tal discurso cicatero con los servicios públicos –servicios de todos-, ante el espontáneo y generoso gesto con la banca –que son negocios privados, de unos pocos-; pues aparenta hacer ineficaz la labor de ahorro y su consiguiente sacrificio social; pero sobre todo, pone de manifiesto un dilema ético, no resuelto que le resta legitimidad a la actual acción de gobierno, por lo inmoral e injusto que supone exigir sacrificios a la población –a la que se le recortan servicios públicos de primera necesidad-, entre tanto para la banca nunca falta la disposición de inyectar cantidades astronómicas de dinero público, sin que tales medidas pasen tampoco por el tamiz democrático de su decisión en las Cámaras Legislativas –sede de la soberanía popular-, a través de un debate razonado y sereno sobre la auténtica necesidad pública de acometer unas obligaciones inicialmente privadas asumidas por una entidad privada.
Pues no se entiende bien, que el Gobierno esté con un discurso casi apocalíptico de sustanciales recortes, so pretexto de la falta de dinero para la atención sanitaria de las personas en España (nacionales o inmigrantes), se hayan subido las tasas universitarias, reducido el potencial de becas, ajustado los presupuestos para investigación, y lo que es peor, reduciendo el sector público con despidos de empleados públicos, manteniendo asfixiadas financieramente a las Instituciones Públicas, muchas de las cuales no pueden hacer frente a sus propios pagos, y a renglón seguido se esté dispuesto a apuntalar una entidad bancaria privada inyectándole ingentes cantidades de dinero público para que no quiebre. ¿De dónde sale ese dinero?, ¿qué costo real va a tener sobre el sector público español, y sobre la ciudadanía?, ¿qué proyectos públicos se habrán de abandonar o postergar por esta imprevisión?. Y sobre todo, ¿alguien entiende esto?.
Aparte que va a llegar un momento en que, ni siquiera el Estado pueda hacerse cargo de la solvencia de entidades bancarias insolventes, ante el cúmulo de entidades que se vienen demostrando en graves dificultades (Caja Castilla la Mancha, CAM, Cajasur, Caixa Tarrasa, Caixa Sabadell, Caixa Cataluña, y ahora Bankia –que como se sabe es el resultante de otra serie de Cajas, algunas de las cuales estaban en dificultades, que no han sido capaces de remontarlas por sí solas-).
Por ello, habría que empezar a considerar la posibilidad de que los bancos quiebren, como cualquier otra empresa. ¿Quién ha erigido esa mentira de que los bancos no pueden quebrar?. ¿Acaso por las consecuencias dañinas para la economía?. Si el daño ya está hecho, cuando una entidad financiera no es económicamente sostenible. Lo que se trataría es de controlar el alcance de dicho daño sobre la economía general del país, que no sería igual si estuviéramos en un estado de bonanza económico y esa quiebra fuera un hecho aislado. Pero en el estado actual de crisis, con un frente bancario en crisis abierta, no parece ni razonable, ni prudente que el Estado salga a responder por todo ello, a modo de avalista solidario, y mucho menos como empresario. Algo que tanto se denosta desde las tesis liberales –que se esgrimen sólo cuando interesa, y ante quien conviene-; ejemplo de palpable incoherencia ideológica y práctica.
Además, la ciudadanía tiene derecho a preguntar, y tiene derecho a una razonada y razonable respuesta del gobierno y de la clase política, ¿por qué puede acabarse con el “Estado del Bienestar” y no se puede cerrar un banco económicamente inviable?, ¿por qué tenemos que asumir una pérdida de renta, en algunos casos de empleo, una reducción en la prestación de servicios públicos, incluso de las pensiones –fruto de los recortes-; y sin embargo hemos de acometer un rescate bancario con dinero público, que actualmente escasea?.
El que tenga la respuesta ya la debería de estar dando y sometiendo a la voluntad popular, antes de proceder precipitadamente a una acción potencialmente injusta y perjudicial para el interés público.
Y por último, ¿hay algún responsable de todo este desbarajuste?, ¿se le va a exigir responsabilidad?, o la corresponsabilidad de “consejeros políticos” va a servir de “indulto tácito” y opacidad para la depuración de responsabilidades. Si así fuera, no sería ni justo, ni ejemplarizante, y transmitiría un “insidioso tufillo” de impunidad de los poderosos, que repercutiría negativamente en la credibilidad y legitimidad de nuestro actual sistema político, lo cual elevaría exponencialmente los riesgos de la actual crisis. 

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