sábado, 2 de abril de 2011

EL SERVICIO SANITARIO PÚBLICO: UN DEBATE PENDIENTE


              
               En España gozamos de un Sistema Sanitario Público extraordinario en su contexto internacional, tanto por sus prestaciones como por su universalidad, fruto del desarrollo del art. 43 de la vigente Constitución, que evolucionó un sistema público sanitario de Seguridad Social, según las previsiones de la Ley General de la Seguridad Social a un Sistema Sanitario Público, erigido con el desarrollo legislativo ulterior de la Ley General de Sanidad (ley 14/1986) y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario (ley 16/2003), y con la legislación autonómica correspondiente, al ser una competencia estatal transferida a las Autonomías.
                Ello no obstante, pese a la inicial intención de mantener un sistema cohesionado e igualitario en todo el territorio nacional, con las transferencias autonómicas de la sanidad pública, y la generación de los Servicios Autonómicos de Salud, nos encontramos ante 17 microsistemas sanitarios públicos en el territorio español, que tienen diferente tipo de organización, diferente modelos de gestión, e incluso diferente cartera de servicios al ciudadano. Todo lo cual, no sólo contribuye a desigualdades en ámbitos territoriales distintos, sino que también genera un caos organizativo y financiero considerable.
                Hasta tal punto, esto es así, que incluso algún partido político ya postula la devolución de las competencias de sanidad al ámbito estatal para garantizar la igualdad de trato, mejor coordinación y aprovechamiento de los recursos sanitarios públicos de todo el territorio español en beneficio de la ciudadanía del Estado que es a la que realmente sirve.
                De tal forma, que incluso este ámbito científico de comunicación y alcance universal, como es el sanitario, se ha visto condicionado por el “aldeanismo” de cierta mentalidad política chauvinista. Si bien, al propio tiempo, se padece el “turismo sanitario” de personas de otros países del entorno UE –e incluso más allá- que aprovechan la universalidad y gratuidad del sistema para someterse a complicadas y costosas intervenciones en nuestro país. Por lo que el sistema actualmente, padece ambos fenómenos.
                Pero sobre todo, lo que está condicionando su viabilidad es el aspecto de financiación económica, por razón del mayor número de prestaciones, del mayor número de población (e incluso del mayor envejecimiento de la misma), que hace que con las actuales dotaciones presupuestarias, la sanidad pública esté en la mayoría de los lugares en una extrema dificultad de viabilidad.
                Se han venido ensayando diverso tipo de técnicas de gestión y organización de los centros sanitarios públicos, pero tal medida –con ser idónea- no es todo lo eficaz que requiere la situación. De hecho los hospitales son de ese tipo de empresas muy complicadas de regir, al punto que alguien dijo que era una de las tres empresas ingobernables (junto con las Universidades y con las Orquestas Sinfónicas), en base a que ambas están formadas por profesores con alto grado de independencia de criterio. Pero aún así, el sentido común y la aritmética contable es la que finalmente se impone.
                Por consiguiente, dada la actual configuración del Sistema Nacional de Salud en cuanto a su universalidad y a la gratuidad, con la limitación de los recursos económicos de toda sociedad, parece necesario hacer una reflexión pública sobre el alcance del sistema, sus limitaciones y su viabilidad. De manera que, para solventar algunas de las diferencias injustificables, producto de la atomización autonómica, el primer paso sería la consideración de que el Estado retomara las competencias en la gestión del Sistema Sanitario Público, y junto con ello, plantearse los límites de la cobertura del sistema (con el correspondiente análisis ético, sobre la pertinencia de una solidaridad general ante el enfermo e indefenso, más allá de las perspectivas éticas individualistas y utilitaristas), y en su caso, determinada la misma, hacer la oportuna previsión económica que saque de la infrafinanciación actual a la sanidad pública, para lo cual, habrá que hacer otro debate público que reordene las prioridades de gasto público de nuestra sociedad, ante la finitud de los recursos públicos, y nos pronunciemos como colectivo, ¿dónde recortamos el gasto público, para incrementarlo en las prestaciones sanitarias?. O si por el contrario, deberíamos de imponer tasas públicas por la frecuentación del servicio sanitario (a modo del controvertido sistema del copago), y fórmulas análogas de incremento de ingresos que complementen los propios del sistema.
                Naturalmente todo esto, habrá que decirlo a la ciudadanía, generar las consiguientes corrientes de opinión de expertos, y finalmente la decisión consensuada con la ciudadanía.
                Todo antes que mantener el actual estado de crisis financiera y deuda crónica de nuestros 17 microsistemas sanitarios públicos, y sobre todo antes, que la fácil solución política de la utilización de fórmulas de gestión privatizadoras, por lo que supone de entregar un servicio público esencial a la iniciativa privada –con su legítimo ánimo de lucro- que necesariamente va en detrimento de la calidad de la prestación del servicio, y que se ha mostrado una solución infeliz en algunas autonomías donde se ha puesto en marcha; al tiempo que supone una tácita renuncia a gestionar un ámbito esencial de lo público.
                Por todo ello, creemos que en el momento actual de crisis económica profunda que estamos viviendo, que está cuestionando nuestro modo de vida y de organización, es el momento de replantearse el modelo de asistencia sanitaria pública universal y gratuito, que en mi opinión, nuestra sociedad, no debería permitir que se perdiera o deteriorara hasta avanzar a un modelo de mera beneficencia; para lo cual, habrá que defender decididamente el actual modelo público con una necesaria reorganización y un redimensionamiento financiero que lo haga viable.

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