viernes, 25 de marzo de 2016

UN GOBIERNO EN FUNCIONES, O LA FUNCIONALIDAD DE UN GOBIERNO SIN CONTROL


                La reciente polémica política en España, que aparenta acabar en el Tribunal Constitucional, viene servida por la interpretación restrictiva que hace el Gobierno en funciones respecto del control político que compete ejercer de ordinario al Parlamento, que no le reconocen en la actual situación extraordinaria de “funciones”.
                Algo que ha llevado al inusitado hecho que un ministro en funciones (o más bien “bajo de funciones”) haya dado plantón al Parlamento al no comparecer por considerar que no tenía tal obligación de dar cuentas a los representantes de la soberanía nacional, dada su eventual situación de “en funciones”, que más allá de la interpretación jurídica que pueda tener tal circunstancia, se nos antoja que políticamente es impresentable, dado que el sentido común –además del sentido del léxico de “funciones”: que se refiere a algo que está funcionando- parece que apuntaría a que en la medida en que desempeñe la función de gobierno propia del poder ejecutivo del Estado, dicha función se ha de someter al control del poder legislativo (que es el que representa al pueblo soberano) para dar cuenta de su gestión.
                Refugiarse en una interpretación jurídica restrictiva, más allá de que pudiera ser compartida por el Tribunal Constitucional, y por consiguiente, que pudiera tener fundamento jurídico, se nos antoja como mínimo políticamente infumable, propio de un talante despótico de entender y ejercer la política, impropio de cualquier demócrata que se precie.
                De nuevo, parece que el electoralismo del que el PP atribuye con amplia generosidad a otros, lo utiliza cuando le conviene para rehuir un incómodo control del Congreso en una Cámara en la que no tiene mayoría, precisamente cuando ha aplicado una “mayoría de rodillo” durante años, y que dadas las actuales circunstancias, pensando en una hipotética y probable cita electoral quiere evitar el desgaste de gobierno que le pudiera reportar la crítica parlamentaria.
                Esta situación es inaudita en la España democrática restaurada por la Transición, como también lo ha sido la renuncia del candidato popular a someterse a debate de investidura, so pretexto de no alcanzar mayoría suficiente, las ruedas de prensa a través de la Tv de plasma, y el estado de corrupción política que está anegando el ágora pública en nuestro país, lo que unido al actual “atranque” en la formación de gobierno y la fragmentación política del electorado, nos lleva a atisbar un probable colapso político, que haga necesario una seria reforma constitucional más acorde con los tiempos y las necesidades del país (dado que el actual sistema se conformó para propiciar la transición política, cuya etapa concluyó), pero al propio tiempo, también parece que estamos ante un nuevo escenario político (con nuevos actores, nuevas demandas que conforman una nueva agenda y nuevas exigencias públicas de mayor participación y transparencia política), que requiere otro modo de hacer política, para lo cual urge el relevo de significativos personajes públicos por otros que entiendan mejor las nuevas dinámicas democráticas que exige la nueva política que demanda una ciudadanía más madura y experimentada políticamente, que ha tenido que aprender sufriendo una dura crisis que la política o la hace el pueblo (implicándose con mayor determinación) o se la hacen las élites socio-económicas y grupos de presión.

                Tal parece que sea así el progresivo clamor de hartazgo con la cleptocracia política, el nepotismo, la estabulación de masa electoral, la ineficacia y la zafiedad política de una gestión pública manifiestamente mejorable, a fuer de ser desparasitada de intereses mezquinos de unos pocos que están invalidados en sí mismos, para acometer las drásticas reformas económicas, sociales y políticas que el país demanda y la decencia política requiere.

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